A pesar de que la Ley Austeridad prohibió el uso de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado para el transporte de funcionarios, el gobernador y sus acompañantes continuaron usando el avión Jet DASSAULT A.M. FALCON para trasladarse a sus compromisos, cuando el marco legal señaló que debiese usarse solo en vuelos comerciales.

La bitácora de vuelos de la Secretaría de Seguridad Pública, obtenidas mediante INFOMEX, registró en 2019 un total de 123 viajes por asuntos de “agenda de trabajo del Gobierno”, del gobernador a Toluca, Los Mochis, Mazatlán, Culiacán y Zacatecas, acompañado de entre dos y siete pasajeros más. Solo dos estuvieron vinculados con apoyos al IMSS.

Para el 2020, el número de vuelos descendió a un total de 38 viajes del gobernador con dos a ocho pasajeros más, y un registro de un vuelo redondo para trasladar al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, de Culiacán a Mazatlán.

Las bitácoras no precisan los nombres de los acompañantes, pero el Pleno del pasado 24 de mayo, de la Comisión de Acceso a la Información Pública, resolvió a favor de que se haga pública la información sobre los nombres de los pasajeros de los vuelos en las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado.

No se puede disponer de aeronaves oficiales o mediante alquiler para el traslado de los funcionarios, quienes en todo caso deben utilizar aeronaves comerciales, se indica en la Ley de Austeridad del Estado que entró en vigor el día 7 de febrero de 2019.

La disposición de la referida ley contrasta con las especificaciones de la póliza No. ASA028850100 de la asegura AXA, que precisa que el avión jet Falcon 20 serie 0471, el avión Gulfstream Commander 690-B serie 11450 matrícula XC-HHC y el helicóptero Agusta A109E serie 11104, se utiliza exclusivamente para el transporte de funcionarios.

La misma póliza, que cubre siniestros del 31 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021, precisa que los helicópteros Bell 206-B series 4640 y 4623, son empleados para vuelos de apoyo a Protección Civil, Seguridad Pública, sobrevuelos de reconocimiento carretero y vuelos de persecución solo monitoreo y apoyo (10 por ciento) y transporte de funcionarios (90 por ciento).

El documento, obtenido en las solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, hace además la acotación de que las aeronaves no se usan para la persecución de delincuentes, narcotráfico ni se transporta personal armado.

El tema del uso de las aeronaves oficiales del gobierno estatal deberá aclararse en una comparecencia del tesorero estatal, y la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, ya que el Ejecutivo Estatal omitió entregar al Congreso del Estado un Plan de Desincorporación de Aeronaves, dos meses después de la entrada en vigor la Ley de Austeridad.

El referido documento debió haberse entregado en abril de 2019, pero nunca llegó al Congreso del Estado.

La ley señala que el Ejecutivo Estatal dispondría de un inventario básico de aeronaves oficiales para operación en asuntos esenciales, y se conservarían las vinculadas a tareas de seguridad pública, atención de desastres naturales y de asistencia social, o de atención a la ciudadanía por parte del gobernador.

Para acatar en la Ley de Austeridad en el caso del uso de aeronaves, se presupone que el Ejecutivo Estatal contaría con un inventario de naves que ya no se utilizarían, por lo que procederían al plan de desincorporación, y con ello prohibir absolutamente la utilización para otros fines.

La diputada del PRI, Margarita Inzunza Valenzuela, argumentó que si el gobernador no presentó el plan de desincorporaciones de las aeronaves, obedece a que ninguno está en ese proceso, ya que se utilizan para tareas esenciales como tareas de seguridad y traslados médicos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Graciela Domínguez Nava, aseguró que cualquiera que sea la situación, el gobernador Quirino Ordaz Coppel está obligado a presentar un informe sobre el uso de las aeronaves.

En pólizas de seguros de las aeronaves del gobierno estatal expedido por la empresa MAPFRE, No. 3601600000156, con vigencia del 31 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2017, se especificó entre los usos, el placer, los negocios y la ayuda industrial, además de las persecuciones y lucha contra el narcotráfico.

En la póliza se incluía además a una aeronave BELL UH-205A, serie de 1965 con matrícula XC JDF para 11 pasajeros, con un valor de 600 mil dólares, pero que no hacía vuelos desde octubre de 2012, por lo que no cubría riesgo de vuelo por esa aeronave.

En la póliza 36011700000228, adquirió el gobierno estatal a la asegurado MAPFRE con cobertura del 31 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2018; también se incluyó el uso de negocios, oficial y el placer, de las aeronaves.