Revela la ASF las cuentas sucias de Quirino Ordaz

quirino

A Quirino Ordaz Coppel no le salen bien las cuentas. Resultó, de hecho, un gran imitador de las malas prácticas administrativas de su antecesor Mario López Valdez, según lo revela el tercer reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre 2017.

Lea: Gobierno de Quirino debe aclarar uso de 600 mdp en salud https://bit.ly/2NFI6AH

Sólo en el rubro de Educación se detectó posible daño a la hacienda pública por 386 millones 759 mil 941 pesos sobre cuatro programas: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica, Escuelas de Tiempo Completo, y Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

Entre las anomalías, la Auditoría Superior señaló la mala utilización de recursos federales para hacer préstamos de parte de Gobierno del Estado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, imitando las prácticas del gobierno de López Valdez, por las que se promovieron decenas de sanciones administrativas en contra de funcionarios.

También detectó centenas de personas que estaban dadas de alta en distintos programas, entre ellos el de Escuelas de Tiempo Completo, pero ninguna de ellas fue encontrada en sus centros de trabajo.

El reporte de la Auditoría es el tercero y último que se programó para Sinaloa, del cual se derivaron 23 pliegos de observación al encontrar irregularidades por 386 millones 759 mil 941 pesos, así como una promoción del ejercicio de comprobación fiscal que no han sido resueltos.

Tras publicarse el informe de la Auditoría Superior de la Federación, se solicitó a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Transparencia un posicionamiento al respecto sobre las anomalías, pero ninguna dependencia respondió hasta el cierre de esta edición, el viernes por la noche.

 

Imitar a Malova

A Mario López Valdez se le llamó la atención desde la Auditoría Superior de la Federación por utilizar recursos federales en otros rubros para los que no estaban etiquetados.

Lea: La ASF detecta otros 2 mil 201 mdp irregulares en el gobierno de López Valdez https://bit.ly/2XoXV3E

Por ello aún quedan pendientes más de 500 millones de pesos por comprobar, según datos de la Secretaría de Transparencia de Sinaloa.

Esa lección no se aprendió. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) que dirige Carlos Ortega Carricarte comenzó a imitar esas malas prácticas y en 2017, por presión de la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre un posible préstamo, usó fondos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación de forma indebida.

La UAS necesitaba pagar los aguinaldos de 2017 y recurrió a Gobierno del Estado, que abrió la bolsa de recursos para darle a la Casa Rosalina 119 millones 500 mil pesos.

Gobierno del Estado envió comprobantes de pago como soporte documental, asegurando que ello no implicaría mayor riesgo, pero la Auditoría Superior de la Federación los canceló.

“La UAS aplicó los recursos del U080 para el pago del aguinaldo de 2017 por 119 millones 500 mil pesos; no obstante, la documentación fue cancelada con un sello que identifica el origen de los recursos como estatales, toda vez que la SAF le transfirió los recursos del U080 2017 como aportación estatal para el programa U006”.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa integró el expediente Administrativo de Responsabilidades número STRC-DQDI-716/2018, para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y con ello resolvieron de forma parcial lo observado.

Sin embargo, en ese proceso, la Auditoría determinó que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 119 millones 500 mil pesos, por realizar aportaciones con recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2017 a la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando los Convenios Federales estipulan que las aportaciones se deben efectuar con recursos estatales.

SEPYC. Desastre financiero.

La SEPyC, un aeropuerto de corrupción

La segunda anomalía de mayor peso se documentó con tres pliegos de observaciones diferentes.

Esta corresponde a la detección de más de 600 personas registradas como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pero que no fueron encontradas.

En la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y Gasto Operativo se hizo una revisión de la base de datos en medios electrónicos de las nóminas ordinarias 2017 y la aplicación del “Pase de Lista FONE”, durante el periodo comprendido del 12 al 16 de noviembre de 2018.

Además, en una primera revisión, se realizaron las visitas a 191 centros de trabajo de diferentes niveles de educación básica ubicados en cuatro municipios: Culiacán, Mazatlán, Sinaloa de Leyva, y Rosario.

De 2 mil 204 trabajadores que ostentaron plazas financiadas con los recursos del FONE, se localizaron a 814 en su lugar de adscripción y en 89 más no localizados se proporcionó la documentación con la que se justificó su ausencia por cambio de adscripción, jubilación, incidencia médica, fallecimiento y listados de asistencia.

Sin embargo, de mil 301 trabajadores no localizados, no se contó con la documentación que justificara su ausencia, a los cuales se les realizaron pagos por 410 millones 515 mil pesos.

De los mil 301 empleados, 41 corresponden a siete escuelas que se encontraban cerradas al momento de la visita y de 65 no se localizó el centro de trabajo, según detalló la Auditoría.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, envió la documentación justificativa y comprobatoria por 207 millones 104 mil 500 pesos, pero quedaron pendientes de aclarar 203 millones 410 mil pesos.

En ese proceso, la Auditoría detectó que ese dinero pendiente fue para el pago de 607 servidores públicos que no fueron localizados en sus centros de trabajo y de los cuales no se proporcionó la justificación de su ausencia, es decir, son “aviadores”.

Otro programa que se usó para el pago de personas que están registradas pero no trabajan en los planteles, es el de Escuelas de Tiempo Completo.

La auditoría detectó pagos a 466 trabajadores por 10 millones 60 mil pesos, de los cuales no se acreditó que pertenezcan a la plantilla del personal directivo, docente o de intendencia.

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Educación Pública proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que acredita la aplicación de los recursos en los objetivos del programa por 2 millones 711 mil pesos, pero quedaron pendientes de solventar 7 millones 897 mil pesos.

En una segunda revisión se efectuaron visitas físicas a 31 centros de trabajo, correspondientes a los diferentes niveles de educación básica, se seleccionó una muestra de 247 trabajadores que tenían plazas financiadas con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2017, pero 73 personas fueron encontradas.

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió la documentación justificativa y comprobatoria por 591 mil pesos; sin embargo, quedan pendientes de justificar un millón 40 mil pesos.

En esta auditoría no solo se detectó “aviadores”, sino personal de la Secretaría que hacía cobros superiores a los registrados, usando parte del fondo de Escuelas de Tiempo Completo.

En un pliego de observación se señaló que 4 mil 882 personas tuvieron sueldos superiores a los establecidos por la normativa, pese a no haber trabajado bajo el esquema de Tiempo Completo.

La Auditoría presumió un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13 millones 862 mil 46 pesos que no han sido reintegrados por la Secretaría de Educación Pública.

ENRIQUE VILLA Y CARLOS ORTEGA. Malos manejos.

Nómina a larga distancia

Las secretarías de Educación Pública y de Administración y Finanzas tuvieron distintas observaciones, siendo los “aviadores” y el préstamo a la UAS los de mayor peso económico.

Pero en esta revisión también hubo una observación sobre empleados de larga distancia y otras más por el pago a personas que habían dejado de trabajar para buscar puestos de elección popular.

Gobierno del Estado usó en 2017 recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para el pago de distintos tipos de funcionarios.

La Auditoría indicó que se realizaron 2 mil 782 pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de los SEPDES a 56 funcionarios del primero al tercer nivel, por ejemplo, Secretario de Educación, Subsecretarios, Oficial Mayor, u homólogos que contaron con 107 plazas por un importe bruto anual de 29 millones 22 mil pesos, quienes estaban adscritos en 54 Centros de Trabajo.

La SEPyC también realizó 123 pagos por cuenta y orden por 951 mil pesos a siete trabajadores que contaron con seis plazas.

Esas personas estaban registradas en Sinaloa y al mismo tiempo en Baja California, los cuales, determinó la Auditoría, no son compatibles geográficamente.

El organismo encontró un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 258 mil 139 pesos, los cuales deberán de reintegrarse o comprobarse en un periodo de 30 días.

Antes del cierre de esta edición se solicitaron posturas de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Transparencia, pero ninguna dependencia respondió.

 

Artículo publicado el 24 de febrero de 2019 en la edición 839 del semanario Ríodoce.

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3 Responses

  1. Y se supone que tenia un convenio con el Ejército de apoyar a los deudos de militares que dieron la vida porque disminuyera la delincuencia en el estado de Sinaloa, mi esposo murió haciendo su trabajo, buscando siempre el bienestar y la seguridad de las familias sinaloenses , defendiendo a su patria, sin importar que en su casa se quedaban 4 hijos y una esposa y que hace el Gobierno? ( olvidarse de ellos) ojala y Dios toque su corazón y pueda apoyarnos.

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