Samuel García, virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, enfrenta señalamientos reiterados sobre diversos delitos de orden fiscal.
Aunque el abanderado de Movimiento Ciudadano ha dicho de manera reiterada que no ha sido requerido por ninguna autoridad, el portal noticioso Animal Político destacó que a lo largo de la presente campaña se integraron expedientes contra García que incluso fueron turnados al Instituto Nacional Electoral (INE), sobre el manejo de las finanzas.
Al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) se le investiga por depósitos de hasta 26 millones de pesos a una empresa inexistente, como lo confirmó el Servicio de Administración Tributada (SAT), citó Proceso.
Además, hay otra indagatoria por hasta 170 millones de pesos triangulados entre firmas, lo que representaría lavado de dinero, así como consumos por más de 18 millones de pesos en tarjetas de crédito y otros tantos millones retirados en efectivo.
Animal Político, que tuvo acceso a la indagatoria, detalló que se investigan dos transferencias bancarias por 26 millones de pesos que Samuel García recibió entre julio y agosto de 2012, de una empresa denominada Grupo Renok SA de CV, que sería inexistente. En 2015 el SAT la consideró empresa fachada.
El candidato ganador en Nuevo León también es investigado por su relación con la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la que posee 35 por ciento, según la indagatoria, misma que señala que los otros socios son el despacho del padre de Samuel García, García Mascorro Abogados Firma Jurídica y Fiscal SC, además de Firma Contable y Fiscal Contadores Financieros SC, y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.
Desde estas firmas fueron enviados a SAGA 171 millones 650 mil pesos en 56 operaciones bancarias, entre 2016 y 2019, según Animal Político. Esa firma, constituida con un capital superior a los 106 millones de pesos, es investigada para determinar si es únicamente concentradora de recursos, para dispersarlos, dado que no reporta actividades comerciales que justifiquen los pagos recibidos.
Firma Jurídica y Fiscal Abogados, de la que es socio Samuel García Mascorro, padre del ganador en la contienda por la gubernatura, ha transferido 80 millones de pesos a SAGA, y es señalada por presuntas operaciones inusuales.
En la nota publicada también se hace referencia a la esposa del ahora gobernador electo, Mariana Rodríguez Cantú, a quien se señala por haber recibido –entre noviembre de 2018 y febrero de 2019– 60 transferencias bancarias vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por un millón 371 mil pesos, desde una cuenta con alertas por operaciones irregulares.
También es investigado el padre de Mariana, Jorge Rodríguez, quien entre 2016 y 2019 recibió 6 millones 201 mil pesos de las empresas XCW Logistics SA de CV y Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV, reportadas con operaciones inusuales.
El 10 de mayo, a mediados de la campaña electoral, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un boletín en el que señaló que investigaba a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Samuel García, de MC.
Al referirse al abanderado emecista, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigaba a García y a su esposa, así como al padre de ésta, por presuntos delitos electorales relacionados con manejo de recursos de origen ilícito.
En respuesta, García Sepúlveda respondió que uno de sus abogados acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, donde le informaron que las carpetas referidas por la FGR eran inexistentes.
Luego de los señalamientos y hasta el cierre de su campaña, el emecista afirmó que no buscaría la protección de un amparo federal, porque no quería enviar una señal equivocada, pues –sostuvo– es ajeno a los señalamientos que se le han hecho.