Contrapeso Legislativo

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No se si sea inédito, pero sí es estimulante, el acuerdo unánime de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, cuando exhorta a la Síndica Procuradora y al titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, para que ambos inicien una investigación por las denuncias de los vecinos de varias colonias del norte de la ciudad. Asimismo, la citación del alcalde y del director de Desarrollo Urbano y del Implan para que expliquen el cambio del uso del suelo y la multiplicación de torres y condominios en zonas habitacionales.

Lea: Pide Congreso comparezca alcalde de Mazatlán sobre permisos de torres departamentales https://bit.ly/2kDkfIb

Se podrá decir que el municipio es libre y autónomo, por lo que este tipo de exhorto y citaciones son un exceso del Congreso del Estado. Sin embargo, no es así, el Congreso del Estado es garante del cumplimiento de las normas legales y en este caso hay una notoria violación de las leyes y reglamentos que regulan el crecimiento de los centros de población, con especial énfasis en las de mayor densidad.

La ausencia de la aplicación de estas leyes y reglamentos provoca que haya un crecimiento anárquico y produce serios problemas en la dotación de servicios públicos, además de que se violan derechos de terceras personas.

No es un secreto que detrás de estas obras que en la actualidad alcanzan 80 torres y condominios —según datos de AMPI—, haya sido costumbre que gobernantes autoricen construcciones que afectan el uso del suelo. Por ejemplo, no hace mucho el anterior director de Desarrollo Urbano renunció señalando que lo hacía porque el alcalde Benítez Torres le había exigido que autorizaran permisos aun cuando no cubrían los requisitos de ley.

Se dijo entonces que aquel funcionario, hoy fuera de la nómina municipal, estaba frenando inversiones y que prácticamente se le agradecía que dejara el cargo. Esos son los problemas de fondo: la corrupción de funcionarios y las prisas para jalar inversiones que dan al traste a un crecimiento ordenado.

Mazatlán es una ciudad con problemas serios de ordenamiento territorial y porque enfrenta una creciente demanda de servicios municipales, lo que obliga a que la autoridad sea el mejor vigilante de las decisiones de que se aplique la ley y sus reglamentos.

Sin embargo, opera en el gobierno más el principio de oportunidad, sin percatarse del uso de suelo y la debilidad de los servicios municipales que deriva en las protestas que están haciendo una docena de colonias para evitar que se sigan derrumbando casas que inmediatamente sirven para levantar torres y condominios. Las cuales perfectamente podrían ser levantadas en la entrada norte de la ciudad, donde existen espacios amplios para desarrollos inmobiliarios.

Ya veremos cómo se toma el exhorto la Síndica Procuradora y responsable de Control Interno del Ayuntamiento, dado que está demostrado por otros casos que no hay sinergia entre ambos funcionarios. Y es que la Síndica ha sido una crítica permanente de muchas decisiones erráticas del alcalde y el contralor interno obedece indeclinablemente a éste por encima de sus responsabilidades de ley. El caso más sonado ha sido el de nepotismo en la administración municipal que la Síndica ha documentado en varias decenas, mientras el contralor interno dice que son inexistentes aun cuando está ampliamente demostrado con puesto, nombre y apellido. Así, está demostrado que el exhorto que no obliga legalmente está destinado al fracaso, salvo que la exhibición pública sirva de algo a la Comisión Permanente.

En el caso de la citación al alcalde y otros funcionarios, esto sí obliga y es probable que vuelen pelos porque ya el edil ha dicho que la mayoría de los permisos de estas construcciones fueron autorizados durante la gestión priista como si fuera un asunto de periodos de gobierno y no de legalidad.

Este adelanto llama a una estrategia de politización del tema, pues es notorio que durante la administración morenista se han autorizados también este tipo de construcciones y esa es una historia que ya hemos visto y termina siendo toma y daca.

Sin embargo, si el Congreso del Estado está convencido de meter en cintura a tirios y troyanos para que cumplan las leyes y reglamentos municipales, podríamos estar empezando realmente una nueva época, donde el poder político está en sintonía con los ciudadanos.

¡Que así sea, ya era hora!

Artículo publicado el 15 de septiembre de 2019 en la edición 868 del semanario Ríodoce.

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