El coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán, regidor Jesser Yael Martínez Otero, defendió la necesidad del nuevo relleno sanitario pero reconoció que la forma en que se manejó el proceso antes de la sesión extraordinaria de este lunes no fue la adecuada.
La protesta de vecinos de comunidades colindantes a la sindicatura de El Habal obligó a suspender la votación sobre la compra del predio “La Amapa” por 33 millones 718 mil 300 pesos.
Martínez Otero mencionó que lo que el Cabildo iba a votar no era la compra definitiva del terreno sino una promesa de compraventa con cláusula suspensiva; si el predio no superaba los estudios técnicos exigidos por la NOM-083-SEMARNAT-2003, la operación quedaba sin efecto y sin costo para el municipio.
“Eso quiero que quede claro, en el dictamen ahí está, por si lo quieren revisar”, dijo.
Frente a las críticas por la falta de socialización previa, el regidor admitió que el proceso pudo haberse manejado de otra manera, pero argumentó que revelar el predio antes de contar con los estudios definitivos exponía tanto a los propietarios como al proyecto.
“Si usted va a hacer una promesa de compra con unas personas, usted expone a la persona a la que está comprando, expone dónde se va a hacer y pasa esto”, señaló, refiriéndose a la protesta.
Añadió que cuando se identifique un nuevo terreno candidato, la experiencia de este lunes servirá para hacerlo “de otra forma distinta”.
Sobre los temores de los vecinos en torno a la contaminación de pozos y mantos freáticos, el regidor sostuvo que un relleno sanitario opera con ingeniería que atrapa y trata los lixiviados, a diferencia del tiradero a cielo abierto que lleva más de 50 años operando en el Ejido de Urías.
“Hay mucha diferencia entre un basurón a cielo abierto y un relleno sanitario”, dijo.
Sin embargo, reconoció que el rechazo tiene una lógica comprensible, y es que “a nadie le va a gustar que pongan cerca de su domicilio o de una comunidad ese tema, aunque es una necesidad de todo el pueblo”.
Martínez Otero subrayó que el municipio enfrenta una multa de aproximadamente 54 millones de pesos por el incumplimiento de la sentencia del juicio de Acción Colectiva 16/2014, cifra que supera el precio del terreno que se pretendía adquirir.
“Es más fácil ponerle solución que prolongarlo y dejárselo a otra administración”, afirmó.
Cuestionado sobre si el proceso debió sujetarse a una licitación por tratarse de más de 33 millones de pesos de recursos públicos, el regidor respondió que no, porque la compra no estaba perfeccionada y fue SEBIDES, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado, la instancia que identificó el predio como posible candidato conforme a la norma.
Precisó que “La Amapa” no es el primer terreno analizado, y que en esta administración se han evaluado alrededor de 17 predios, entre ellos Miravalles, descartados por no cumplir los criterios de la norma federal.
Respecto a los tiempos para retomar la búsqueda, el regidor dijo desconocer cuánto tardará SEBIDES en identificar una opción viable.
Tampoco precisó quién da seguimiento a las obras de remediación en el basurón actual, aunque mencionó a Servicios Públicos y a la Dirección de Ecología como las áreas involucradas junto con autoridades estatales.
Finalmente la sesión extraordinaria quedó suspendida, y el problema del basurón, sin fecha de solución.
