Karla Quintana Osuna se camufla entre los familiares de personas desaparecidas. Su estilo como funcionaria pública es sencillo, práctica y no tiene empero en reconocer que su trabajo la puede sobrepasar. Por eso permanece entre los colectivos.

Lea: ‘No localizados’, el eufemismo oficial a los desaparecidos https://bit.ly/2wdnzMm

“Lo primero que hay que reconocer siempre es que quienes han hecho este trabajo son las familias, y mayoritariamente las mujeres, la búsqueda ha sido de mujeres y la mayoría de ellas son madres”, expresó.

“Ellas son los que avanzaron la ley, son las que avanzaron esta institución, la Comisión de Búsqueda, para que fuera un puente para seguir en la búsqueda y que no estén solas”.

Es la primera Comisionada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, y se ha encontrado con un desastre mayor a lo que los colectivos de familiares han expuesto en los últimos 10 años.

Como ejemplo cita Sinaloa: hay solo 15 ministerios públicos en la Fiscalía General del Estado para atender más de 6 mil 600 casos registrados de personas desaparecidas, un laboratorio de genética forense para identificar los cadáveres que son irreconocibles y que han sido encontrados en lugares como fosas clandestinas. Solo este año superan los 100 cuerpos exhumados entre enero y mayo.

Un solo laboratorio. Pero no es todo: hay cuatro unidades de servicio médico forense, tres de ellas se construyeron en la administración de Marco Antonio Higuera Gómez entre 2013 y 2016, pero a la fecha están sin funcionar, y la única que opera tuvo que ser ampliada por el exceso de cuerpos que estaban apilados en los patios.

Los otros tres servicios médico forense están vacíos. Son edificios ubicados en las regiones judiciales, porque como parte de la adaptación al nuevo sistema de justicia se debía cumplir con el estándar de investigar con método científico. No funcionan.

Esa radiografía es la que ha dado forma a los 15 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que se encuentran en el estado.

Son esas mismas agrupaciones las que han hecho los hallazgos de personas en fosas y han hecho cambios en la administración pública, pues la operación del laboratorio e incremento de ministerios públicos —para 2015 sólo eran tres agentes para todo el estado—, es una exigencia constante.

Quintana Osuna recuerda que apenas se nombró a Juan Carlos Saavedra Ortega, y que a él le tocará ser el punto de inflexión en la administración pública para que se atienda la crisis local.

“Quien tiene la obligación, y eso lo hemos dicho desde la Secretaría de Gobernación, porque es una deuda histórica en materia de derechos humanos, quien tiene la obligación de buscar es el Estado y aquí sin dividir si es la entidad federativa o la federación”, aseguró.

“La intención es que nunca más lo hagan solas y necesitamos ser más, ser más en términos generales en las comisiones estatales, en la Comisión Nacional de Búsqueda”.

La descripción de Sinaloa sirvió a Quintana Osuna para dar contexto a la realidad de las 32 entidades. Esta, dice, no es la entidad más atrasada, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y Guerrero tienen un déficit más grave.

“El principal reto del sistema es que sea robusto para que pueda responder, no solo con capacidades, sino con un entrenamiento, con la contratación de personas y con recursos materiales y humanos, y cuando hablo de sistemas, hablo también de las fiscalías”.

La complejidad de buscar a personas desaparecidas, dice, consiste en que los que se encargaron —y aún lo hacen— no hicieron lo que les correspondía y ahora el desorden que se tiene, tiene que ser corregido desde la raíz.

Uno de esos desórdenes son los registros, como el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación, que se nutre de información estadística de las fiscalías y procuradurías estatales.

Esos organismos y dependencias han enviado información incompleta, es decir, los 37 mil 435 casos que arroja el RNPED hasta abril del 2018 no son todos.

Lea: Mil 138 desaparecidos y secuestrados en Sinaloa, la cifra más alta en los últimos 3 años https://bit.ly/2KmQsP9

Lo que se encontró por la Comisión Nacional de Búsqueda es que los expedientes procesados tienen distintos tipos de delitos, como desaparición por particulares, desaparición forzada y extravío.

Solo en algunas entidades también se contabilizaron los casos de privación ilegal de la libertad, trata y rapto.

Quintana Osuna explicó que el proyecto es que se unifiquen protocolos y así se pueda formar un registro uniforme, que podría superar la expectativa sobre la cantidad real de casos registrados ante el Ministerio Público.

“Falta mucha pedagogía institucional de la dimensión de lo que es una desaparición de personas y de lo que implica en términos humanos y jurídicos”, dijo.

“En el RNPED, si uno hace una revisión, parecería que la información que mandan las fiscalías, la mayoría de ellas, son personas que se les está buscando bajo el delito de desaparición forzada o desaparición por particulares, que parecería la obviedad, pero también hay muchas personas desaparecidas por trata de personas, tanto sexual como laboral, también el secuestro, incluso habiendo dado el rescate”.

Similar es el caso de los registros sobre cadáveres encontrados en fosas clandestinas, el de fosas comunes y el de identificación de restos por pruebas de ADN.

Quintana Osuna planteó que el proyecto de la Comisión Nacional de Búsqueda consistirá en dos partes, la primera en hacer comprender a los funcionarios el problema de desapariciones forzadas en México y la segunda en que se forme un equipo que acompañe a los familiares.

Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.