El Diario Oficial de la Federación publicó el día de ayer en su edición vespertina el acuerdo mediante el cual brindan de legalidad a la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como a otras medidas a tomar durante la epidemia por el coronavirus.

Firmado por el secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, el documento consta de cuatro artículos donde explica los lineamientos a seguir y que dota de legalidad las medidas preventivas de cuarentena tanto en instituciones públicas como privadas.

“Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves”, indica en el último párrafo del primer artículo.

En su artículo segundo, el acuerdo emitido señala que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica las siguientes medidas en la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente.

En Sinaloa, trabajadores tanto de empresas como de organismos públicos han manifestado su preocupación por las condiciones laborales que imperan durante la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Por ejemplo, trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han manifestado su inconformidad debido a que fueron obligados a acudir a laborar aún con todas estas medidas.

También, un grupo de trabajadores del Instituto Estatal de Ciencias Penales ha aquejado esta anomalía por parte de directivos.

Parte de las medidas es suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

Asimismo, las dependencias y entidades de la administración pública federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus Covid-19 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras.

En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Por otra parte, las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos de ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.