Siempre hubo componendas al margen de la ley, afirma el PRI

El coordinador parlamentario priísta, Sergio Jacobo Gutiérrez, revela cómo se hacía la fiscalización en legislaturas anteriores.

“La fiscalización se prestaba a negociaciones y componendas políticas. La fiscalización era un instrumento para premiar o castigar a ciertos entes públicos que estaban encabezados por uno u otro partido político”, asegura.

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Aunque no cita nombres específicos, señala que la historia acredita que efectivamente hubo este tipo de acuerdos al margen de consideraciones estrictamente financieras.

Con este argumento, la bancada del PRI, ahora afirma que para que esto no vuelva ocurrir está totalmente en contra de aplicar una “contrarreforma” como la propone Morena.

“Significa volver a un modelo de fiscalización que ya demostró sus limitaciones y sus resultados nos deseados”, resume.

Entre los argumentos de los diputados priistas está que en 2015 se realizó una reforma constitucional a nivel federal el Sistema Nacional Anticorrupción del cual el estado de Sinaloa forma parte, el cual tiene en sus reglas la autonomía de los órganos fiscalizadores.

La intención, abundó, es que la fiscalización se hiciera de una manera objetiva e imparcial, dejando de lado consideraciones de tipo político.

La bancada del PRI acusa a Morena que quiere tener una “ASE a modo” porque en el 2021 tocará el turno de la fiscalización de las cuentas públicas de los actuales alcaldes de Morena.

Así, señala, a través de la mayoría que se tiene en la Comisión de Fiscalización se pueda manipular la información y determinar cuáles municipios pueden ser aprobados o cuáles rechazados en sus cuentas públicas.

“Es tener un marco jurídico para proteger a sus alcaldes”, expresa Jacobo Gutiérrez.

La bancada del PRI ha manifestado su postura totalmente en contra de la propuesta de Morena de quitarle a la ASE la facultad de expedir determinaciones técnicas a los informes de las cuentas públicas.

En su postura el PRI propone un ejercicio de parlamento abierto con la organización de foros para recoger opiniones de empresarios, los entes que son fiscalizados, el sector académico, los colegios de profesionistas, la ASE, e incluso la Auditoría Superior de la Federación.

En medio de señalamientos en ambos sentidos sobre propósitos ocultos para proteger a los funcionarios públicos de su filiación política, los grupos parlamentarios de Morena y PRI están enfrascados en un debate sobre el cambio de facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El Grupo Parlamentario de Morena impulsa una reforma para quitar a la Auditoría Superior del Estado la facultad de emitir una determinación técnica, aprobatoria o no aprobatoria, a los informes de las cuentas públicas.

Los morenistas, encabezados por la diputada Graciela Domínguez Nava, defienden la idea de que la ASE es un órgano técnico del Poder Legislativo que auxilia a los diputados en la fiscalización, y por lo tanto no puede estar por encima del Poder Legislativo en la facultad de aprobar o no aprobar las cuentas públicas.

Luego de mostrar un estudio comparativo de los órganos fiscalizadores similares a la ASE en el país, aseguró no existe ninguno que opere con determinación técnica en todo el país.

Graciela Domínguez Nava recuerda el episodio que vivió el Congreso del Estado en 2018, cuando el PRI fracasó en su intento de realizar una reforma constitucional para convertir a la ASE en un organismo autónomo.

Previamente la anterior legislatura había hecho diversas reformas entre ellas a la Ley de la Auditoría Superior para agregarle esa facultad, luego que en el resultado en las urnas configuró la mayoría de Morena en la actual Legislatura.

Como no se logró en las urnas la mayoría, se pretendió desde la ASE tener el control de la aprobación de las cuentas públicas, señala la líder de la bancada de Morena.

Las diversas reformas que se hicieron al marco legal en la anterior Legislatura metieron en una controversia legal sin salida a los actuales diputados. Los artículos de la normatividad se contraponen, entre ellas los plazos, el más marcado fue el ordenamiento de que el Congreso del Estado se pronuncie sobre los informes de las cuentas públicas en julio, mientras que otro inciso señala que se está en un plazo de solventación, es decir, todavía de comprobación, resolución de dudas, y aclaraciones, por parte de los entes señalados. Y otro ordenamiento que este plazo vence en octubre. En síntesis, un entrampamiento legal.

Lea: Desaprobación histórica de todas las cuentas públicas de los municipios https://bit.ly/2TuybDz

La anterior situación dio lugar a controversias legales el año pasado al revisarse las cuentas de 2017, las cuales se encuentran actualmente vetadas por el gobernador, al ser rechazada en su totalidad por el Congreso del Estado.

Al momento la votación al interior de la Comisión de Fiscalización se encuentra entrampada porque en la última reunión la votación quedó empatada. De los seis diputados que asistieron tres votaron a favor y tres en contra. La diputada Flor Isela Miranda, integrante de la comisión, quien renunció a la bancada de Morena, no asistió por motivos de salud.

Domínguez Nava adelanta que al margen de que pueda lograrse la reforma, constitucionalmente los diputados en el Pleno siempre tendrán la última palabra para aprobar o rechazar una cuenta pública.

Mientras los grupos parlamentarios intercambian acusaciones sobre la pretensión de politizar las cuentas públicas, las auditorías siguen realizándose con un desfase de un año, los órganos internos de control hacen caso omiso de las investigaciones que deben realizar, y los entes fiscalizados trasgreden el marco legal, al carecer de controles internos del gasto, desviar recursos a otros fines diferentes a los asignados, entre otras muchas anomalías.

Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en la edición 893 del semanario Ríodoce.