abril 17, 2021 9:46 PM

Van congresistas sinaloenses de Morena por una Ley que ponga altos a la comida chatarra

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El avance de Covid-19 en Sinaloa revela las otras pandemias, silenciosas y crecientes que están devorando a la población.  El 52.1 por ciento de los pacientes que han fallecido por Covid tenían comorbilidades de hipertensión, el 35.1 con diabetes y el 26.8 obesidad.

Los datos de la Secretaría de Salud revelan que la combinación de estos padecimientos crónicos han hecho más letal la enfermedad de Covid en estos pacientes, en la entidad.

La directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS, Marcela Vergara Jiménez, afirma que Sinaloa está ubicada entre las tres entidades de mayor obesidad y sobrepeso del país tanto en adultos como en niños.

Señala que Sinaloa tiene un problema complejo y serio de salud pública asociado a los problemas de sobrepeso y obesidad ocasionado por la alimentación y el estilo de vida, y advierte que esta situación complica todos los ejes de desarrollo.

La industria de los alimentos está enfocada en producir alimentos con mayor azúcar, contenido de sal, sodio y grasa porque hay mayor demanda de estos productos, ante una falta de educación nutricional y en salud, advierte.

Desde su punto de vista no basta la expedición de un marco legal para prohibir los alimentos “chatarra”, aunque puede sumar a una problemática como son las enfermedades ocasionadas por la mala nutrición. Para la especialista lo importante es canalizar esfuerzos para generar estrategias que se puedan medir para lograr una población con mayor compromiso con su educación nutricional.

Se puede tener toda la normatividad alineada con nuevas leyes, pero se requiere tener una población educada sobre la importancia de la alimentación, más allá de cánones de belleza, sostiene.

La estrategia de prohibición, considera, puede estimular el querer violar las reglas, incluso sentir un triunfo en burlarlas.

Las afirmaciones son vertidas luego que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado anunciara el interés de prohibir la venta de comida “chatarra”, emulando un decreto emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, el pasado 5 de agosto.

En forma individual, el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, presentó una iniciativa para prohibir la distribución, donación, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Estos tipos de productos estarían prohibidos en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

La propuesta de prohibición cubriría también la operación de máquinas expendedoras de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico en planteles educativos y en espacios públicos de acceso libre a menores de edad.

La propuesta adicionaría un artículo a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer un artículo bis, el derecho de éstos a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y mental.

La iniciativa establece además a la desnutrición y la obesidad como asuntos de salud pública. En ese marco propone además que el Poder Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales instalen comedores en los plantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, y dotarlos de alimentos suficientes para garantizar a los alumnos una alimentación adecuada, nutritiva, en la que participarían los padres de familia.

Adicionalmente, el Grupo Parlamentario de Morena prepara la presentación de una iniciativa colectiva para prohibir la venta de bebidas azucaradas y comida “chatarra” a menores de edad, siguiendo el ejemplo de Oaxaca. La propuesta buscará evitar con ello el consumo de alimentos de poco valor nutrimental, cuyo consumo se ha normalizado.

La propuesta de Oaxaca estuvo basada en el hecho de que desde noviembre de 2016, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud emitieron las declaratorias de emergencias epidemiológicas EE-3-2016 y EE-4-2016 a todas las entidades del país ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, y la diabetes mellitus 2. Ambas declaratorias fueron ratificadas para el 2018.

El documento de los legisladores de Oaxaca, que ahora se buscará retomar en Sinaloa, basó su propuesta en un estudio del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, publicado por la Organización Panamericana de la Salud, que advierte que las bebidas que contienen azúcares añadidos  (Sacarosa, jarabe de maíz alto en fructuosa) se asocian a un mayor riesgo de aumento de peso, y con ello a desarrollar  obesidad , así como enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión.

Entre otro riesgo que documentan de la publicación de la OPS es que los niños con consumo habitual de bebidas azucaradas entre comidas tuvieron 2.4 veces más probabilidades de tener sobrepeso comparados con los niños no consumidores, además de haberse identificado como un factor de riesgo importante para la diabetes mellitus 2, y el síndrome metabólico.

En la Encuesta Nacional de Nutrición 2018 se afirma que hay en México 13 millones de personas enfermas de diabetes mellitus. El 6 por ciento de niños de cinco años viven con sobrepreso u obesidad, mientras que en la edad escolar entre 6 y 11 años es del 33 por ciento y un

porcentaje similar se registra entre los adolescentes de 12 a 17 años.

Además de leyes, se requiere programas que permanezcan, no fugaces, como lo han hecho las enfermedades crónico-degenerativas, para poder colapsar las estadísticas tan desafortunadas de padecimientos relacionados con la mala nutrición.

Vergara Jiménez indica que las enfermedades crónico degenerativas son costosas, no sólo en términos monetarios, sino en calidad de vida.

Desde su perspectiva es necesario diseñar campañas en televisión, redes sociales, como parte de un bombardeo para virilizar el mensaje del bienestar. Se trata, enfatiza, de transmitir mensajes de nutrición basada en evidencia científica, no en ocurrencias, ni con la idea de hacer negocio, respaldado con un fondo económico para apoyar a investigadores en nutrición para generar mayor conocimiento para resolver el problema de salud pública que se tiene.

Artículo publicado el 16 de agosto de 2020 en la edición 916 del semanario Ríodoce.

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