No fue tarea fácil vender la otrora emblemática casa en donde vivieron ocho gobernadores de Sinaloa con sus familias, pero sí fue sencillo dar un giro, sin autorización del Congreso del Estado, sobre el destino de los recursos obtenidos por la operación de compra-venta.

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El Instituto para Vender al Pueblo lo Robado (INDEP) logró, en enero, la venta de la Casa de Gobierno, la finca que había servido como residencia oficial en Culiacán del gobernador de Sinaloa en turno.

El precio de venta de la propiedad fue de 22 millones 300 mil pesos mediante una subasta electrónica, apenas 4 mil 582 pesos más de su precio de salida.

Esta era la tercera ocasión que la propiedad salió a subasta. La primera ocasión fue en 2017 con un precio de salida de 37 millones de pesos, pero la subasta se declaró desierta. En diciembre pasado, de nueva cuenta fue ofertada con un precio de salida de 28 millones 393 mil 891 pesos.

El gobierno estatal había tenido intentos fallidos para vender la finca ubicada en la calle Río Elota 17 en la colonia Guadalupe en Culiacán. Es un inmueble que se construyó en 1964 en los tiempos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Célis. Su último gobernador en habitar la residencia oficial fue Jesús Aguilar Padilla y su familia.

La venta mediante subasta pública tenía la autorización del Congreso del Estado, asentada en el decreto No. 259 fechado el 12 de octubre de 2017, expedido durante la anterior legislatura.

El decreto aprobado por el Poder Legislativo y firmado por el entonces presidente de la Mesa Directiva, Víctor Antonio Corrales Burgueño, está compuesto por cinco artículos, entre ellos el quinto que especifica que los recursos obtenidos de la enajenación mediante subasta pública de la Casa de Gobierno serían destinados a inversión e infraestructura del sector salud.

Sin embargo, en días pasados, en el marco de la presentación del informe de labores del presidente del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS), Óscar Sánchez Osuna, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, dio un viraje a lo señalado en el decreto expedido por el Congreso del Estado. Sin el aval del Poder Legislativo, anunció que el dinero obtenido por la venta de la Casa de Gobierno se emplearía en construir un parque deportivo y recreativo.

“El Gobierno del Estado está tan acostumbrado a desviar recursos que quieren aplicar ese dinero en donde ellos quieran”, expresó el presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

El diputado morenista advierte que si el gobierno estatal cambia el sentido de la aplicación de los ingresos que reciban de la venta de esa propiedad estarían incurriendo en una desviación de recursos públicos.

Aquí, señala, el destalle no es que se vayan a aplicar los recursos en el deporte o salud, sino que se deben respetar los acuerdos y decretos, no “dando muestras de cómo se pueden violar las leyes”.

Comentó que a los hospitales que estaban con problemas financieros la federación les inyectó recursos y ahí se puede tener un argumento para decir que ya no ocupan infraestructura de salud.

El proceso de venta de la Casa de Gobierno inició formalmente el 4 de septiembre de 2017, cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó al Congreso del Estado el proyecto para autorización.

En su exposición de motivos se remitió a un decreto anterior expedido en enero del mismo año sobre diversas medidas de disciplina del gasto en el ejercicio presupuestal, entre las que se incluía la enajenación de bienes improductivos y obsoletos, para obtener ahorros importantes al dejar de destinar recursos para su mantenimiento.

En ese marco, se ubicaba a la Casa de Gobierno, la cual señaló en el documento presentado al Poder Legislativo había dejado de ser útil.

Expuso además que bienes como el referido inmueble no debían convertirse en una carga financiera para la administración, máxime cuando son susceptible de ser vendidos y convertirse en ingresos que pueden utilizarse para generar mayores beneficios a la población.

Al presentar la solicitud de autorización de enajenación, la Casa de Gobierno tenía siete años de no haber sido habitada por ningún mandatario. El mismo gobernador señaló ante los legisladores que el inmueble presentaba un serio deterioro, degradación estructural, espacios físicos obsoletos y falta de espacios de trabajo funcionales.

Un punto adicional a considerar, era que una remodelación significaría al gobierno estatal un gasto oneroso, además de su mantenimiento y administración.

En la iniciativa presentada por el gobernador, contemplaba que los recursos que se obtuvieran por la enajenación de la Casa de Gobierno serían destinados a programas o actividades sustantivas en beneficio de la sociedad sinaloense, sin especificar un programa o sector en específico.

El día que se aprobó la iniciativa, la única modificación que se hizo fue la planteada por la entonces integrante de la Comisión de Salud, la diputada panista Francisca Henríquez, al precisar el destino de los recursos que serían obtenidos por la venta. Ahí propuso específicamente que se emplearan en la mejora de la operación del sistema de salud, dando prioridad a la atención de población rural.

Por unanimidad se aprobó la propuesta, con la adhesión del entonces diputado de Morena, Jesús Baltazar Rendón Sánchez. Se ordenó entonces expedir el decreto, el mismo que ahora el gobernador ignoró.

Artículo publicado el 15 de marzo de 2020 en la edición 894 del semanario Ríodoce.