A casi dos años de que el Gobierno del Estado entregó colchones podridos a los damnificados por la depresión tropical 19-E, no se ha hecho justicia.
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El juicio oral contra el acusado de comprar los colchones, Carlos Castro Olivas, ex coordinador administrativo de la Sedesol estatal, no se ha podido llevar a cabo.
Los colchones fueron entregados en septiembre de 2018 y el proceso penal inició el 23 de octubre del mismo año con el auto de vinculación a proceso del imputado.
En tres ocasiones el juicio se ha programado y se canceló, la primera vez porque testigos originarios de Guadalajara dijeron no tener recursos económicos para trasladarse a Culiacán y las otras dos por la pandemia de Covid-19.
El pasado lunes 17 de agosto se programó por tercera ocasión el inicio del juicio, a las 9:00 horas, en el Centro de Justicia Penal de la región Centro.
El acusado entró al inmueble minutos antes de que iniciara la audiencia y al terminar salió corriendo para evadir a los medios de comunicación como lo ha hecho en las últimas audiencias.
La audiencia se canceló debido a que dos agentes investigadores de la Fiscalía y una perito contable que rendirían declaración, están aislados por sospecha de Covid-19.
Los seis testigos que son originarios de Guadalajara no acudieron.
Según el Fiscal, Librado Romero, se comunicaron con él y le informaron que no viajarían porque no hay condiciones sanitarias para hacerlo.
Estos testigos son personas que se dedican a la venta de colchones reciclados y son a quienes el Gobierno del Estado le compró los que entregaron a los damnificados.
Por la ausencia de los testigos la Fiscalía pidió al Juez reprogramar la audiencia de inicio del juicio oral.
El abogado del acusado, Marco Antonio Arámburo, dijo que estaban de acuerdo con la reprogramación ya que los testigos también declararán por parte de la defensa.
La Fiscalía aseguró que esos testigos son fundamentales para confirmar su teoría del caso y la defensa dijo que confirmarán la de ellos.
Las dos partes coincidieron en que 30 días es un plazo conveniente.
El Juez de Enjuiciamiento, Guadalupe Chávez, aceptó reprogramar el inicio del juicio por lo que la próxima audiencia quedó programada para el 28 de septiembre.
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A la audiencia ya habían llegado otros testigos que rendirán su declaración. En total fueron llamadas a declarar 23 personas, entre servidores públicos, investigadores, peritos y proveedores.
Entre los testigos que acudieron a la audiencia del lunes estaban el ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños; y la subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.
En la declaración que rindió Castro Olivas en la audiencia inicial el 28 de octubre de 2018, acusó que Raúl Carrillo fue quien autorizó los pagos de los colchones y Morayma Yaseen la encargada de conseguir a los proveedores.
El juicio oral se programó por primera vez para iniciar el 2 de marzo pasado.
A la audiencia llegaron todos los testigos, excepto los originarios de Guadalajara, quienes según dijo el Fiscal en esa ocasión, no pudieron trasladarse a Culiacán porque no tenían recursos económicos para hacerlo
La Fiscalía se comprometió a gestionar fondos para los gastos del traslado y en la audiencia del lunes pasado el Fiscal dijo que los habían conseguido pero los testigos no querían viajar por la pandemia.
El 2 de marzo se programó el inicio del juicio para el 23 de marzo pero no se realizó debido a que el Poder Judicial del Estado suspendió actividades por la pandemia.
Castro Olivas está acusado de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
En la acusación la Fiscalía pidió al Juez imponer una condena de 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación por el delito de peculado; y cuatro años de cárcel e inhabilitación de ocho años por el de negociaciones ilícitas.
Por reparación del daño exigen el pago de 4 millones 554 mil 650 pesos y una multa de 440 días.
Los colchones fueron entregados a los damnificados por la depresión tropical 19-E que azotó la ciudad el 19 de septiembre de 2018.
El 15 de octubre, los damnificados empezaron a denunciar que los colchones estaban usados, apestaban, tenían machas y algunos hasta sangre.
Según la Fiscalía por los colchones podridos pagaron 2 millones 970 mil pesos a Francisco Benjamín Landgrave, supuesto amigo de Carlos; y a la empresa El Mariachi, cuyo giro comercial no es la venta de colchones.
De acuerdo con la Fiscalía cada colchón fue pagado hasta en mil 200 pesos cuando el precio de los colchones reciclados oscila entre los cien y 700 pesos.
Artículo publicado el 23 de agosto de 2020 en la edición 917 del semanario Ríodoce.
