septiembre 23, 2019 2:08 pm

‘Veto de bolsillo’, el as del gobernador en Sinaloa en reprobación de cuentas públicas

congresos

Ya pasaron tres semanas de que el Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas y no hay decreto

Mientras que en el Pleno del Congreso del Estado el Grupo Parlamentario del PRI y sus diputados aliados perdieron la votación para salvar los informes de las cuentas públicas del Ejecutivo, el gobernador demora la publicación de los decretos.

Lea: Propone Morena reforma para evitar que gobernador aplique ‘veto de bolsillo’ https://bit.ly/2L58BPm

El denominado coloquialmente “veto de bolsillo” es un recurso usado por los gobernadores para no dar valor legal a un decreto, cuando no está de acuerdo con ellos, al no publicarlos en el periódico oficial. El caso más recientes son precisamente los decretos sobre los informes reprobatorios de cuentas públicas enviados por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para su publicación.

“Sería un gran error político”, señala la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, que el gobernador Quirino Ordaz Coppel aplique el “veto de bolsillo” en el caso de la publicación de los decretos sobre cuentas públicas.

A tres semanas de su votación en el Poder Legislativo los decretos no han sido publicados por el Poder Ejecutivo en el periódico oficial del Estado de Sinaloa.

“Ha habido una mala práctica de este Ejecutivo Estatal, se tardan mucho en publicar los decretos, no es la primera vez”, señala la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, al precisar que junto con el tema de las cuentas públicas, no se han publicado las reformas a la Ley de Profesiones.

En otros decretos, el gobernador ha tardado semanas en publicar los decretos, recuerda la diputada morenista al hablar de la práctica incurrida en diversas ocasiones por el gobernador en la presente Legislatura.

Frenar el “veto de bolsillo” está en la agenda del Grupo Parlamentario de Morena. El tema fue puesto en la mesa al incluirlo en la agenda del segundo periodo ordinario de sesiones, durante el cual el diputado morenista Juan Ramón Torres Navarro presentó un proyecto de reforma al artículo 213 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Propuesta que se sumó a otra iniciativa en el mismo tema para reformar el artículo 46 de la Constitución local.

De acuerdo con el texto de la sección séptima de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, cuando el Poder Legislativo apruebe una ley o decreto se remitirá al Poder Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones, la promulgará inmediatamente.

El artículo 213 precisa que toda ley o decreto se considerará aprobado por el gobernador, cuando no sea desvuelto para observaciones al Poder Legislativo dentro de los primeros ochos días hábiles desde la fecha que el Poder Ejecutivo recibe el documento. Especifica que en el caso que el Congreso del Estado cierre en este plazo su periodo de sesiones, la devolución deberá realizarse el primer día hábil del nuevo periodo.

GRACIELA DOMÍNGUEZ. “Gran error”.

La propuesta de Morena consiste en agregar al citado artículo que en caso de no existir observaciones, la ley o decreto deberá promulgarse en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la entrega del proyecto al Poder Ejecutivo.

Lea: Aplica gobernador ‘veto de bolsillo’ a leyes de austeridad y remuneraciones https://bit.ly/2Zl9q0K

Y pone candados para evitar que el gobernador retarde la publicación de un decreto. En caso de cumplirse el plazo y no publicarse la Ley o Decreto, el Congreso del Estado, a través de la Mesa Directiva en un plazo de tres días naturales enviará el documento para su publicación al Periódico Oficial.

En la exposición de motivos de la reforma planteada por Morena, se argumenta que existen lagunas jurídicas que permiten que el gobernador en turno ignore el proceso legislativo y no publique una ley.

La iniciativa expone además que el trabajo del Congreso local puede verse afectado por los manejos de los tiempos jurídicos que favorecen a los intereses del Ejecutivo. La incertidumbre ante una ley, asegura, pueden ser dañina para los intereses colectivos.

“Futuras inversiones, decisiones políticas y hasta compromisos ciudadanos se comprometen cuando una ley queda sin ser publicada. Esto atenta de manera directa a los intereses ciudadanos; otorga una atribución ficticia al gobernante en turno sobre el destino de una ley ya aprobada”.

Ante la demora en la publicación de los decretos sobre cuentas públicas de 2017 correspondiente a los 18 municipios y el gobierno estatal, el Grupo Parlamentario de Morena aplicó su mayoría y logró aprobar un exhorto, durante la primera sesión de la Diputación Permanente, para que el gobernador ordene ya la publicación en el Periódico Oficial.

Durante la discusión de la propuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo, calificó como aberrante e improcedente el exhorto, porque el artículo 46 de la Constitución local establece que en caso de que el Congreso cierre su periodo de sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil del periodo de sesiones, es decir, el próximo primer de octubre.

Actualmente existen tres iniciativas de reformas para poner fin al “veto de bolsillo”, dos presentadas por el diputado de Morena, Juan Ramón Torres Navarro, y una más propuesta por el ex diputado panista Roberto Cruz.

“El veto de bolsillo” puede utilizarse como una estrategia jurídico-política para retener la publicación de una ley de manera indefinida, advierte en su iniciativa el ex presidente de la Mesa Directiva de la anterior Legislatura.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2019 en la edición 865 del semanario Ríodoce.

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