El acoso y hostigamiento sexual en universidades es real. A pesar de las múltiples denuncias en casi todos los planteles del nivel superior en Sinaloa a través del tendedero del acoso, los reglamentos, protocolos y mecanismos para su prevención no son garantía de justicia.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través del rector Juan Eulogio Guerra Liera tuvo respuesta ante el eco generado por la actividad replicada prácticamente en cada plantel de la casa rosalina.
“Yo pido que hagamos exhorto de este Consejo al Congreso del Estado para que asuman dentro de la temática que ellos tienen temas de evidente interés y urgencia para que legislen sobre ellos y podamos garantizar lo que son los problemas de acoso sexual”.
Esta vino en el marco de una sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrada el jueves 20 de febrero. Ahí, el voto fue unánime. La petición es que el Congreso del Estado haga reformas al Código Penal para que los casos sean perseguidos de oficio.
“Sobre todo ante el clamor de los casos denunciados que podamos nosotros sacar un punto de acuerdo y exhortar al Congreso que asuma su responsabilidad social y legisle al respecto, es necesario que el Congreso del Estado reforme el Artículo 186 del Código Penal de Sinaloa para que estos delitos se persigan de oficio”, dijo el rector.
La UAS, desde 2012 cuenta con el Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. Sin embargo, es prácticamente letra muerta. De ello dan fe las múltiples denuncias en cada uno de los tendederos en sus facultades.
Y la sospecha es que las autoridades le apuestan al olvido y al silencio.
Las opiniones de la ex directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Elizabeth Ávila Carrancio, y de Conzuelo Gutiérrez de la Colectiva de Mujeres Activas de Sinaloa (CMAS), cuestionan el cómo se han ido atendiendo los casos que durante los últimos días de febrero brotaron casi en todo Sinaloa.
“La realidad es que partimos de una cultura del silencio, y es una cultura bien afianzada donde a la mujer se le acusa o se ve de mala manera que una chica denuncie, porque generalmente partimos de la idea de ‘qué harían’, casi igual que en los casos de violación, ‘cómo andaba’, ‘cómo se vestía’, entonces le deja la carga a la víctima y no al agresor”, explicó Ávila Carrancio.
“Entonces los tendederos del acoso lo que hacen de una manera es voltear ese discurso, a pesar de ser anónimo porque son alumnas de muchos de ellos”, añadió.
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Las leyes, reglamentos y protocolos de actuación contra el acoso y el hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior no funcionan, según opina Conzuelo Gutiérrez, porque su elaboración o creación obedeció más a exigencias de organismos protectores de los derechos humanos de las mujeres, y además porque requerían contar con un indicador que les permitiría decir que la universidad trabaja contra la violencia de género.
“Es decir, la voluntad política de la más alta dirección para erradicar el acoso y hostigamiento sexual no ha existido, por el contrario hay una tolerancia silenciosa que legitima esta forma de violencia contra las mujeres que se presenta de manera normalizada en los espacios universitarios”, dijo.
El artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia señala que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, el cual se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
La Ley General de Educación Pública establece además sanciones para quienes permitan cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual; así como toda forma de hostigamiento y de acoso ya sea físico o verbal, intimidación, y cualquier otra forma de agresión, ya sea de los educandos entre sí, o de estos hacia sus profesores o asistentes a la educación, o de estos entre sí, cometidos dichos actos por cualquier medio, según el artículo 173 en su apartado 23.
La mayoría de los casos denunciados en los tendederos del acoso tienen todos como común denominador señalar a docentes. En el aprovechamiento de una posición sobre las alumnas es que algunos, según las denuncias, aprovechan para hacer insinuaciones e incluso ofrecimientos.
“Y sí, es precisamente esa relación de subordinación de la víctima frente a su agresor que impide que éstas se atrevan a denunciar, ya que consideran que, al ser una violencia tan normalizada, la denuncia va a encontrar en los operadores de justicia resistencia a darle entrada y luego a investigar con la importancia y profesionalismo debido, así como el temor a ser revictimizada y culpabilizada, dado que seguramente se dará más credibilidad al dicho del superior jerárquico”, explicó Gutiérrez.
Las instituciones de educación superior en el estado no han sido capaces de generar confianza en la comunidad universitaria. El ejemplo lo dio la comunidad estudiantil de las escuelas más grandes de Culiacán: facultades de la UAS, la UAdeO y el Tecnológico. Las prioridades es cuidar el prestigio de la institución y los docentes.
Los mecanismos de las escuelas pretenden dar acompañamiento. En el reglamento de la UAS, en su capítulo 41 y 42 explican sobre el curso de las sanciones que van desde el apercibimiento privado o público, disculpa privada o pública y amonestación privada o pública.
“Han priorizado cuidar el prestigio de la institución y los docentes frente a las mujeres que son objeto de estas conductas, obligándolas a recurrir a la denuncia a través de la herramienta como el tendedero del acoso y hostigamiento sexual, con la que pretenden visibilizar y llamar la atención sobre la omisión en la que incurren las autoridades universitarias al no tomar medidas para cumplir con la responsabilidad de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres”, añade la activista del CMAS.
Pero el tema sigue. El acoso y hostigamiento sexual son conductas sobre las que recaen diversos tipos de responsabilidades, tanto penal, civil y administrativa, y las autoridades universitarias deben hacer valer los reglamentos y mecanismos que ya existen sobre la problemática en el ámbito de su competencia, sancionando a los acosadores y hostigadores de manera proporcional al daño que causan estas conductas.
Y para Elizabeth Ávila, otra explicación está en el ejercicio del poder. No se trata de un acoso simplemente. Es hostigamiento porque el docente adquiere poder frente a la alumna.
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“Cuando es un maestro hacia alumnas es hostigamiento, acoso sería entre los mismos compañeros, por ejemplo entre alumnos y alumnas, maestros y maestras, pero cuando tú tienes una categoría de maestro (hacia el alumno) es hostigamiento, tú tienes un poder, un ejercicio jerárquico, tienes el control de sus calificaciones”, dijo.
“Con la inacción lo que hacen es decirles ‘no nos importa’, aunque estamos viendo el problema, aunque estamos conviviendo con el problema, aunque haya leyes, aunque haya acciones administrativas o de otra naturaleza, no nos importa”, añadió.
Y mientras que la actividad feminista contra el acoso y hostigamiento prevalece, ambas especialistas coinciden en que son pocas las acciones que se han visto que se hagan realmente, únicamente exhortos y recomendaciones, a pesar de que hay evidencias. Y esto es un mensaje claro para Elizabeth Ávila.
“Todo eso es apostarle a la cultura del silencio, le estás diciendo a las chicas, a las adolescentes que se callen la violencia. Eso es lo que les estás diciendo como institución porque ni te veo ni te oigo”.
Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en la edición 893 del semanario Ríodoce.
