Colchones podridos salpican cuenta pública del gobierno estatal

El episodio de la compra de colchones en malas condiciones adquiridos para familias afectadas por la tormenta tropical 19-E, fue un hecho, entre otros, que no perdonó la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo al revisar las cuentas públicas del 2018 del gobierno estatal, encabezado por Quirino Ordaz Coppel.

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“Son los hechos, no los montos”, sostuvo durante la discusión el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, durante el debate legislativo. La controversia residió en que tras hacer una revisión de las cuentas públicas del gobierno estatal, la Auditoría Superior del Estado determinó que era aprobatoria. Una opinión que no compartió la Comisión de Fiscalización, integrada en su mayoría por diputados de Morena, y emitió un dictamen para rechazarla.

En el dictamen asentó que pese a la denuncia presentada por presuntos hechos irregulares en la entrega de “colchones malolientes” a familias damnificadas, dentro de un programa emergente al que se destinaron 11 millones 115 mil pesos, la Auditoría Superior del Estado no determinó responsabilidad específica alguna de ningún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social.

El documento asentó que llama la atención la actuación de la ASE. Relata que se acreditó que en la venta de los colchones entregados participaron el particular Francisco Benjamín Landgrave Buelna con mil 200 unidades y la empresa El Mariachi, dedicada a las actividades agropecuarias con mil unidades más,  y que por esa acción “a todas luces irregular” resultó detenido por la Fiscalía General el coordinador administrativo de la SEDESO, Carlos Baltazar Castro Olivas, mientras que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños fue destituido del cargo.

La Comisión de Fiscalización califica como inconsistente la actuación de la ASE al acompañar el pliego de observaciones de 11 millones 568 mil pesos por el total de colchones adquiridos a una empresa agrícola, y al mismo tiempo emitir una acción de Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la Secretaría de Transparencia inicie una investigación interna, en un contexto que muestra incapacidad para detectar a los responsables formales en la compra y distribución de los artículos en mal estado.

Pese a que el caso provocó la detención de un servidor público y la destitución de otro, los hechos fueron ignorados por la ASE en el informe de fiscalización de la cuenta pública de 2018 del gobierno estatal, señalan los diputados en su dictamen.

Los diputados de Morena, integrantes de la Comisión de Fiscalización tampoco pasaron por alto al gobernador ni a la ASE, el hecho de que en el informe de la cuenta pública no se haya analizado el impacto de la discrecional aplicación de los recursos públicos a estadios de beisbol y futbol en 2018, así como a la adquisición y remodelación del edificio Homex, no previstos y autorizados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

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En los señalamientos realizados por los diputados, con base en los informes que proporcionó la ASE, se incluye en el gobierno estatal la existencia de créditos bancarios a corto plazo por 2 mil 809 millones de pesos sin acreditar necesidades de liquidez en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que por otra parte recibió 8 mil 379 millones de pesos como ingresos extraordinarios.

Otro señalamiento radica en que los diputados morenistas consideraron que existe ausencia de transparencia en los actos y contratos de obra pública, derivada de la falta de expedientes debidamente integrados en todas las obras, con una aplicación discrecional de 4 mil 214 millones de pesos, al incumplirse el Programa Anual de Obras Públicas.

A lo anterior se suma la adjudicación directa del contrato de un seguro catastrófico por 51 millones 26 mil pesos.

Entre otros casos rechazados por los legisladores, está el hecho de que el gobierno estatal pagó 11 millones 252 mil pesos por concepto de un sistema de iluminación en la isla Venados en Mazatlán, sin haberse realizado la obra.

Destacaron también la entrega de 11 millones 996 mil pesos a diversas organizaciones de productores agrícolas, además de otros 4 millones de pesos adicionales a la Unión Ganadera Regional AC, no autorizados dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2018.

Objetaron también la cuenta del gobierno estatal porque detectaron que el gobierno estatal se excedió en el gasto de diversas partidas en relación al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Entre los casos más sobresalientes, está el de Bienes y Suministros que de 25 millones pasó a 153 millones de pesos, y el de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de 22 millones pasó a 424 millones de pesos; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de 24 millones se elevó a 934 millones de pesos, entre otros.

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Los diputados señalaron también como argumento para no aprobar el informe de la cuenta pública del gobierno estatal que la ASE no hizo ningún análisis sobre desviaciones presupuestales de la Secretaría de Administración y Finanzas, al acumular un adeudo de mil 338 millones de cuotas retenidas a trabajadores para ser destinadas al Instituto de Pensiones en 2018, año durante el cual no se entregaron 337 millones.

Tampoco entregaron 191 millones de pesos de cuotas al Fondo de Ahorro de los Trabajadores que fueron retenidos a los trabajadores durante el 2018, lo que originó un adeudo acumulado de mil 69 millones de años anteriores.

Al no cumplir el gobierno estatal sus operaciones en apego sus leyes, ejercer correctamente sus presupuestos de egresos, ni aplicar los recursos provenientes de financiamiento en la forma establecidas por la ley, no existen por lo tanto elementos suficientes para aprobar el informe de la fiscalización de la cuenta pública 2018, concluyeron los legisladores morenistas.

Los diputados del PRI consignaron su total desacuerdo y consideraron que la Comisión de Fiscalización politiza y partidiza la revisión de las cuentas públicas. Y resumieron: El tiempo para hacer aclaraciones no ha concluido, sino hasta el 31 de octubre.

Artículo publicado el 26 de julio de 2020 en la edición 913 del semanario Ríodoce.