Busca la FGR imputar a Rosario Robles daño por 5 mil mdp al erario

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Rosario Robles Berlanga se encuentra en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur donde se otorgó un receso de dos horas para que el Ministerio Público Federal conjunte la información detallada sobre las imputaciones que laFiscalía General de la República (FGR) hace respecto a posibles irregularidades detectadas en al menos 27 convenios que las dependencias que ella encabezó en el gobierno anterior, y que celebró con diversas universidades y organismos de comunicación, lo cual fue solicitado por los abogados de la exfuncionaria.

De acuerdo con información publicada por Eje Central, en total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos es el monto general por el cual la FGR busca imputar a Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu.

En medio del receso de audiencia, Robles Berlanga emitió un mensaje en sus redes. ‘Tal y como me comprometí desde el día que fui enterada del citatorio enviado por la FGR, estoy aquí compareciendo ante el Juez Federal, dando la cara como siempre lo he hecho. Enterándome de las acusaciones de que soy objeto, para preparar mi defensa’.

Agentes del Ministerio Público Federal argumentaron que detectaron irregularidades en al menos 27 convenios que funcionarios de dichas dependencias celebraron con universidades públicas, las cuales habrían afectado gravemente al patrimonio e intereses tanto de la Sedesol como de la Sedatu.

Rosario Robles es acusada de que como titular de dichas dependencias fue informada y tuvo pleno conocimiento a través de diversos informes y notificaciones que se le hicieron llegar por parte de al menos cuatro funcionarios de las mismas instituciones que encabezó y de la Auditoría Superior de la Federación, que le hizo llegar oficios, pliegos de observación y dictámenes técnicos de las anomalías.

Al tener pleno conocimiento tanto verbal como por escrito de las irregularidades detectadas en dichos convenios, el Ministerio Público Federal (MPF) sostuvo que Rosario Robles no evitó que dichas conductas siguieran cometiéndose por los funcionarios a su cargo, ni tampoco informó a su superior, en este caso al presidente Peña Nieto al respecto.

Por lo tanto, al tener conocimiento del ‘grave daño’ a los recursos de esas instituciones, el hecho delictivo en el que habría incurrido la entonces funcionaria es el del ejercicio indebido de la función pública.

En general las irregularidades que señala el MPF es que funcionarios tanto de Sedesol como de Sedatu celebraron contratos con universidades públicas sin verificar que estas contaran con las capacidades técnicas, en razón de lo quelas universidad realizaron subcontrataciones en más del 49% del monto de otras empresas, sin que se comprobara cuáles fueron los servicios que se hubieran contratado o si es que dichos convenios se llevaron a cabo, pues los funcionarios de las dependenciassólo recibían los entregables de las contrataciones, sin que se contara con la documentación que probara que las universidades habrían efectuado algún servicio a Sedesol y Sedatu.

Durante la audiencia, Óscar Rogelio Ramirez, uno de los seis abogados que acompaña a Rosario Robles, buscó, antes de que el MP federal realizara la formulación de la imputación contra Robles, que el juez considerara el otorgamiento de una suspensión provisional a un presunto co-imputado a fin de que la audiencia de su clienta no se llevara a cabo.

El abogado hizo referencia a un juicio de amparo bajo la causa 005/2019, en Chiapas en el que se le habría otorgado la suspensión provisional a un quejoso, quien no quiso revelar su nombre.

Sin embargo, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, desestimó tajantemente la petición de la defensa de Rosario Robles al señalar que se trataba de una medida ‘tramposa’ en la que el beneficio que pudiera haber recibido un co-imputado no tenía ninguna injerencia en la diligencia y las imputaciones que se le están llevando a cabo a Robles Berlanga.

Aunque el abogado no quiso revelar el nombre del imputado a quien se le otorgó la suspensión provisional, se trata de Emilio Zebadúa, colaborador cercano a Rosario quien se empeñó como oficial mayor en las dos dependencias que encabezó la funcionaria.

 

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