La Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada declaró culpable a la ex Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, del delito de ejercicio indebido del servicio público y la absolvió de desempeño irregular de la función pública.

La defensa pidió ayer anular el juicio debido a que no se tuvo la certeza de que el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, fue notificado para que acudiera como testigo, pero hoy la Jueza rechazó hacerlo argumentando que se emplearon todos los medios legales para localizarlo.

Gil Álvarez estuvo acusada de asignar por adjudicación directa un contrato por 14 millones de pesos a la empresa Herramientas Médicas y debió ser por medio de licitación.

La juzgadora dijo que en el juicio se acreditó que la contratación del servicio no fue conforme establece la Ley.

El documento que elaboró el entonces ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, para justificar la excepción de la licitación y solicitar la asignación directa del contrato, no reúne los requisitos que contempla la ley.

Señaló que el funcionario justificó que de hacer licitación los pacientes podrían quedar sin servicio pero él debió solicitar la contratación con tiempo.

“Es un argumento chantajista, si no se hace así, la gente se queda sin servicio. No se justifica la excepción, no hay datos objetivos”, dijo la Jueza.

Incluso, dijo, por la participación que tuvo Otáñez en el proceso de contratación podría resultarle responsabilidad.

Mencionó que “a juicio de este Tribunal no se considera correcto ese proceder. Evidencia que el modus operandi de la Secretaría era ese, como nunca pasaba nada lo volvieron a hacer”.

Señaló que uno de los requisitos para la asignación directa es contar con cotizaciones de al menos tres proveedores y en este caso en el juicio solo se presentaron dos.

Se habló de una tercera, indicó, pero no llevaron a la persona que la elaboró para acreditarla.

Consideró que se acreditaba la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público y la declaró culpable por lo que la próxima semana dará a conocer la sanción.

Por el delito de desempeño irregular de la función pública dictó sentencia absolutoria.

Detalló que Gil Álvarez estaba acusada de que teniendo conocimiento que se podía acusar un daño al patrimonio, no lo evitó o intencionalmente no informó a su superior.

Abundó que no tiene sentido acusar a una persona de cometer una conducta y al mismo tiempo de no avisar a su superior que se causaría un daño.

Una conducta excluye a la otra, manifestó.

La defensa adelantó que apelarán la decisión de la Jueza.

Ernesto Echeverría estuvo involucrado en la misma causa penal , la cual se cerró después de que obtuvo una suspensión del proceso tras el pago de 7 millones de pesos.