Una queja dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, fue presentada por parte del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión contra autoridades de Mazatlán y Escuinapa.
A través de un comunicado, la agrupación que aglutina a periodistas de Mazatlán principalmente, informó que se entregó una relatoría ante estas instancias y que también fue turnada a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa, a la síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño y a la síndica procuradora del Ayuntamiento de Escuinapa, Olivia Santibáñez Domínguez, para que desde el ámbito de sus facultades actúen en consecuencia.
“Autoridades municipales de Mazatlán y Escuinapa intentan evitar que se informe con libertad sobre acciones de gobierno y uso de recursos públicos; hay al menos 14 casos registrados en lo que va del año” informó.
En medio de un contexto de riesgo para el periodismo en el país y en Sinaloa, el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión ha documentado en lo que va de este año al menos 14 agresiones y bloqueos informativos en la región sur del estado en contra de la prensa que intenta ser crítica con los gobiernos locales. En todos ellos, las denuncias apuntan a funcionarios públicos en los ayuntamientos de Mazatlán y Escuinapa, donde esta problemática se ha convertido en cosa cotidiana, expuso.
“En Mazatlán ocurre la gran mayoría de los casos aquí registrados, bajo la administración del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Los periodistas críticos enfrentan un clima hostil e incierto debido a las denostaciones públicas al gremio, amenazas, intimidaciones, espionaje, intentos de control a través de la publicidad oficial, campañas de desprestigio, así como distintas prácticas que en la mayoría de los casos van enfocadas a evitar que informen con libertad a los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y el uso de recursos públicos”, cita el comunicado.
Los hechos registrados en ambos municipios del sur de Sinaloa tienen un fuerte componente de violencia de género, se indica, ya que se incluyen agresiones a mujeres que ejercen el periodismo y declaraciones denigrantes, como la emitida públicamente por el alcalde de Escuinapa, Emett Soto Grave, de la cual se da cuenta en la relatoría que se anexa a este comunicado.
Soto Grave habría emitido declaraciones misóginas en contra de la corresponsal de un diario local, al señalar que era mejor ama de casa que periodista.
El Colectivo informó que esta no es la primera vez en la que denuncian públicamente las agresiones contra el gremio periodístico. En reiteradas ocasiones, se ha hecho un llamado a las autoridades para que cumplan con su deber constitucional de garantizar el respeto a la libre expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
“Con preocupación vemos que el clima de violencia contra el gremio va en aumento, motivo por el que esta organización libre e independiente presentó una queja dirigida a las organizaciones de derechos humanos y síndicas de ambos municipios.
“Presentamos este balance parcial a ustedes, defensores y promotores de los derechos humanos y autoridades, como una muestra de los peligros que enfrenta el periodismo en el escenario político actual, donde la división y la polarización laceran a toda la sociedad. Pero sobre todo para destacar la urgencia de que el Estado mexicano, a través de su andamiaje institucional, garantice la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país y en nuestra región”, cita el documento.
Es importante destacar que este es sólo un balance parcial de las denuncias recopiladas en lo que va del año a través de las publicaciones en medios impresos, radiales y electrónicos, confirmadas con los propios afectados, además de algunos otros testimonios recabados directamente por este Colectivo.
Los hechos intimidatorios que se consignan en la relatoría limitan el uso pleno de las libertades, expusieron, no debe perderse de vista que la labor de un periodista consiste en investigar, documentar e informar a la ciudadanía sobre temas de interés público en un marco de respeto a los derechos humanos y constitucionales, aunque esto no sea del agrado de la autoridad.
El periodismo contribuye a la libertad de expresión y al acceso a la información que se reconocen como un derecho ciudadano en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene el colectivo.
“De nueva cuenta, hacemos un llamado a la autoridad municipal y todas las instancias de gobierno para que se abstenga de violentar las leyes y de obstaculizar el ejercicio periodístico”, conminaron.
