Ernesto Echeverría Aispuro no libra los juzgados.
En el caso penal, cuando se le acusó de haber hecho una contratación irregular con la empresa Herramientas Médicas, logró librar la cárcel a través de una suspensión condicional del proceso, con la que pagó 7 millones de pesos para que se le exonerara. Sus asuntos legales no terminaron ahí. Antes de presentarse en los juzgados, fue sancionado dos veces por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
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En uno de los casos se le impuso una inhabilitación por 7 años y se le sancionó de forma económica por 31 millones 900 mil pesos; en el otro caso se le impuso inhabilitación por 8 años y sanción económica de 447 millones 153 mil 481.79 pesos.
Por ambos casos presentó juicios de nulidad y en uno ya perdió. Ese caso es por haber celebrado los contratos SSS/060/2014 y SSS/061/2014, sin que exista evidencia de que se hayan suscritos con la autorización previa del Comité de Adquisiciones y sin que exista evidencia comprobatoria que reuniera los requisitos fiscales, como facturas.
Echeverría Aispuro, junto a María Alejandra Gil, ex directora administrativa de Servicios de Salud, dieron los contratos a modo, pues no se realizaron investigaciones de mercado respectivas, para efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado.
El primer contrato se hizo con la empresa regiomontana Enlaces Administrativos Hiroshi S.A. de C.V., por un monto de 11 millones 600 mil pesos.
El segundo contrato se firmó por 20 millones 300 mil pesos con la empresa Estucon S.A. de C.V, también de Nuevo León, que cuenta con las mismas características de mercado.
El 25 de septiembre de 2017 se anunció la sanción por la contratación de las empresas, asegurando que la forma en que se hizo fue incorrecta.
“Se detectaron dos pagos por servicios de consultoría por un importe de 31.9 millones de pesos, cuyos contratos fueron asignados en la modalidad de adjudicación directa, cuando por sus montos significativamente mayores al tope permitido para contratar por esta modalidad”, dijo Guadalupe Yan Rubio, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas en el anuncio.
Defensa insuficiente
Los abogados de Ernesto Echeverría promovieron un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que pasó el caso a la Sala Anticorrupción. En términos llanos, rechazaron las sanciones y que se rectifique por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sobre que el expediente es inválido.
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En el juicio, que consta de seis hojas y del cual Ríodoce tiene una copia, se indica que la Secretaría mintió.
En el juicio también se negó una participación directa de parte de Echeverría Aispuro.
“La autoridad demandada se ha empeñado en señalar que yo realicé el pago de los contratos en comento, pero en ningún momento ha aportado documento alguno que acredite que yo haya pagado dichos contratos, o que yo haya girado las instrucciones para esos efectos”, se señaló.
“La autoridad demandada se ha empecinado con la idea de que yo realicé el pago de dichos contratos de manera irregular, siendo que ni siquiera ha podido acreditar que dichos pagos se realizaron por parte de Servicios de Salud de Sinaloa, y mucho menos ha podido acreditar con documento alguno, que yo fui quien realizó dichos supuestos pagos, deviniendo las hipótesis que sustentan su acusación, en meras fantasías”, alegó.
Caso perdido en primera instancia
El caso se analizó por la Sala Anticorrupción, que hizo revisión de las pruebas que se presentaron junto al juicio de nulidad, pero esta observó que no fueron suficientes y por lo tanto revalidó la sanción.
Los abogados de Echeverría Aispuro impugnaron la decisión y el caso pasó a la Sala Superior para que sea revisada por los tres magistrados que la componen.
Para que se tome la decisión no hay un tiempo establecido, por lo que se puede congelar por más de seis meses, incluso un año.
De resultar negativo para los abogados de Echeverría Aispuro, entonces podrían volver a impugnar, pero a través de un amparo.
Segundo expediente en espera
En el Tribunal hay otro caso por el que también se promovió un juicio de nulidad.
En este se detectaron que en Servicios de Salud de Sinaloa hubo un total de 238 traspasos bancarios por un monto de 449.1 millones de pesos, provenientes de recursos federales que se ministraron a través de tres programas, como con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo para Gastos Catastróficos, y el Fondo de Previsión Presupuestal que fueron transferidos a diversas cuentas bancarias correspondientes a otros programas de naturaleza distinta.
La Secretaría determinó inhabilitar por 8 años al ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, también a la ex directora de los Servicios de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, una inhabilitación por ocho años, y al ex subdirector de Recursos Financieros, Ángel Alfonso Jakcson Inzunza, una inhabilitación por 10 años.
Los abogados de Echeverría Aispuro cuestionaron la sanción, asegurando que, si bien sí se acepta que se usó dinero de las cuentas para usarlo en otros programas, no hubo un daño patrimonial.
“Es claro que en el presente asunto, no existe daño patrimonial alguno, ya que suponiendo sin conceder que se hayan realizado los traspasos en los términos que establece esa autoridad, dichos recursos jamás salieron de dicha dependencia”, aseguraron.
Este caso aún no se ha definido por la Sala Anticorrupción, pero podría dictarse una sentencia de forma breve, lo que podría llevar a que alguna de las dos partes se inconforme nuevamente y se retrase la decisión final.
La Secretaría de Transparencia tiene 14 casos con sanciones administrativas que están atoradas en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Dos ya fueron ganadas, pero el resto se mantiene a la espera de una resolución.
Ganadas:
Clodomiro Espinoza García, ex subsecretario de Ingresos
Omitió vigilar el estricto cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, absteniéndose de solicitar a la Dirección de Fiscalización de qué manera se estaban aplicando las multas obtenidas con motivo de los incentivos, originando con ello diversas inconsistencias en la documentación comprobatoria correspondiente a los formatos denominados INC-1 y otros INC-4, así como un daño económico a las finanzas de Gobierno del Estado.
Sanción: Inhabilitación por 3 años y sanción económica de 14 millones 284 mil 277 pesos.
Estatus: perdió por no impugnar.
Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud
Celebrar los contratos SSS/060/2014 y SSS/061/2014, sin que exista evidencia de que se hayan suscritos con la autorización previa del Comité de Adquisiciones y sin que exista evidencia de que previo a su elaboración, se hayan realizado las investigaciones de mercado respectivas, para efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado. Así también, suscribirlos sin mediar escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los servicios contratados y por último, no existir evidencia con la que haya solicitado a las áreas responsables o en su caso, a las empresas contratadas, informes mensuales sobre el trabajo brindado.
Sanción: Inhabilitación por 7 años y sanción económica de 31 millones 900 mil pesos.
Estatus: solicitud de revisión por la defensa.
Pendientes:
Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo
Gestionó, tramitó y autorizó la realización del pago de recursos públicos en concepto de campañas vacacionales, sin contar con la documentación obligatoria, comprobatoria y justificatoria de los mismos.
Sanción: Inhabilitación por 8 años y una sanción económica de 12 millones 977 mil 697 pesos.
Estatus: en revisión.
Jesús Alanís Cháidez, ex director de Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas
Solicitó ante las autoridades hacendarias federales, la validación de diversos formatos oficiales denominados INC-1 y otros INC-4, para posteriormente alterar su contenido.
Sanción: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 21 millones 426 mil 414 pesos.
Estatus: en revisión.
Everardo Ayala López, ex director de Política Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas
Permitió el registro de incentivos de fiscalización concurrente y por actos de comercio exterior, ya que se abstuvo de vigilar que diversos recursos públicos provenientes del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y Gobierno del Estado de Sinaloa, se asignaran correctamente a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Sanción: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 17 millones 855 mil 345 pesos.
Estatus: en revisión.
Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas
Omitió atender diversos requerimientos de pago formulados por el IPES en concepto de pasivo acumulado por las aportaciones patronales y cuotas de trabajadores que se retuvieron y no se enteraron a dicho instituto.
Sanción: Inhabilitación por 7 años.
Estatus: en revisión.
José Luis Sevilla Suárez, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Suscribió diversos convenios que rebasan de forma indebida el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original de los contratos, derivados de la cartera de proyectos que se desprenden del convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo al programa de fortalecimiento financiero previsto en el ramo 23 “Provisiones Salariales Económicas”.
Sanción: Inhabilitación por 3 años.
Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas
Omitió hacer del conocimiento al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que la Dependencia carecía de recursos suficientes para realizar la obra consistente en la Construcción del Centro de Justicia Penal, Región Centro, aunado a que no se contaba con la aprobación del H. Congreso del Estado; proyecto que derivó del convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo al programa de fortalecimiento financiero previsto en el ramo 23 “Provisiones Salariales Económicas”.
Sanción: Inhabilitación temporal por 6 meses.
Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas
Omitió informar al Secretario de Administración y Finanzas el estado real en bancos con el que contaba Gobierno del Estado de Sinaloa, lo que ocasionó que la formulación y elaboración del proceso de integración de las cuentas públicas semestrales, así como la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016, no reflejara la posición real de la Hacienda Pública del Estado. De igual manera omitió remitirá con oportunidad a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Administración y Finanzas, la información bancaria que reflejara los estado reales de los activos circulantes de Gobierno del Estado.
Sanción: Inhabilitación por 3 años.
Andrés Daniel Guzmán Cota, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas
Omitió egresar a través de los enteros correspondientes las retenciones realizadas a las percepciones de los trabajadores del estado en concepto de cuotas destinadas al IPES, así las aportaciones correspondientes al propio Gobierno del Estado.
Sanción: Inhabilitación por 5 años.
Estatus: en revisión.
María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa de Servicios de Salud de Sinaloa
Omitió supervisar el debido cumplimiento del gasto en materia de recursos financieros; omitió la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para el (FPGC 2016); y omitió utilizar una cuenta bancaria específica para los programas (FASSA 2016 Y (FPGC 2016), para la administración del gasto y comprobación exclusiva de dichos recursos federales.
Sanción: Inhabilitación por 8 años y sanción económica de 447 millones 153 mil 481 pesos.
Estatus: en revisión.
Ángel Alfonso Jackson Inzunza, subdirector de servicios financieros de Servicios de Salud de Sinaloa
Realizó 238 traspasos de recursos correspondientes a tres programas federales —Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016 (FASSA), Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2016 (FPGC) y Fondo de Previsión Presupuestal 2016 (FPP 2 por ciento)—, recursos financieros que fueron transferidos a cuentas bancarias de otros programas de naturaleza o ejercicios distintos.
Sanción: Inhabilitación por 8 años y sanción económica de 449 millones 153 mil 482 pesos.
Estatus: en revisión.
Ángel Alfonso Jackson Inzunza, subdirector de servicios financieros de Servicios de Salud de Sinaloa
Realizó el pago de los contratos SSS/060/2014 y SSS/061/2014, sin contar con los documentos comprobatorios que reunieran los requisitos fiscales conforme a lo previsto por el artículo 29ª del Código Fiscal de la Federación.
Sanción: Inhabilitación por 3 años.
Estatus: en revisión.
Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud
Propiciar que servidores públicos adscritos al organismo entonces a su cargo, durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, realizaran doscientos treinta y siete traspasos bancarios de recursos federales que le fueron ministrados a través de dos programas, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud dieciséis (FASSA) y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dieciséis (FPGC), los cuales fueron transferidos a diversas cuentas bancarias de otros programas de naturaleza o ejercicios distintos. Así como omitir aperturar una cuenta bancaria productiva específica para los recursos federales del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dieciséis (FPGC), programa de subsidios y convenio de reasignación, a través del cual se ministren recursos federales y no utilizar una cuenta bancaria productiva específica por cada uno de los programas citados.
Sanción: Inhabilitación por 8 años y sanción económica de 447 millones 153 mil 481 pesos.
Artículo publicado el 7 de abril de 2019 en la edición 845 del semanario Ríodoce.
