Indígenas, turisteros, restauranteros, ambientalistas y ex legisladores retomaron la oposición a la construcción de la planta de amoniaco en humedales de la bahía de Topolobampo, tras que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunciara en Culiacán la realización de una consulta popular para definir el futuro de la inversión suiza-alemana.

El frente común agrupado en el colectivo ¡Aquí No! llamará también a diputados y senadores que meses atrás refrendaron su oposición al proyecto por considerarlo producto de la “corrupción neoliberal” que hundió al país en la miseria entregando a extranjeros los bienes nacionales: agua, minerales, generación de energía eléctrica, y producción de agroquímicos, aseguró, Joel Ulises Pinzón Vázquez, ambientalista y vocero del gremio.

Dijo que la anunciada consulta popular está desfasada y ya no es esencial en la lucha porque el consorcio financiero Proman a través del grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) distribuyó dádivas disfrazadas de ayuda humanitaria entre la población de comunidades aledañas al sitio de construcción para ganar aceptación al proyecto.

Los industriales a través de subordinados distribuyeron despensas, becas estudiantiles, kit de limpieza, kit de sanitización, y otros apoyos. En la distribución no estaban solos, sino apoyados por funcionarios de economía y turismo del Gobierno del Estado y del municipio de Ahome.

La entrega era aprovechada para desinformar que el proyecto estaba avanzando y había sido convincente para sectores productivos.

Pinzón Vázquez dijo que GPO oculta que en realidad no hay avances porque estos están detenidos por sentencia de jueces de distrito.

“Legalmente, la situación se ha mantenido sin cambio. GPO no puede trabajar. El proyecto está detenido porque se mantienen tres suspensiones, una del campo Lázaro Cárdenas y dos de restauranteros de El Maviri”, dijo.

Felizardo Romo Zúñiga, presidente de la Unión de Restauranteros de El Maviri, aseguró que se mantienen firmes respaldando los juicios de amparo porque “una planta de amoniaco no producirá más especies marinas ni la subsistencia de pescadores,  ni riqueza en las comunidades indígenas”.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, Gobernador Traidicional de Ohuira aseguró que los pueblos originarios de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones Topolobampo, Campo Estrada y otros están en pie de lucha para mantener su forma de vida y subsistencia y en contra de GPO.

La Nación Yoreme-Mayo se sumó también a la propuesta y se hará un colectivo mayor para luchar en contra de un proyecto industrial “que no se ha podido detener por tanta corrupción. Es fácil detenerlo por tantas anomalías que hay en el proyecto. No nos vamos a dejar. Vamos a salir adelante.El gobierno (Estado y Municipio) viola los derechos indígenas. Están a favor de la planta y no de los pueblos originarios. En el discurso reconocen una deuda histórica, pero en la práctica lo humillan”.

Armando Pinzón Rojo, de la Federación de Cooperativas Turísticas de Topolobampo denunció que GPO ha aprovechado el tiempo para desinformar a la sociedad.  “Utilizan a funcionarios de turismo y economía. Un caso fue la entrega de kit de sanitización por GPO cuando se anunció que era del gobierno. Manipulan a la opinión pública para simular aceptación al proyecto, pero es una mentira”.

Dijo que los industriales mienten porque la planta no generaría riqueza colectiva ni empleos directos.

“La cantidad de trabajo son 150 empleos. Cien se irán en su personal de confianza y 50 especializados. Le correspondería cinco plazas por comunidad y siempre y cuando fuesen profesionistas capacitados ganando 250 pesos diarios. Los pescadores de 45 años en adelante no tendrán oportunidad y quedaran marginados, obligados a su desplazamiento. Es un proyecto meramente económico de empresas internacionales, en donde no importa la salud ni el medio ambiente ni el bienestar y subsistencia de las familias, sólo el de ellos”.

Además, el proceso arrojará al medio ambiente dos mil 800 toneladas de contaminantes al aire que respirarán los pueblos originarios y la población de Los Mochis.

“Pregonan beneficios, pero ocultan los perjuicios”, dijo.

Gerardo Peña Avilés, ex diputado federal informó que el proyecto está parado, suspendido por órdenes de varios jueces de distrito. “No puede continuar, y no avanzará porque no van a obtener los permisos oficiales con una sarta de mentiras y cuentos chinos; el proyecto es ilegal porque está hecho con una sarta de ilegalidades y corrupción, porque es por intereses muy fuertes”.

La planta de amoniaco es un proyecto ya abortado, consideró.

Pidió a los voceros de GPO que dejen de engañar a la sociedad, y a los promotores de la industria concluir el juego mentiroso de la empresa porque saben que este es de beneficios para unos cuantos en perjuicio de muchos.

“Los Mochis se va a convertir en una bomba de tiempo porque habrá decenas de pipas de amoniaco circulando en sus calles y carreteras, poniendo en riesgo a la población.

Artículo publicado el 09 de agosto de 2020 en la edición 915 del semanario Ríodoce.