El gobierno federal pretende retirar de sitios públicos el nombre de los perpetradores de la represión en el periodo 1960-1980 y revisará ocho mil cajas con expedientes integrados por la extinta policía política.
“No puede ser que tengamos en Puerto Vallarta un aeropuerto (con el nombre de) Gustavo Díaz Ordaz, o el de otras personas que cometieron actos criminales contra mexicanos”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la presentación del plan Verdad y memoria histórica del pasado reciente.
Desde el Archivo General de la Nación, Encinas manifestó que hoy se da el primer paso para esclarecer los hechos de periodos oscuros del país. “Hay que insistir en que el 2 de octubre no se olvida y que esta fecha no es de nostalgia ni de amargura, sino de reivindicación de ideales”.
En presencia de funcionarios federales y de la Ciudad de México, encabezados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal Ernestina Godoy, se realizó la entrega de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad a las propias víctimas de persecución del Estado de esa época, a sus familiares o a allegados. (La Jornada)
