El 15 de mayo, Quirino Ordaz Coppel anunció el reinicio de los trabajos de la presa Santa María, sin precisar los términos a los que llegó con los comuneros, fechas ni condiciones.

El diputado Edgar González Zataráin consideró que se trata de un anuncio mediático y apresurado porque al día de hoy no existe la orden de un juez que permita a la Comisión Nacional del Agua e ICA entrar a trabajar

Aunque se dijo optimista por este acercamiento, puso en duda que el presupuesto federal asignado de 1 mil 050 millones de pesos se alcance a invertir.

“Creo que fue más un tema mediático para mandar el mensaje de que se está avanzando (…) no es suficiente, hay que ser claros, hablar con la verdad; este tema no es tan sencillo, y no está a la vuelta de la esquina, obviamente aquí hay beneficiados: el gobierno del estado porque manda esa señal, y se benefician el abogado y a quienes representa y algunos comuneros, pero en sí, lo que tiene que ver con la obra, todavía no se resuelve”, acotó.

Al no estar laborando el poder judicial por la contingencia sanitaria, es obvio que el acuerdo entre gobierno y comuneros no está avalado por el juez, dijo, se trata de un acuerdo de buena fe,”pero no creo que la empresa se atreva a entrar cuando tiene por parte del juzgado la traba de no hacerlo”, expuso.

El notario solo tiene la facultad de dar fe del acuerdo que hubo entre las partes, pero jamás estará por encima del juez.

“Es un arreglo a medias porque finalmente no se puede trabajar, ni Conagua lo va a permitir, tampoco la empresa, porque no es un acuerdo válido que se requiere”, consideró.

A decir del subsecretario de Gobierno, los comuneros sí recibieron dinero para poder firmar un acuerdo ante notario público, “no me consta porque nos sacaron de la reunión”.

Y se desconoce bajo qué esquema pagaron, agregó, porque para poder hacerlo tendrían que haber modificado del convenio, porque una de las peticiones era la indemnización de Bienes Distintos a la Tierra Maderables y que no estaba contemplado en el convenio original.

Se espera que hayan hecho las cosas bien, lo importante es que se reactive la presa, y se beneficie el sur de Sinaloa y se deje de politizar y de generar expectativas.

“De estar creyendo que las cosas ya van a funcionar, cuando todavía les falta mucho (…) para el cambio del poblado, por ejemplo, se etiquetaron 90 millones de pesos y no se ha movido nada de eso, no hay proyecto y es algo que le corresponde al gobierno estatal y con eso sí pudiera ir avanzando, pero tampoco se está haciendo”, señaló.

La incredulidad

El alcalde de Rosario, Manuel Pineda reconoció el acercamiento del gobernador con los comuneros, pero hasta que no emita un juez la orden, se tendrá certidumbre.

“Hay que ver si ante el juzgado ya metieron el desistimiento, y que el magistrado se los otorgue, porque no nada más es decir ‘ya hay acuerdo; hay que esperar la respuesta para que se haga oficial”, precisó.

Qué bueno que haya predominado el diálogo, reiteró, pero una cosa es que haya acuerdo entre las partes y otra que se haya otorgado el desistimiento.

Rosario conservará los protocolos ante la posible llegada de trabajadores foráneos y se protegerá a la población, aseguró.

Cobalpre

Por su parte Ismael Díaz, presidente de la Comisión Baluarte Presidio, también reconoció el acercamiento entre las partes, pero espera la respuesta del juez.

Ante el cierre de los juzgados y el anuncio de que así permanecerán hasta junio, dijo, preocupa porque ICA y Conagua quieren verlo ya destrabado, no quieren tener un problema legal.

“Eso es lo único que nos preocupa, de ahí en fuera estamos muy contentos con el gobernador porque no ha quitado el dedo del renglón, ha mantenido el tema vigente con el presidente López Obrador”, expuso.

El acuerdo

Alejandro Barbosa Espinosa, abogado de los comuneros, explicó que firmaron un desistimiento y acordaron seguir con las platicas para ir dando cumplimiento a las demandas de los afectados.

“El mensaje es: se reanuda, firmamos el desistimiento, no se ratifica por lo que no surte efecto, el acuerdo al que llegamos con el gobierno fue firmar el desistimiento, dijo: ‘con el puro desistimiento que me firmes, voy a darte la cantidad que se tiene presupuestada para este año’”, declaró.

El abogado omitió los montos recibidos por seguridad, dijo, pero es un 30 por ciento aproximadamente de los 80 millones que se etiquetaron para este fin.

Los comuneros aceptaron, agregó, y existe el compromiso para que en agosto se haga otro pago.

“Ahí ya se firmaría el desistimiento del juicio de amparo y también vamos a elevar a sentencia todos los compromisos”, dijo.

-¿La firma del desistimiento fue una formalidad entre las partes, porque los juzgados siguen cerrados?

-Sí, exactamente, sí se hizo ante notario, se firmó el desistimiento, se hizo unan asamblea informativa en la que se les dijo que se recibió el monto y se firmó, y está condicionado a una ratificación contra otra segunda cantidad que se daría en agosto, con esto se van a iniciar los trabajos.

El abogado indicó que si en estos momentos Conagua e ICA decidieran entrar a trabajar, no habría problema por parte de los comuneros.

Comentó que de manera extraoficial el juez que lleva el caso está enterado de los acuerdos que hay con gobierno del estado.