Los números poco claros de Salud en los tiempos del gobernador Mario López Valdez parecen no tener fin. La publicación de un reportaje publicado por el periódico Reforma que coloca a Salud entre los primeros lugares en endeudamiento trajo al escenario una controversia, la cual podría derivar en un crecimiento en los pasivos.
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En los datos periodísticos, se señala que el sistema de Salud en Sinaloa tiene adeudos por 7 mil 379 millones de pesos, lo que provocó que Morena en voz del presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, pidiera un informe al titular de la Secretaría de Salud, sobre esos pasivos que no habían sido señalados en las cuentas públicas que revisó la Auditoría Superior del Estado.
Fue el Grupo Parlamentario del PRI quien señaló que el citado endeudamiento, uno de los mayores del país en el sector, no se incluye un juicio que aún se encuentra en trámite, donde la empresa GIA+A, S. A. de C.V. está exigiendo a la Secretaría de Salud una indemnización de 5 mil 600 millones de pesos.
La controversia nació porque las obras para realizar el Hospital General de Mazatlán, fueron suspendidas. El plan del entonces gobernador Mario López Valdez era llevar a cabo el proyecto bajo un esquema de contrato de asociación público-privada, formato que comprometería el gobierno de Sinaloa recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Con datos en la mano, la presidenta de la Comisión de Salud, Guadalupe Iribe Gascón, explicó que las condiciones ampliamente desventajosas para Sinaloa, tanto la obra como el contrato de asociación pública-privadas fueron suspendidos y las instalaciones en construcción fueron donadas al Ejército Mexicano, quien ahora opera el Hospital Militar de Mazatlán.
Sin embargo, indicó la legisladora priísta, la decisión de suspender la obra derivó en una demanda por parte de la empresa GIA+A contra el gobierno estatal y los Servicios de Salud, a quienes reclama el pago de una indemnización por 5 mil 600 millones de pesos.
La legisladora aseguró que el juicio aún está vigente, sobre el cual se han seguido diversos procesos judiciales, incluso en tribunales internacionales.
Aunque la controversia jurídica no ha sido concluida, existe una nota emitida por las autoridades que señala que la deuda puede arreglarse con menos de 300 millones de pesos.
“Esto muestra lo exagerado de las pretensiones de la empresa demandante, pero aún así, todavía existe la posibilidad de que no sea necesario hacer pago alguno, ya que se agoten todas las fases del juicio”, expuso la legisladora del PRI.
El tema del endeudamiento del sector Salud será un punto sobre el cual, el secretario Efrén Encinas Torres deberá presentar un informe a los diputados el día 31 de enero, durante su comparecencia con motivo de la glosa del más reciente Informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
El presidente de la Comisión de Fiscalización resaltó que un reporte económico de los estados de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud desde marzo de 2019 mostró que en 27 de los 32 estados en los que el sistema de Salud desaparecerá por la operación del INSABI, existen deudas por poco más de 543 mil millones de pesos, principalmente por adeudos con proveedores de medicamentos y material de curación y falta de pago de impuestos.
Precisó que entre los estados que tienen el mayor número de pasivos están Chiapas con 16 mil 783 millones de pesos y Sinaloa con 7 mil 379 millones de pesos.
El legislador de Morena cuestionó que la cantidad con la que se menciona a Sinaloa en materia de adeudos del Sistema de Salud, no existe referencia en los informes de cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, analizados por el Poder Legislativo.
De ahí que el presidente de la Comisión de Fiscalización presentara un Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que presente un informe del endeudamiento del 2002 al 2019 de su sector a cargo, luego de que se conocieran públicamente las observaciones presentadas por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y el gobierno federal, que identifica a Sinaloa como deudor de medicamentos y material de curación, así como pago de impuestos.
Frente a la propuesta de informe del funcionario estatal, la presidenta de la Comisión de Salud, acotó que a la llegada de la administración estatal, el sistema de Salud de Sinaloa tenía adeudos por alrededor de mil 500 millones de pesos, en su mayoría por laudos laborales pendiente por pagar y también por adeudos a diversos proveedores.
Durante la administración estatal de Quirino Ordaz Coppel, aclaró, la deuda se ha incrementado únicamente por 350 millones de pesos que han sido necesarios para hacer frente a las necesidades de equipamiento y operación del Sistema Estatal de Salud.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez, criticó que los funcionarios del exgobernador Mario López Valdez se encuentren en total impunidad, a pesar de los cuantiosos desvíos en el sector salud, el cual prácticamente desaparecieron.
Afirmó que la empresa GIA+A con la cual el Sistema de Salud tiene un adeudo, está vinculada con personas cercanas al expresidente Carlos Salinas de Gortari.
“Se señala también que los magnates Vázquez Raña y Gerard Rivero obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno de Sinaloa de administraciones pasadas, es decir, por más de 25 años en Sinaloa se lucró con el erario público”.
A manera de ejemplo de corrupción en concursos y/o contratos, indicó que el consorcio conformado por Promotora y Desarrolladora en Infraestructura en Salud (PROAN), buscaba invertir 2 mil millones de pesos en el Hospital General de Culiacán, a cambio de un contrato de 8 mil millones con el Gobierno de Sinaloa.
A pesar de las evidencias existentes, aseguró, las autoridades, entre ellas el Congreso del Estado de Sinaloa en legislatura pasadas fueron omisos a los señalamientos y el abuso del poder con la cual actuaban las autoridades estatales en complicidad con grupos de empresarios.
La versión del secretario de Salud sobre los números del endeudamiento será expresada ante los diputados el próximo 31 de enero, fecha fijada para el encuentro.
Artículo publicado el 26 de enero de 2019 en la edición 887 del semanario Ríodoce.
