Mientras que los productores del sur de Sinaloa han manifestado su preocupación por la ficha técnica roja que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está por entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), el gobernador asegura que el proyecto sigue en pie.
“La presa Santa María se va a hacer. Es una realidad, es un hecho. Lo que queremos precisamente es que haya un buen entendimiento, que no se meta gente que no tenga nada que ver con eso, que no busque estar sacando raja, beneficios como fue el caso de la Presa Picachos”, declaró este sábado durante su gira de trabajo por Mazatlán.
Y es que durante 2019 la obra no avanzó en su construcción a causa de una demanda de amparo que u grupo de comuneros obtuvo para obligar al gobierno estatal a pagar por bienes distintos a la tierra.
Según el calendario de inversión y de ejecución de obra, la presa debió de haber concluido en el año 2018, pero los conflictos entre comuneros y gobierno del estado obligó a la constructora ICA y Conagua reprogramar las fechas y modificar los convenios originales.
A pesar de que durante 2019 no hubo avance en las negociaciones, Ordaz Coppel se mantiene optimista.
“Los beneficios sociales se van a dar, todo mundo queremos que se haga la presa porque va a traer un gran beneficio, crecimiento y desarrollo al sur de Sinaloa. Entonces, es un hecho que se va a hacer la presa no está en duda, al contrario, hay toda la decisión”, indicó.
El mandatario dijo que se había reunido con a directora general de ICA, y que lo que se requiere es que se permita que dejen trabajar a la empresa, eso es clave porque toda la otra parte social se va a ir arreglando.
“Se va a ir solucionando, se va a ir atendiendo son muchos temas, pero lo importante es que empiece a chambear la empresa y aprovechar el recurso que ahí está”, dijo.
En enero de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió 1 mil millones de pesos para la construcción de la presa y aseguró que si el monto se terminaba, aportaría más para contribuir al avance, pero ese año los trabajos de ingeniería no avanzaron.
“El recurso etiquetado no lo podemos perder porque eso genera empleo y genera trabajo. Hay que pensar en la gente y en el desarrollo”, indicó el gobernador.
Para el ejercicio fiscal hay mil millones de pesos, precisó, pero puede haber más.
Mientras tanto, los comuneros mantienen su postura de negociar sobre los 700 millones de pesos que arrojó el avalúo que mandaron hacer sobre los bienes distintos a la tierra, además que esperan negociar que se firme un acuerdo para que la deuda con los dueños de la tierra trascienda el sexenio y sean las futuras autoridades las que respondan por esta deuda, una vez que concluya la gestión de Quirino Ordaz.
