La historia de las crisis económicas de gran magnitud enseña que los motores para la recuperación surgen de pactos entre gobierno, sector privado y sector social.

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Reactivar la economía requiere de coordinar a un sinnúmero de individuos, empresas, reglamentos, recursos, políticas, etc., para que vuelvan a hacer lo que saben pero, también, para que lleven a cabo acciones diferentes a las que venían haciendo.

Es fundamental encontrar los caminos menos difíciles y más productivos.

La industria de la vivienda es generadora de empleo y resuelve una condición básica de bienestar. Tiene impacto en 37 de las 42 ramas de la economía y puede arrancar rápido puesto que ya hay infraestructura empresarial, laboral y comercial para su funcionamiento.

En Sinaloa, por un lado tenemos necesidad de cerca de 98 mil acciones de vivienda, solo entre población en situación de pobreza, y, por otro lado, existen miles de empresas y de empleados en situación de vulnerabilidad a causa de la crisis.

En 2018, 64 mil sinaloenses vivían en pisos de tierra, 54 mil con techo endeble, 28 mil sin muros firmes y 183 mil padecían hacinamiento, esto es, habitaban tres o más en un solo cuarto.

Ese mismo año, la industria de edificación generó casi 3 mil 500 millones de pesos. Hoy está detenida.

Una política pública debe coordinar el encuentro afortunado de ambas esferas. La inercia es que sigan separadas, las cementeras sin producir cemento, el albañil sin empleo y las familias sin casa.

El gobierno federal, a través de CONEVAL, reporta dos experiencias exitosas de abatimiento de carencia de calidad y espacios de vivienda. Una sucedió en Tabasco entre 2012 y 2014 cuando el hacinamiento bajó de 349 mil a 228 mil afectados y la otra aconteció en Sinaloa, entre 2008 y 2010, cuando la falta de piso firme disminuyó de 219 mil a 42 mil personas.

Ambos casos fueron producto de programas intencionados y no de casualidades u ocurrencias. En Sinaloa la estrategia se llamó “Rescate de la Sierra”.

Son muy grandes, tanto el tamaño de la necesidad social como el de la oportunidad económica. Hay que construir 25 mil pisos firmes, que valen 150 millones de pesos; 15 mil techos, 405 millones; 8 mil muros, 320 millones y 50 mil cuartos adicionales  o casas completas, según sea el caso, para lo que se requieren 7 mil millones de pesos. Un total de 8 mil millones de pesos para vivienda popular.

A ello le podemos sumar 18 mil viviendas que son demandadas por la formación de nuevos hogares y la movilidad entre la clase media. Ello implica un volumen económico de 6 mil millones más.

La construcción de vivienda es una de las vías por las que debe caminar la recuperación económica de Sinaloa. Indudablemente hay otras rutas pero esta es una de las mejores, resuelve la necesidad de alrededor de 300 mil sinaloenses, crea cerca de 20 mil empleos directos y 10 mil indirectos y genera producción por 14 mil millones de pesos.

Hay que resolver cómo financiar y producir esta actividad, en forma innovadora y ambiciosa.

Una parte debe ser subsidio de gobierno, otra debe ser a crédito al beneficiario; se deben formar alianzas con los sistemas de crédito de las tiendas que ya funcionan, articular fondos mixtos con contralora social apalancados en deuda gubernamental, constituir programas de empleo temporal para auto construcción, establecer esquema de crédito de proveedores, y resolver un largo etcétera de temas en la construcción de un gran programa especial escrito, calendarizado y liderado.

Hay que hacernos cargo de que el gobierno federal no incluyó a Sinaloa en la estrategia de vivienda popular para la reactivación económica. Solo incluyó estados del sur y a Baja California y Sonora. Es una estrategia pequeña de 10 mil millones para 11 estados.

La reconstrucción de nuestra economía deberá ser estructurada por esfuerzos sostenidos y abiertos por parte del gobierno, los partidos políticos y las fuerzas productivas, dirigidos a crear mecanismos de comunicación y deliberación permanentes y de Estado.

La tarea es clara e ineludible. Alcanzar ritmos sostenidos de inversión pública y privada, adaptar a nuestra economía los avances técnicos y conformar un Estado capaz, organizado y fincado en compromisos de programación y rendición de cuentas

El futuro no se espera, se construye.

Columna publicada el 10 de mayo de 2020 en la edición 902 del semanario Ríodoce.