La recuperación del sistema lagunar de Topolobampo está en riesgo, por la incertidumbre legal en los juicios de amparo que mantiene detenida la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, reconoció, Juan José Sánchez Reséndiz, presidente del Comité de Vigilancia del Sistema Lagunar de Topolobampo y asesor de cooperativas pesqueras de bahías.

Si Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no lleva a cabo el programa de remediación y descontaminación de la bahía, “no vemos que el gobierno vaya a emprender un trabajo de tal magnitud, por los grandes montos de inversión que se requieren y porque nunca ha habido interés en el rescate de la zona”, secundó.
Pidió a las autoridades judiciales que destraben la situación legal a GPO para que inicie la construcción de la planta de fertilizantes. “Porque es la única forma que garantizará la inversión de 200 millones de pesos para descontaminar la bahía y, por tanto, el rescate de la zona pesquera en el puerto.
“Son 200 millones de pesos para descontaminar la bahía, recursos que el gobierno jamás invertirá por lo que es necesario que ¬nos apoyemos en esta empresa para lograr descontaminar la zona de pesca”, señala un comunicado de la empresa.
Se dolió de que el retraso en la construcción ha detenido a su vez los programas de apoyo que ha comprometido la empresa para el rescate de la actividad pesquera.
Consideró que podrían pasar décadas para que una entidad de gobierno o bien cualquier otra empresa de la iniciativa privada invierta en descontaminación de la bahía.
Advirtió que, de no hacerlo ahora, difícilmente habrá otra oportunidad para impulsar programas de remediación, la instalación de un laboratorio para la producción de larva para repoblamiento pesquero, la instalación de trampas artificiales en los drenes agrícola, para evitar se sigan contaminando los cuerpos de agua y, por tanto, de rescate a la actividad pesquera.
Sánchez Reséndiz advirtió que grupos contrarios a la instalación de la planta de fertilizantes han lanzado comunicados con información falsa, tratando de asustar a la población para que rechace el proyecto.
Denunció que los detractores obedecen a intereses muy particulares porque no quieren competencia en la comercialización de amoniaco, y porque además quieren seguir manteniendo el control del mercado, aunque con ello afecten a los productores agrícolas y a otros sectores productivos.