Con 27 años de servicio en el Ayuntamiento de Culiacán, Irineo Herrera Yáñez representa una muestra de los casi 30 trabajadores de la comuna cuyos derechos laborales fueron violentados. Sin derecho a una jubilación, sus prestaciones a la baja y una salud en decadencia, es junto a la tercera edad el común denominador del problema.

El bloque de trabajadores pertenece al departamento de fiscalización y ejecución de la Tesorería Municipal. En el caso de Irineo, ya cuenta con 67 años y la certidumbre es una palabra que no describe su situación laboral.

Junto a él, la mañana del martes 3 de diciembre se presentaron en el patio del Ayuntamiento a hacer público su problema. Más de 22 denuncias por una serie de arbitrariedades laborales, y buscar, entro otras prestaciones, el derecho a jubilarse.

“Ya teníamos más de 15 años de servicio, unos hasta 20 y la verdad nunca se vio la voluntad de ayudarnos, el tomarnos en cuenta como trabajadores. Entonces nosotros viendo esa situación, vino el hecho de bajarnos la carga de trabajo nomás porque andamos gestionando esto y comenzaron a acosarnos con eso que es lo que nos da el sustento del trabajo”, dijo.

La lucha provocó que a algunos trabajadores se les pagara únicamente un salario de 2 mil 245 pesos mensuales, faltando el resto de su paga correspondiente a una compensación por 6 mil 665 que en total serían 10 mil pesos. La medida, luego de la manifestación, se revirtió y el salario se les integró neto.

El duelo legal dio inicio en 2013, fecha en que se demandó a la comuna, cimentados la Ley de Trabajadores al Servicio Municipal, el cual señala que estos están amparados al contrato colectivo de trabajo. En ese entonces fueron 26 trabajadores los que demandaron al Municipio, con montos por 400 mil pesos derivados del laudo emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, dictado el 11 de diciembre de 2015.

Irineo tiene un hongo en los pulmones. Se tardó algunos meses en detectarse pero logró obtener el tratamiento, mismo que durará seis meses al menos. A pesar de ello junto a sus compañeros mantiene esta lucha legal.

“Tuve una baja de peso como de 11 kilos y muy decadente, ya ahorita mejor porque me he cuidado y mantenido, pero me la detectaron como en junio, desde ese tiempo para acá comencé a sentir los estragos, sentirme muy mal, y en ese tiempo no creí poder librarla”.

Sin embargo las administraciones pasaron. En 2017, el 4 de diciembre, la comuna estaba forzada a emitir el primer pago de los 400 mil pesos por demandante. Se pactó en 200 mil, es decir, un importe de 2 millones 600 mil pesos neto y posteriormente los siguientes pagos, cada uno de ellos por 10 mil durante todo 2018, sin embargo no se cumplió.

Además, según consta el laudo, la parte patronal se resiste en reconocer que los actores tienen los derechos de trabajadores de base, además está obligado el Ayuntamiento a darlos de alta en la nómina y realizar los cambios necesarios para que en el sistema de pago de la patronal quede establecido claramente que la categoría de los accionantes aparezca como trabajadores de planta y permanente y de base, y que dejen de aparecer como hasta el día de hoy en calidad de trabajadores de confianza.

Y la medida no es en particular en contra de la actual administración, sin embargo sí demandan se atienda el laudo que sentenció: “gozar de las mismas prestaciones y en las mismas condiciones con las que cuenta un trabajador de base”.

“Éramos eventuales, sin embargo dentro de la Ley del Trabajo se ha venido considerando que nosotros como parte de Fiscalización sí teníamos un derecho, entonces no nos quisieron considerar y afortunadamente se logró aclarar toda la situación y esto pues ya pasó a otra instancia”, añade.

Sin embargo la comuna señala que debido a que pertenecen al área de fiscalización y ejecución, son trabajadores eventuales o de confianza. El laudo emitido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Distrito, con sede en Mazatlán, no solamente restituye sus derechos laborales sino que les da las prestaciones de un trabajador de base.

“El Ayuntamiento hicimos un convenio y ya entramos a nómina pero de confianza y no de base, y ese no era el Laudo. Ahora, actualmente ya podemos acceder también a una jubilación, en el pasado nada de eso, este laudo ya nos permite esto y con el apoyo que nos dio la Suprema Corte de Justicia con el beneficio completo, y que ahora sí ya”, explica Irineo.

Y con el laudo a favor, la medida les permitirá acceder a una pensión por jubilación. Sin embargo ese es otro tema delicado en donde el caso del agente de tránsito Sergio Daniel Gaxiola llama la atención. Él está postrado en una silla de ruedas. Tiene cáncer y con 34 años de servicio no ha podido acceder a una jubilación.

Es uno de los que acudió a manifestarse al palacio municipal. Ataviado con su uniforme, exhorta a sus compañeros a exigir sus derechos, a pesar de que él cuenta con el apoyo de la corporación y no ve vulnerada su economía por su limitación de laborar.

Los cerca de 30 trabajadores con esta problemática son apenas una muestra, según señalan los afectados. Ellos son únicamente de un departamento de la comuna, un puñado de los casi 8 mil trabajadores que laboran en el Ayuntamiento.

Artículo publicado el 15 de diciembre de 2019 en la edición 881 del semanario Ríodoce.