Las solicitudes de juicio político empiezan a acumularse en el Congreso del Estado. En ocho meses de trabajo legislativo ya se han presentado seis, de las cuales ninguna ha sido resuelta o rechazada.
“Nosotros no vamos a congelar ningún juicio político”, ataja la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, quien opina que el aumento de solicitudes es resultado de una mayor confianza ciudadana, la cual está más involucrada en la supervisión de los funcionarios públicos.
De acuerdo con el texto de la Constitución local podrán ser sujetos a juicio político los funcionarios que incurran en tres situaciones: violaciones graves a disposiciones expresas de la Constitución federal, así como de las leyes que de ellas emanen; manejo indebido de fondos del Estado o de la Federación; y ataques a la libertad electoral.
El artículo 132 constitucional establece que los sujetos a juicios políticos podrán ser, entre otros, los titulares de los órganos constitucionales autónomos, los presidentes municipales, diputados y síndicos procuradores.
El juicio político está también contemplado dentro de la Ley Responsabilidades de Funcionarios Públicos, la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la propia Constitución. En las más recientes legislaturas, los juicios políticos no han llegado a ser recurso legal para sancionar a servidores públicos.
En las dos anteriores legislaturas se recibieron solicitudes de Juicio Político con los entonces alcaldes de Culiacán y Navolato, Sergio Torres Félix y Miguel Enrique Calderón Quevedo, respectivamente. Ambos expedientes fueron tratados por las Legislaturas con letargo y no prosperaron.
El alcalde de Culiacán, Sergio Torres fue demandado doblemente por juicio político: por el uso de recursos públicos en campañas políticas y por la aplicación del par vial.
En el caso del alcalde de Navolato, la solicitud fue presentada por el entonces regidor Guadalupe Santana Palma.
En la lista de solicitudes de juicio político el mayor marcador lo tiene el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, con tres expedientes en su contra.
8 de abril
Felipe Villegas, quien fuese gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, destituido por el alcalde de Ahome, y ocho agrupaciones de ciudadanos, presentó la primera solicitud de juicio político contra Luis Guillermo Chapman.
Luego se sumarían otras agrupaciones ciudadanas para solicitar el juicio político del alcalde de Ahome, entre ellas una presidida por Guillermo Padilla con la organización civil Vigilantes Ciudadano. El activista acusó que el alcalde actuó con negligencia en el sistema de drenaje colapsado que provocó un brote de hepatitis y problemas gastrointestinales en la población, entre otras situaciones, como el casode la niña ofendida por su obesidad y las sanciones contra la policía Dinora Valdez López.
7 de mayo
El propio alcalde de Ahome también aportó a la estadística de presentación de juicios políticos, al solicitar uno contra su sindica procuradora, Angelina Valenzuela Benítez, quien a su vez denunció al acalde por amenazas. Las razones o argumentos del Chapman Moreno presentadas por escrito ante el Poder Legislativo se desconocen.
10 de junio
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, SUNTUAS, presentó su solicitud de juicio político contra los diputados de Morena Pedro Villegas Lobo y Adriana Zárate Valenzuela, a quienes acusaron de violentar la autonomía de la organización universitaria, al acudir a un evento gremial de elección interna.
12 de junio
Un grupo de empresarios de Monterrey presentó una demanda de juicio político contra el fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, por considerar que no ha actuado como corresponde a los juicios ganados en torno al ingenio azucarero de Los Mochis.
Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.
