Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas involucrados en el presunto desvío de 260 millones de pesos negocian para evitar el juicio oral.
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En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal en Culiacán, los abogados de los imputados dijeron que se encontraban en pláticas con el Gobierno del Estado para llegar a una suspensión condicional del proceso penal.
Los involucrados son el ex Secretario, Armando Villarreal Ibarra; el ex Tesorero, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.
La semana pasada estaba programada la audiencia intermedia de Herrera Félix en la que darían a conocer las pruebas para el juicio.
Los abogados pidieron al Juez diferir la audiencia debido a que el imputado no pudo acudir por problemas de salud, además que en la siguiente sesión estarán los tres involucrados y están negociando una suspensión condicional del proceso.
El Ministerio Público y el apoderado legal del Gobierno del Estado dijeron al Juez que ya tenían pláticas avanzadas para llegar a un acuerdo.
De acuerdo con la información proporcionada, la negociación está centrada en la cantidad de dinero que pagarán por reparación del daño.
El Gobierno del Estado como parte afectada tiene disposición para aceptar la suspensión, pero no se han puesto de acuerdo en el monto.
La Fiscalía acusa un desvío de 260 millones 937 mil pesos y en la imputación que presentó al Juez solicita el pago de esa cantidad como reparación del daño.
Para que el Juez conceda la suspensión, los imputados deben proponer un plan de reparación del daño.
Si el Juez aprueba la propuesta, el proceso penal se suspende y los imputados tienen un plazo para pagar y cumplir con las medidas que se impongan.
Una vez que hayan cumplido, la causa penal se cierra y los acusados evitan el juicio oral en el que de ser encontrados culpables recibirían una condena de prisión, el pago de una multa y el pago de la reparación del daño.
Los ex funcionarios están acusados realizar 112 transferencias de cuentas de recursos federales a cuentas estatales y usarlos con fines distintos a los que estaban destinados, durante los últimos seis meses del Gobierno de Mario López Valdez.
Uno de los involucrados, Ernesto Herrera Félix, ya había intentado obtener una suspensión condicional pero fue rechazada por una Jueza.
El imputado ofreció pagar como reparación del daño 209 mil 193 pesos en tres pagos de 69 mil 731 centavos.
El Ministerio Público se opuso porque la cantidad, dijo, era irrisoria y no resarcía el daño.
La Jueza consideró que la cantidad ofrecida era sumamente desproporcionada a los 260 millones de pesos que señala la Fiscalía como afectación y negó aprobar la suspensión.
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La cantidad considerada inicialmente como daño era de 293 millones de pesos, pero después se ajustó debido a que la Auditoria Superior del Estado modificó el monto porque solventaron 31 millones de pesos.
Los ex funcionarios están acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
La FGE asegura que tiene pruebas para llevar a juicio a los ex funcionarios para demostrar que cometieron los delitos y obtener una sentencia condenatoria en su contra.
El Gobierno del Estado ya ha aceptado otras propuestas de suspensión condicional del proceso de ex funcionarios del sexenio pasado.
Uno de las propuestas fue del ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, acusado de asignar un contrato de 14 millones de pesos sin licitación.
Junto con él estaban involucrados el ex director de Atención Médica, Jaime Otañez, a quien la FGE retiró los cargos; y la ex directora Administrativa, Alejandrina Gil Álvarez, la única que enfrentará un juicio oral.
Echeverría Aispuro obtuvo la suspensión del proceso tras el pago de 7 millones de pesos como reparación del daño.
Los involucrados en las presuntas licitaciones a modos para la construcción de dos etapas del Tiburonario de Mazatlán también obtuvieron una suspensión.
En esa causa penal están imputados Dionisio Sánchez Félix, ex Director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Pública; Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos; y José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental Contratos.
Los ex funcionarios presuntamente entregaron contratos por 34 millones 640 mil pesos a dos empresas cuyas propuestas no cumplían con los requisitos y debían ser desechadas.
En la imputación la Fiscalía pedía el pago de 34 millones de pesos como reparación del daño.
Tras negociaciones, acordaron que los imputados retirarían el acrílico que colapsó en el Tiburonario, y taparían el hueco con concreto como reparación del daño.
Tanto la FGE como el Gobierno del Estado estuvieron de acuerdo y el Juez concedió la suspensión y dio un plazo de seis meses para que concluyan la obra.
El Acuario de Mazatlán se opuso y apeló la resolución ya que según su representante jurídico, el daño va más allá del acrílico colapsado pues el inmueble también presenta daños estructurales y está en riesgo de derrumbarse.
El recurso de apelación no se ha resuelto y la Dirección del Acuario no ha permitido que los imputados ingresen al inmueble para reparar el acrílico.
Los ex funcionarios de la SAyF comparecerán juntos en la próxima audiencia y sus abogados darán a conocer la cantidad que ofrecen como reparación del daño para que el Juez suspenda el proceso penal.
Artículo publicado el 12 de enero de 2020 en la edición 885 del semanario Ríodoce.
