El Instituto Nacional Electoral (INE) no entregará a la Secretaría de Gobernación (Segob) la base de datos biométricos de 90.1 millones de ciudadanos del padrón, que le fue solicitada, afirmó el consejero Marco Antonio Baños Martínez.
En entrevista a El Universal, el consejero aseguró que la institución defenderá sus atribuciones de proteger los datos personales de los electores para de este modo evitar su manejo político.
“Este no es un tema donde el instituto se oponga al gobierno que encabeza Morena; en su momento el PRI o el PAN lo plantearon (acceder a la base de datos) para la emisión de la cédula de identidad y la respuesta del Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora del INE es exactamente la misma: los datos de los ciudadanos no se entregarán al gobierno, sea cual sea su color”, expuso al plantear que crear una nueva base de datos como plantea Gobernación implicará un doble gasto.
Baños Martínez, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) del INE, recordó que uno de los elementos clave de la transición a la democracia en México fue que el gobierno no manejara el padrón y que fuera el IFE y hoy el INE el responsable de resguardarlo, “y es lo que queremos preservar. No queremos disputas políticas de nueva cuenta por un uso indebido del padrón electoral y eso es lo que el gobierno no ha querido asumir como un compromiso”.
“El INE sostiene enfáticamente que es necesario que el padrón se mantenga en la administración de una institución autónoma y que no dependa del gobierno”, insistió.
Desde 1990, al crearse el IFE, se levantó un padrón “con certeza de que no votarían los muertos o de que se rasurarían registros, según los gobiernos en turno” y regresar la lista al gobierno sería un retroceso, expuso.
La Segob planea crear un sistema de identidad con las bases de datos biométricos existentes, más los datos de 40 millones de menores de edad (de los que no hay registro), para lo cual busca invertir 600.7 millones de pesos en un software.
Es por eso que ha solicitado al INE los datos del padrón. “Ellos han insistido en que estamos obligados a entregar esa base de datos; nosotros sostenemos que la ley lo prohíbe”, aseveró.
En entrevista, expuso que todavía en diciembre hubo pláticas con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con el director del Registro Nacional de Población (Renapo), Jorge Wheatley, y “ellos sostienen que de acuerdo con la ley estamos
obligados a entregarles los biométricos que tengamos, pero el INE no está en esa condición”.
“Estamos obligados a la protección de los datos personales, y la ley electoral establece que el padrón es para uso exclusivo de las elecciones. Hay información que se puede entregar sólo que un juez la pida; por ejemplo, por un procedimiento de pensión de alimentos, pero lo que quiere hacer Gobernación… no estamos en esa condición”, dijo.
Expresó la disposición del INE a colaborar, pues ya tiene el software, la base de datos blindada y módulos para capturar datos biométricos de todos los mexicanos.
Para eso bastaría sólo un convenio INE-Gobernación, y en cuestión de meses se tendría cédula de identidad y registro de menores de edad. Explicó que “esa es la mejor opción” y se mantendría la confianza ciudadana en el padrón.
“Sería un error —insistió— poner a competir dos credenciales, y sería también un gasto inútil tener dos bases de datos ciudadanas distintas en manos del Estado mexicano”.
El consejero expuso que la condición para que la base de datos del padrón sirva para la cédula de identidad es que este sistema esté “bajo la administración del INE”.
Así se garantizan tres cosas: “primero, no duplicar recursos públicos; en segundo lugar, que el padrón sea administrado por un órgano autónomo y que el gobierno no lo tenga en su poder”.
En tercer lugar, explicó, se permitiría registrar y dotar de cédula de identidad para adultos y menores de edad con la infraestructura que ya tiene el INE y de manera rápida.
El consejero explicó que a la credencial de elector se le podrían incorporar datos para convertirla también en cédula de identidad, lo que abatiría costos.
Con respecto a los 46 millones de niños y adolescentes, Baños Martínez dijo que “lo único que el INE requeriría es que se cubriera el costo del plástico (12 pesos) y con ello podríamos darles su cédula”.
Así el gobierno garantiza la identidad, “pero con la administración del INE. Esa es la condición para no duplicar recursos y garantizar uso imparcial del padrón electoral”, dijo Baños Martínez.