Les dieron 24 horas para irse de sus pueblos porque no quisieron quedarse a las órdenes de grupos criminales. Se fueron y dejaron todo: sus casas, la vida, el ganado, la tranquilidad y el alma.

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Para algunos ya pasaron nueve años, para otros cinco, pero qué más da, no quieren volver. Nadie les garantiza que al volver se encontrarán con ellos mismos.

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Rubén Berrelleza huyó de La Vainilla, un poblado del municipio Sinaloa, fue en 2010, después de que un grupo de hombres con armas llegaron y quemaron casas y carros.

“Un día llegaron a mi casa, estaba conmigo un señor que se llama Jesús, estaba ahí conmigo mi señora también y nos tiraron boca abajo, luego llega otra gente de ellos mismos y nos dice que nos levantáramos y que no pasa nada”, recordó.

“El señor que estaba ahí conmigo les dijo ‘¿a poco nos van a matar?’, y no, ya entre ellos mismos que estaban ahí se fueron caminando”.

Nunca le dijeron que se fuera, pero vio cómo a los que vivían junto a él sí. Vio cómo les dijeron a hombres y mujeres jóvenes que debían decidirse sobre trabajar de un bando u otro. Era trabajar con el grupo criminal de Fausto Isidro Meza Flores o el de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

“A mí no me dijeron nada, que me fuera, pero ni modo de quedarme ahí, mejor seguí el hilito y me vine”.

En Sinaloa, de acuerdo con la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de 2006 a 2016 se registraron hasta 36 mil 560 personas que se desplazaron por motivos de violencia.

Datos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de solicitudes de información, establecen que en ese periodo el mayor desplazamiento ocurrió en 13 comunidades del estado.

Esas comunidades expulsoras fueron Ranchería La Noria en Culiacán, Ojo de Agua y Las Palmillas en Escuinapa, Tecomate de la Noria y el Tiro en Mazatlán, La Meza y El Zapote en Sinaloa, El Oro, Tararán, Madriles, Puerto La Judía, Real Blanco y Los Laureles en el municipio de Choix; Corral Quemado en Mocorito, La Ladrillera en Badiraguato, Zaragoza en Ahome, Cieneguilla y Platanar de los Oliveros en Concordia, y El Llano en Angostura.

El señor Rubén desconoce cuántas personas podría haber en su situación, se limita a narrar las tres ocasiones en que le prometieron que algún día volvería a su tierra.

“Han venido muchas veces y me han dicho que la cosa ya se calmó, y sí es cierto, yo fui cinco años después de que me vine”, dijo.

“Ahí estaba mi casa… abandonada, sucia, como casi todas, pero me regresé. No estoy seguro de que si me regreso las cosas vayan a estar bien como antes”.

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A Don Luis y Doña María les dijeron que si no querían regresar no pasaba nada, que solo se inscribieran en un padrón del programa Prospera y que no les faltaría dinero para vivir.

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En 2012 llegaron a Sinaloa de Leyva desde Cuitaboca, huyendo como todos los demás que ahora viven en otros municipios o fuera del dstado, y desde esa fecha han buscado recuperar la estabilidad que les daba la Sierra Madre Occidental.

“Lo que haga uno aquí es pura mentira. Uno se la vive imaginando que va a llegar el dinero, y sí va a llegar, muy seguramente cuando uno esté en el ataúd”, dice Don Luis.

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En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para resguardar la vida de Esperanza Hernández Lugo, mujer desplazada de la comunidad de Ocurahui, Sinaloa.

Las medidas exigieron que Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación atendieran la seguridad, salud y salud emocional de ella y otra persona originaria de Choix.

Luego, en 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al Gobierno de Sinaloa para atender las mismas necesidades, agregando educación, trabajo y vivienda digna.

También se ordenó la elaboración de un censo, el cual comenzó este año, coordinado por investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes prometieron terminarlo a más tardar en agosto.

Con éste se establecerá de qué manera deben aplicarse políticas públicas y la repartición de 30 millones de pesos que fueron asignados por el Congreso local en el presupuesto de egresos 2019.

Hernández Lugo dijo que la aplicación de las encuestas es incorrecta, pues se debió visitar a todas las viviendas de Sinaloa para corroborar de manera más exacta cuántas personas se desplazaron por violencia.

En cambio, prosiguió, este se ha elaborado en eventos masivos, como el que ocurrió el 12 de julio en Sinaloa de Leyva, al que llegaron más de 400 familias a registrar sus datos y necesidades.

“Es un censo mal hecho, que lo están haciendo porque según así está en la minuta de los acuerdos que tuvimos nosotros con ellos”, aseguró.

“Pero solo hacen caso a puntos a modo, que nosotros no recordamos, como para hacer estos eventos, para repartir los 30 millones y para meter a más grupos de desplazados que no estaban”.

Hernández Lugo explicó que de los 30 millones de pesos, 15 fueron otorgados al grupo de desplazados de la zona sur del dstado, otros 5 millones se usaron para despensas, y 5 millones más se programaron para comprar terrenos en Culiacán y Guamúchil.

De este último proyecto, aún no se han aplicado esos fondos, y del resto del dinero se desconoce cuál es el trato que se le ha dado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo publicado el 14 de julio de 2019 en la edición 859 del semanario Ríodoce.