Los tufos del malovismo: ex funcionaria de Salud enfrenta juicio por pagos ilegales

maría alejandra

La ex coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, es la segunda ex funcionaria estatal que enfrenta un juicio oral.

El juicio contra la ex servidora inició el jueves por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, por presuntamente adjudicar sin licitación un contrato por 14 millones 775 mil pesos a la empresa Herramientas Médicas.

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El primer juicio oral contra un ex funcionario fue el año pasado, contra el ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, sentenciado a 16 años, pero la condena fue revocada y es analizada de nueva cuenta.

En la misma causa penal de María Alejandra, estaban acusados el ex Secretario, Ernesto Echeverría Aispuro y el ex director Médico, Jaime Otañez García.

Echeverría obtuvo una suspensión condicional para evitar el juicio y pagó reparación del daño por 7 millones de pesos y a Otañez la FGE le retiró la acusación.

El ex Secretario estaba citado como testigo el jueves pasado pero no acudió y fue llamado para este lunes, pero tampoco asistió, por lo que la Jueza Sara Bruna Quiñónez determinó que la policía lo lleve a declarar mediante el uso de la fuerza pública.

Durante el juicio de María Alejandra rendirán su declaración 15 personas, entre ex funcionarios, agentes investigadores y auditores.

En el primer día de juicio, durante los alegatos de apertura, la Fiscalía aseguró que demostrará que es culpable y la defensa que acreditará que la conducta que acusan ni siquiera es delito.

La Fiscal, Francisco Magdalena Lara Meza, dijo a la Jueza Sara Bruna Quiñónez que acreditarán más allá de toda duda razonable la responsabilidad de la acusada.

La corrupción no se disculpa, se sanciona como una forma de combatirla. Se demostrará que como servidora, y a sabiendas de sus consecuencias, realizó adjudicación directa y efectuó pagos ilegales por 14 millones 775 mil pesos, indicó.

Aseguró que con las pruebas que presentarán quedará demostrado que no se llevaron a cabo los procedimientos que establece la Ley y no justificaron la excepción de la licitación ni los estudios de mercado.

La conducta fue desplegada de manera dolosa al conocer las consecuencias y pudiendo evitarlo no lo hizo, indicó.

“No se deje sorprender, la defensa tratará de confundirla con la intención de aparentar que no participó y solo se está acusando a su cliente. Los cargos de servicio público debe ser para servir a la sociedad, no para beneficio propio o de terceros como lo hizo María Alejandra Gil Álvarez”, dijo la Fiscal a la Jueza.

Por su parte, el abogado defensor, Carlos Olguín Álvarez, aseguró que demostrarán que las conductas que señala la FGE ni siquiera son delitos.

“María Alejandra Gil Álvarez fue acusada de manera injusta por delitos que nunca cometió o hechos que ni siquiera son delitos. No acreditarán la conducta delictiva ni la participación”, señaló.

Manifestó que el facultado para celebrar contratos de prestación de servicios era el director de los Servicios de Salud de Sinaloa.

En ese entonces, como Secretario, Ernesto Echeverría era también el director de los Servicios de Salud.

La FGE, indicó, no podrá acreditar que la contratación fue contraria a la Ley, sino que estuvo apegada a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Aseguró que los testimonios de la defensa demostrarán que los hechos no constituyen delitos y que en ningún momento hubo quebranto económico por que los servicios contratados sí se prestaron.

“No hay duda de que será sentencia absolutoria porque la Fiscalía no podrá acreditar los hechos motivo de la acusación”, expresó.

Uno de los primeros testigos que declaró fue Gustavo Pérez Sevilla, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal rindió su declaración sobre los actos de investigación que realizó para demostrar que María Alejandra era servidora pública.

Detalló que de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2012 declaró un ingreso mensual de 45 mil pesos y para 2014 de 70 mil.

En 2015, cuando se cambió el formato para declarar los ingresos y se tenían informar solo el ingreso anual, declaró percibir un millón 300 mil pesos, en 2016 un millón 500 mil y en 2017 un millón 200 mil pesos.

A pregunta de la defensa, dijo que a partir de 2015 cuando aumentaron sus ingresos, ella reportó en su declaración tener ingresos adicionales a los de sus sueldo otras actividades.

Después de terminar su participación hubo un receso y al reanudar la audiencia pretendió integrarse ahora como Fiscal pero la defensa se opuso ya que sería testigo y acusador.

La Jueza dijo que para respetar el principio de imparcialidad daba la razón a la defensa y pidió al Fiscal que se retirara de la sala.

Durante la audiencia también declaró un agente investigador que indagó sobre los vínculos sociales, laborales y políticos de la ex funcionaria.

Señaló que María Alejandra ingresó al servicio público en 2005 como jefa de Departamento en la Secretaría de Desarrollo Social y Planeación; y después fue secretaria auxiliar de agenda del Ejecutivo Estatal.

De 2013 a 2016, indicó, fue la directora administrativa de la Secretaría de Salud del Estado.

En el juicio dieron su declaración dos auditoras y un auditor que participaron en la auditoría en la que se detectó la contratación sin licitación.

Los auditores dijeron que la revisión de la cuenta pública se realizó entre el 13 de marzo y el 27 de mayo de 2017 y fue sobre el ejercicio del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Coincidieron en que el contrato debió licitarse y asignarse por adjudicación directa.

Manifestaron que los pagos están amparados por 297 facturas y la lista de los beneficiarios del servicio de imagenología.

El contrato era por 18 millones de pesos pero solo se pagaron 14 millones 775 mil pesos.

En la audiencia de ayer lunes, la Fiscalía General del Estado acusó a los ex funcionarios de presuntamente asignar un contrato de 14 millones de pesos para prestación de servicios de imaginología sin licitación por lo que los pagos resultaron ilegales a la empresa Herramientas Médicas.

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De acuerdo con la FGE no justificaron la excepción de la licitación, ni realizaron un estudio de mercado y tampoco solicitaron cotizaciones a proveedores.

La defensa llevó testigos para acreditar que sí se justificó la excepción de la licitación, sí hubo estudio de mercado y sí se solicitaron cotizaciones.

Uno de los testigos es el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, quien también estuvo involucrado pero la FGE le retiró las acusaciones.

Al sentarse en la silla de los testigos, Otáñez dijo a la Jueza que deseada guardar silencio a las preguntas que le harían.

La Jueza respondió: “no viene como acusado, tiene el deber de declarar, es una obligación”.

Otañez García declaró que él hizo el documento para justificar y motivar la no procedencia de la licitación pública para la contratación de los servicios.

De hacerse una licitación, indicó, los servicios de imagenología se abrían suspendido por varios meses en los hospitales generales, por eso era urgente asignar el contrato.

El ex jefe del departamento de servicios generales también acudió como testigo y declaró que se asignó ese contrato a Herramientas Médicas porque desde el año anterior ya prestaba el servicio y ofreció el mismo precio.

Señaló que sí se solicitaron cotizaciones a tres proveedores y que fue él quien la pidió y las recibió.

La ex subdirectora de Recursos Materiales declaró que ella hizo un cuadro comparativo con los precios que ofertaban los proveedores derivado del estudio de mercado.

Mencionó que participó en la integración del expediente para la asignación del contrato y la reunión en la que se decidió asignarlo.

Aseguró que el proceso cumplió con los requisitos que marca la Ley para exceptuar la licitación.

Los dos ex funcionarios de los Servicios de Salud dijeron que la contratación fue auditada por la Auditoria Superior de la Federación por tratarse de recursos federales y no hubo ninguna observación.

El juicio continuará este martses con la declaración de las auditores y auditoras de la Auditoria Superior del Estado que participaron en la auditoría que detectó la presunta irregularidades.

Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en la edición 893 del semanario Ríodoce.

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