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¿Podría reactivarse el programa de estancias infantiles?

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A partir del pasado lunes 10 de junio, todos los amparos que están en proceso contra los recortes en estancias infantiles deberán ser resueltos a favor de los padres. Pero a Adriana de nada le sirve. Ella tuvo que cerrar su guardería porque no pudo sostenerla más.

Lea: Recorte a guarderías de Sedesol se lleva a justos y pecadores https://bit.ly/2WRRbKI

Ubicada sobre la calle 20 de Noviembre en la colonia Anáhuac de Los Mochis, la estancia infantil Pequeños Gigantes no será más.

Derivado de las deudas adquiridas por el apoyo quitado, la operación de la guardería no pudo continuar, y con ello cinco empleadas quedaron sin trabajo para engrosar la estadística de establecimientos cerrados de enero a la fecha, la cual se estima en alrededor de 100.

“Yo ya cerré, tuve que entregar la casa. Cuando abrí la estancia pues la verdad muy ilusionada, no era mi casa pero le invertí para hacer las adecuaciones, que los niños estuvieran en un lugar agradable, entonces como no pude seguir tuve que entregar la casa, entonces si el programa se regresa yo ya no podría”, explica.

Adriana se refiere a las tres tesis de jurisprudencia que fueron publicadas el viernes 7 en el Semanario Judicial de la Federación y boletinadas por el Partido Acción Nacional, en donde señalan que el gobierno federal debe otorgar los apoyos que les correspondan a los padres de familia y a los responsables de las estancias conforme a los lineamientos de 2018.

El movimiento inició en Chihuahua y ese mismo fue el que sentó las bases con la presentación de 176 amparos que solicitaban la reinstalación del Programa de Estancias Infantiles.

En Sinaloa, el diputado federal Carlos Castaños informó el martes 14 de mayo que un Juez del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento ordenando al Gobierno Federal que reactive el programa de Estancias Infantiles en Sinaloa.

Fueron 189 estancias infantiles las que promovieron juicios de amparo de las 358 registradas en Sinaloa y todas obtuvieron amparos de jueces federales, con lo que obligan a la Secretaría de Bienestar a entregarles los subsidios por cada niño que atienden, en forma retroactiva de enero al mes de abril.

Posteriormente, junto a su compañero de bancada, Mario Mata, confirmó la ratificación por parte de un juzgado federal y con ello la obligación por parte de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa de dar cumplimiento a la sentencia.

En rueda de prensa, ambos diputados adelantaban la posibilidad de que se sentaran las bases para una jurisprudencia a nivel nacional y con ello el posible retorno del programa a nivel nacional.

“Es importante también señalar que el no cumplir en un determinado tiempo tiene también su consecuencia. Por ejemplo el súper delegado de Chihuahua ya tiene una multa de 600 mil pesos porque se sigue negando (a cumplir), por otro lado está la inhabilitación del cargo y en tercera instancia está la cárcel, que según el artículo 262 de la Ley de Amparo es de tres a nueve años”, indicó Carlos Castaños.

Pero Adriana insiste en que para ella es demasiado tarde, y la posibilidad de reanudar operaciones es casi imposible.

“Para empezar estoy muy endeudada, estos meses que el gobierno no nos apoyó yo me tuve que ‘encharcar’ en préstamos, créditos, pedir prestado acá y allá, o sea, ya no tengo la solvencia para adaptar otra casa, ya no podría; y soy mamá soltera con dos hijos y pues te lo juro, caí en depresión porque me quedé sin trabajo, mis muchachas muy leales y tuvieron que dejarlo igual”.

En el 2018 se tenía el registro de 9 mil 563 estancias infantiles operando en el país, las cuales beneficiaban a poco más de 302 mil 500 madres y 10 mil 800 padres solos, con atención a casi 330 mil niños y niñas a través de un apoyo mensual de 950 pesos.

El programa fue cortado debido a supuestas evidencias de padrones inflados y “niños fantasma”, por lo que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la entrega de este apoyo fue modificada, y el presidente anunció que serían otorgados 800 pesos mensuales en entregas bimensuales, es decir mil 600 pesos cada dos meses, pero de manera directa hacia los padres de familia, los cuales comenzaron a entregarse a partir del 4 de abril.

Pero las maniobras que Adriana tuvo que hacer no alcanzaron a sacar adelante su establecimiento, ni siquiera cuando subió un poco la cuota de recuperación, medida que los padres aceptaron, sin embargo no logró subsistir.

Su estancia fue abierta el 7 de septiembre de 2015. Por espacio de casi cuatro años atendía en promedio a 40 niños. Ahora, sólo tiene buenos deseos para el gremio aunque ella haya perdido su patrimonio.

“Y ojalá que el programa regresara. Por mis compañeras que todavía están luchando y mi admiración para ellas porque a pesar de todo lo que hemos pasado ahí siguen en la lucha y ojalá que se resuelva esto, y no nada más por ellas sino por las mamás y los niños, el beneficio que tenían porque muchos niños se quedaron sin nada”.

Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.

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