Sinaloa es de los estados más afectados por el desplazamiento de personas durante 2018.

De acuerdo con el informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, la violencia vinculada al tráfico de drogas ocasionó 11 mil nuevos desplazamientos en el país.

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Según el documento, las entidades más afectadas por los desplazamientos son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

Durante el año pasado en el país, por la violencia y los desastres climatológicos hubo 31 mil desplazados.

Señala que desde una perspectiva urbana, muchas ciudades registraron desplazamientos por la actividad violenta del narcotráfico, entre ellas Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana.

La cifra de desplazados, indica, podría ser mayor, debido a que los datos sobre el desplazamiento interno y las políticas para abordarlo están lejos de ser exhaustivas.

Menciona que las personas desplazadas internamente en Guerrero están expuestas a extorsión y criminalidad.

El informe señala desplazamientos internos en Ecuador atribuidos a conflictos del Cártel de Sinaloa y grupos guerrilleros.

Detalla que en ese país hubo al menos 420 nuevos desplazamientos asociados a conflictos y violencia ya que la presencia de los disidentes de las FARC y grupos de narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa en la provincia de Esmeraldas obligaron a las personas a huir.

Esa provincia, indica, es una área estratégica por su ubicación para estos grupos porque comparte mar y fronteras terrestres con Tumaco, la mayor zona productora de coca en Colombia.

Las operaciones militares conjuntas han tenido lugar en ambos lados de la frontera y la situación emergente muestra que la producción de drogas y la trata siguen siendo un importante motor de conflicto, inestabilidad y desplazamiento en la región, establece.

Además menciona que el país registró entre 11 mil y 13 mil nuevos desplazados a causa de la tormenta tropical “Willa”, que golpeó con vientos de hasta 220 kilómetros por hora las costas de Jalisco, Colima y Michoacán en octubre de 2018.

El informe estima que en el país hay 338 mil desplazados internos por crisis climáticas, violencia política, conflictos por disputas de tierras y violencia asociada a grupos delictivos.

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Esta cifra coloca a México en el lugar 20 de los países con mayor número de desplazados internos, por delante de Costa de Marl, Libia y Mali.

El organismo menciona que la corrupción también es un factor de riesgo que puede provocar desplazamientos en México.

La corrupción también es un factor generalizado del riesgo de desastres urbanos, como por ejemplo, la Ciudad de México tiene normas de construcción estrictas, pero la corrupción sigue comprometiendo el cumplimiento.

Esto puede tener graves consecuencias como se vio en el terremoto de 2017, cuando se derrumbaron edificios que no cumplían con el reglamento de construcción.

Organizaciones de la sociedad civil han desarrollado enfoques para combatir la corrupción antes, durante y después de los desastres, pero se necesita una mejor comprensión de cómo sigue afectando a los niveles de riesgo y a las personas afectadas, incluidos los desplazados internos.

Señala que se prevé que la mayoría de los desplazamientos futuros relacionados con desastres ocurrirán en entornos urbanos.

La modificación de la Ley General de Víctimas del país para incluir a los desplazados internos como un grupo vulnerable y la propuesta del Senado para establecer una Ley específica sobre protección de desplazados internos en 2018 son pasos positivos, menciona.

El documento sostiene que en 2018 hubo 28 millones de nuevos desplazados asociados a conflictos y desastres en 148 países.

Los más afectados por enfrentamientos internos fueron Etiopía, República Democrática del Congo, Siria y Somalia; mientras que Filipinas, China, India y Estados Unidos padecieron las tasas más elevadas por desastres climatológicos.

En 55 países, 41 millones 300 mil personas viven fuera de su hogar por conflictos armados y violencia delictiva, “la cifra más alta jamás registrada”.

En Sinaloa los desplazamientos habían ocurrido por la violencia generada por los grupos de narcotráfico, pero este año han sido provocados por el robo de oro.

Desde 2012, aumentó la cantidad de familias que dejaban sus hogares por las condiciones de inseguridad que se vivía en sus poblados.

En ese entonces la violencia por los grupos armados que se disputaban el control de los territorios para la siembra y trasiego de drogas.

Desde marzo de este año, en el municipio de Rosario, familias de la zona serrana empezaron a dejar sus hogares ante una ola de homicidios y agresiones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la violencia en esa zona es causada por un grupo delincuencial originario de Durango que incursionó a Sinaloa.

La gavilla se dedica al robo de oro y la zona afectada es una área minera.

En los primeros  tres meses del año asesinaron a ochos personas relacionadas con la minería.

La violencia ocasionó que 90 familias de 17 comunidades dejaran sus hogares y se desplazaran hacia la cabecera municipal y a Mazatlán.

Artículo publicado el 19 de mayo de 2019 en la edición 851 del semanario Ríodoce.