La Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al pleito entre Gobierno del Estado y el Congreso local, al admitir una controversia constitucional que se promovió por el Legislativo tras el veto a los decretos de los informes de las cuentas públicas.

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El Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, acordó el 28 de septiembre solicitar al órgano máximo de revisión de la Constitución que pusiera orden, al asegurar que Quirino Ordaz Coppel desconoce las facultades que tiene el Legislativo sobre fiscalización.

El acuerdo se firmó por los diputados Marco Antonio Zazueta Zazueta, Marco César Almaral Rodríguez, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, de la Comisión de Fiscalización.

“Pretende no se le revisen las cuentas públicas ni a ese Poder, a la administración pública estatal y paraestatal, municipios y sus órganos paramunicipales, a los órganos autónomos, ni a ningún otro en Sinaloa que realicen gasto público, aun cuando la misma Constitución determina que se pueden vigilar gastos incluso hasta de los particulares que reciban recursos públicos”, se estableció en un comunicado del Congreso local.

El 1 de octubre, Gobierno del Estado decidió vetar, por segunda vez en menos de un año, una decisión del Congreso de Sinaloa, primero por el presupuesto 2019 y en esta ocasión por los decretos que aprobó la Cámara con los que le dio un revés a la cuenta pública de 2017, la primera de su administración al frente de Sinaloa.

Esos decretos se aprobaron el 31 de julio, con 20 votos a favor y 18 en contra, después de que el bloque de Morena defendió su postura y desde la Comisión de Fiscalización se elaboró un dictamen contrario a lo propuesto por la Auditoría Superior del Estado, que aprobaba las cuentas, basándose en el principio de la Constitución que establece que el Poder Legislativo está facultado para fiscalizar.

Ahora el caso lo asume la Suprema Corte, con la controversia constitucional 331/2019, que establece que el Congreso local acusó a la administración como un ente que ha tomado su facultad de veto como una herramienta de control político.

Para la coordinadora de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, al admitir la controversia constitucional, la Suprema Corte da paso a que se tenga claridad sobre cómo se debe actuar en materia de revisión de cuentas públicas.

“Fue un tema muy discutido sobre si fue legal o ilegal el marco en el que se analizaron las cuentas públicas”, señaló.

“Finalmente se votó a favor de los dictámenes generados en la Comisión y ahora se trata de dilucidar si el ejecutivo tiene la facultad de veto en materia de fiscalización, no tenemos duda que la tiene en otras materias”, dijo.

El Congreso del Estado sumó a los 18 municipios, 14 órganos descentralizados, cinco secretarías, al Poder Judicial local y al Penal de Culiacán a la controversia constitucional como terceros interesados, pero la Suprema Corte desechó esa solicitud.

Se abre otra discusión…

El proceso de revisión de la controversia constitucional no será corto, este podría terminar en un periodo de dos o tres años, pero éste incluirá una discusión más amplia.

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La Corte tendrá que revisar las legislaciones que corresponden a la controversia y los señalamientos que giran en torno a si el Poder Legislativo puede o no fiscalizar los recursos públicos.

De inicio, el Congreso ha defendido que esa facultad se encuentra inscrita en la Constitución de Sinaloa, pero Gobierno del Estado se defiende recordando que en la última reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado se estableció que el órgano puede formar dictámenes en sentidos positivos o negativos, mientras que comparte reportes a la Comisión de Fiscalización en el sentido de sostener esas decisiones.

“Con esta controversia constitucional el Legislativo busca defender sus facultades de fiscalización”, dijo Graciela Domínguez, “además que el Ejecutivo y Legislativo conozcan hasta dónde y cuándo se puede usar el veto”.

La reforma se hizo en la 62 legislatura, es decir, la anterior a esta, y esa es el sostén, indicó Domínguez Nava, para que el grupo parlamentario del PRI, y ahora Gobierno del Estado en su veto, desconozcan la facultad de fiscalización.

“El veto va en tono político, con golpeteo y descalificaciones, como lo hizo antes el grupo parlamentario del PRI”, señaló la Diputada líder de Morena.

La Suprema Corte de Justicia decidirá quién tiene la razón en este pleito jurídico, pero eso podrá suceder después de dos o tres años, por lo que ahora el grupo parlamentario de Morena se plantea hacer arreglos legislativos para evitar más vetos.

Domínguez Nava explicó que estos son reformar la Ley de la Auditoría Superior del Estado para hacer armoniosa la legislación y evitar interpretaciones con intereses particulares, así como legislar para delimitar las facultades del veto desde el Ejecutivo.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2019 en la edición 878 del semanario Ríodoce.