julio 26, 2021 2:10 PM

Gobierno de Malova y Quirino compraron directamente insumos y servicios de Salud que debieron ser licitados

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Los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel han priorizado la comprar de insumos médicos mediante adjudicación directa, cuando debieron ser mediante licitación, concluyó un estudio realizado por Iniciativa Sinaloa, organización civil que advirtió presentará denuncias formales.
La investigación contempló el análisis de todos los contratos de compra y adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos de 2011 a 2017 de los Servicios de Salud de Sinaloa.
En conferencia de prensa remota, la investigadora de Iniciativa Sinaloa, Marlen León Fontes, acompañada del presidente la asociación civil, Silber Meza, señaló que encontraron que 60 contratos se otorgaron de manera directa, cuando debieron ser licitados, por un monto total de 955 millones 993 mil pesos.
Precisó que de esos contratos citados, 45 fueron operados durante el gobierno de Mario López Valdez y 15 con el actual gobernador Quirino Ordaz Coppel.
La investigación que incluyó la obtención de documentos vía solicitudes de acceso a la información detectó que de 2011 a 2016, con el gobierno de Malova adjudicaron contratos de manera directa, cuando debiesen ser licitados y no incluyeron justificación por escrito del procedimiento.
Indicaron que los contratos otorgaron con Malova en Salud, el 91 por ciento se entregaron de manera irregular al no presentar la justificación de la adjudicación directa y no adjuntar investigación de mercado.
En el caso del gobierno de Ordaz Coppel, los 15 contratos de adjudicación directa que debieron ser licitaciones, representaron un gasto de 283 millones 60 mil pesos. En el 13 por ciento debido a ser procesos desiertos, y el 87 por ciento fueron justificados de forma deficiente por escrito y se les incluyó el estudio de mercado.
Silber Meza advirtió que se presentarán las denuncias ante la Vicefiscalía Anticorrupción y ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que se proceda a la investigación tanto en la vía penal como administrativa.

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