Juan Manuel Arreola Macías, uno de los tres socios de la Compañía Azucarera de Los Mochis implicados en la acusación de fraude genérico por empresarios regiomontanos que les imputan un quebranto de 6 millones de dólares, pretendió un garlito en contra del juez de la causa penal, Luis Nicanor Barajas Peregrina para que le cancelara la orden de aprehensión y eliminara las medidas cautelares a que se encuentra sometido.
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El letrado no cayó en el engaño.
Y es que Arreola Macías respondió a la audiencia inicial del caso 407/2018 al que lo llamó el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte para que declare a la imputación que hace la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado de Sinaloa por acusación de Javier Paredes Alvarado, Director General de Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos (Proppasa) por un quebranto de 2 mil 600 millones de pesos al incumplir un contrato de entrega de azúcar refinada desde el año 2014 hasta el año 2016.
Arreola Macías aceptó que se presentaría a declarar a las 10:30 horas del lunes 10 de junio, por lo que el magistrado abrió la sala A para realizar la audiencia inicial.
Llegada a la cita, el socio de los también coacusados Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid se apersonó, pero para cambiar de defensa, por lo que la audiencia programada no se apertura. Mientras lo hacía, un actuario notificaba que el mismo civil obtenía una suspensión provisional a cualquier captura policial mediante un juicio de amparo. Sin embargo, Arreola Macías buscó que el juez Barajas Peregrina cancelara la orden de aprehensión alegando que ya se había presentado a la audiencia y que le eliminara las medidas restrictivas, lo que negó el tribuno puesto que la audiencia no se realizó.
No obstante, el juez concedió a la defensa de Arreola Macías 15 días para conocer el expediente y fijó el 1 de julio a las 10:30 horas como nueva fecha para la audiencia no aperturada.
Mientras se desahogaba el alegato, la agente del Ministerio Público organizaba un operativo en el exterior para capturar a Arreola Macías, desconociendo que estaba amparado.
Al salir, un grupo de ministeriales pretendió ejecutar la orden de captura.
Arreola argumentó que estaba amparado, pero no mostró el documento. Los policías lo condujeron a la partida, pero sólo para correr el trámite. Acreditado que tenía a su favor la suspensión provisional continuó su camino.
La nueva fecha para la audiencia inicial está corriendo.
Fracasado el garlito delex industrial, la contraparte se frota las manos. Eso porque en los primeros amparos definitivos que le concedieron los jueces de distrito locales, finalmente fueron revocados por un tribunal de alzada, en la revisión pedida por Paredes Alvarado.
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“Esa sentencia de revocación ya quedó firme y es inatacable. Hoy, lo que procede es presentar la sentencia en cada amparo que ellos soliciten, pues se trata de un asunto ya resuelto, en el que no hay otra opción más que la de ejecutar las ordenes de aprehensión que tienen Arreola Macías, Elizondo Macías y de la Vega Valladolid”.
Con tanto revés en su contra por componendas políticas entre las instituciones del estado sinaloense y las familias involucradas, los empresarios regiomontanos aprendieron a hacer el doble juego, y ahora para eliminar la protección del Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo a los ex industriales mochitenses, recurrieron al Congreso del Estado y tramitaron un juicio político en contra del procurador de justicia.
La acusación la presentaron en oficialía de parte el miércoles 5 de junio, cinco días antes de que se desahogara la audiencia inicial.
Paredes Alvarado comentó que como prueba documental para la Comisión Instructora del Congreso del Estado anexaron las actuaciones en los expedientes y que van desde filtraciones de probanzas, diligencias a modo, dilación de trámites, obstaculización de avances de las carpetas de investigación, entre otras acciones.
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Dijo que en Sinaloa es difícil invertir y generar negocios y riqueza, pues los empresarios que gozan de los favores del gobierno siempre van con la ventaja de frente, pretendiendo sacarla de su contraparte ya sea con trinquetes legales o por el uso de la fuerza política.
“Cuando aquí, el gobierno quiere beneficiar a sus amigos, los pudientes, y afectar al capital foráneo, sea nacional o de cualquier índole, tranzan por cualquier método. Nosotros fuimos sus víctimas y ya tenemos tres años en un litigio que va a durar otros tantos. Los Arreola Macías, Elizondo Macías y De la Vega Valladolid saben que están perdidos, pero se aferran a los engaños legales. Nosotros vamos atrás de ellos para conducirlos a la justicia, no sólo para nosotros, sino para todos los sinaloenses a los que también estafaron”, dijo.
Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.
