Construyen ley para proteger a periodistas y defensores de Derechos Humanos

foro periodistas (2)

La violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas no es un tema reciente en México, no inició con el asesinato a Javier Valdez, sino  muchos años atrás, como fue el caso de la muerte de la abogada sinaloense Norma Corona Sapiens.

La afirmación fue hecha por Balbina Flores Martínez, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras en el foro de consulta organizado por el Congreso del Estado, para formular una iniciativa de ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Sinaloa.

Durante el foro que incluyó la discusión en tres mesas de trabajo, los participantes manifestaron su preocupación por la situación que viven los defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que plantearon que los gobiernos locales asuman de inmediato su responsabilidad en los mecanismos de protección y prevención de agresiones, el establecimiento de medidas efectivas en casos de emergencia, y enfatizaron que la mejor medida de prevención es el cese a la impunidad.

“La violencia no empezó ayer, se ha enquistado en este país desde hace muchísimos años y ha impactado a diferentes regiones”, advirtió la representante de Reporteros Sin Fronteras en el foro que reunió a periodistas sinaloenses con representantes de organizaciones nacionales, internacionales y locales.

Citó los números de la organización Artículo 19 que ha documentado las agresiones: En el sexenio de Enrique Peña Nieto registró mil 983 ataques a periodistas, asesinados 48, mientras que en el de Felipe Calderón fueron 49 y con Carlos Salinas de Gortari 50.

BALBINA FLORES. Violencia enquistada.

Lamentó que la violencia se ha agudizado y ensañado con los defensores de derechos humanos y periodistas, no sólo en homicidios o desapariciones, también en amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, demandas por difamación y daño moral, restricciones publicitarias y vigilancia y ataques digitales.

Entre los impactos de las agresiones agregó el desplazamiento forzado, por lo que la defensora llamó a los gobiernos federal y local a reconocer su responsabilidad en la situación y generar políticas públicas para atender la problemática.

Denunció que gran parte de las agresiones han sido por parte de servidores públicos en diferentes niveles y corporaciones policiacas, y líderes de organizaciones sociales.

Ricardo Neves, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, subrayó que tras las visitas realizadas por relatores de libertad de expresión a diversas entidades, entre ellas Sinaloa, se documentó la necesidad de adoptar medidas efectivas entre los niveles de gobierno federal y  local.

Indicó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y precisó que en los 52  primeros días de 2019, se han registrado al menos siete asesinatos de defensores de derechos humanos y tres periodistas, lo que equivale a un ritmo de más de una persona por semana. “Esto es sumamente alarmante”, advirtió.

Las entidades federativas, recomendó, deberían contar con unidades que implementen medidas enérgicas para aplicar medidas de protección a favor de defensores de Derechos Humanos y periodistas, que incluya medidas de sanción a los funcionarios públicos que se desatiendan de sus obligaciones en esta materia.

Destacó que actualmente en las entidades existen dificultades para la implementación de las medidas de protección entre los diversos niveles de gobierno y sus diversas dependencias.

En su propuesta, indicó, debe atenderse el enfoque a la procuración de justicia, la prevención, la actuación victimal y la reacción en situaciones de emergencia.

RICARDO NEVES. ‘Sumamente alarmante’.

Durante su participación, Garance Tardie Ziolwoski, representante de Amnistía Internacional México, enfatizó la importancia de voltear hacia los diferentes estados para revisar qué medidas de prevención están aplicándose a los defensores de los Derechos Humanos y los periodistas a nivel nacional frente a las agresiones que están sufriendo.

Señaló que el dstado debe impulsar una política pública integral de protección que debe estar siempre acompañada de la opinión de periodistas y defensores de derechos humanos.

En su intervención, Jorge Ruiz del Ángel, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó que las entidades federativas tienen el deber legal de proteger la vida, la libertad e integridad de periodistas y defensores, y destacó la necesaria eliminación de disociación que existe entre gobiernos locales y autoridades municipales.

La periodista Elsa Leonor Ángeles Verá, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo a nivel federal para la Protección de  Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, alertó que la iniciativa que se formule en Sinaloa no debe contemplar al secretario de gobierno a la cabeza de las acciones de reacción inmediata en caso de agresiones a este sector de la población.

El Congreso del Estado anunció que realizará un foro posterior en donde se presentará el texto de la iniciativa de ley que será elaborado, tomando en cuenta las opiniones y comentarios vertidos por los participantes en este primer encuentro.

Artículo publicado el 24 de febrero de 2019 en la edición 839 del semanario Ríodoce.

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