Dos ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas en el Gobierno de Mario López Valdez se presentaron ante una juez, acusados de desviar 293 millones de pesos.
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Los ex servidores son el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex jefe del Departamento de Caja General, José Carlos López Ramírez, junto con el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, quien no se ha presentado ante la Juez.
Los tres están acusados de la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Herrera Félix fue vinculado a proceso penal y López Ramírez tendrá la audiencia inicial la próxima semana.
Ambos tenían orden de aprehensión desde agosto, pero no pudieron ser detenidos debido a que tramitaron un amparo y se presentaron de manera voluntaria y por separado ante la Juez de Control Sara Bruna Quiñónez.
En la audiencia de Herrera Félix, el fiscal Librado Romero señaló que se presume un daño al erario por 293 millones 472 mil pesos.
Detalló que entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016, junto con los otros dos coacusados, realizaron 112 transferencias de cuentas de recursos asignados por el Gobierno Federal a cuatro cuentas de captación de recursos propios y pagadoras del Gobierno del Estado.
A una de las cuentas transfirieron 839 mil 929 pesos, a otra 925 mil 331 pesos, a una más 264 mil 441 pesos y a la cuarta 27 millones 232 mil 219 pesos.
Según el Fiscal, ese dinero fue destinado por el Gobierno Federal para fines específicos que estaban etiquetados y no debían ser modificados.
Señaló que los desvíos se advirtieron en auditorías de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quienes notaron que cuentas de recursos federales tenían saldos de entre 0 y 5 mil pesos, lo que resultó inusual.
Las auditoras, abundó, indagaron el destino del dinero y localizaron que habían sido transferido a otras cuentas del gobierno estatal para fines distintos a los que etiquetó el Gobierno Federal.
En octubre de 2017, la ASE presentó una denuncia penal contra los tres involucrados.
A Ernesto Herrera Félix la Fiscalía lo acusa de haber autorizado las 112 trasferencias. El ex funcionario tiene además 26 procesos administrativos iniciados por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por irregularidades en el manejo de los recursos.
El abogado del ex funcionario, Rafael Trejo, pidió a la Juez que se declarara incompetente para conocer el caso debido a que se trataba de recursos federales.
Al tener origen en el Gobierno Federal, aseguró, la investigación la debió realizar el Ministerio Público Federal y no el del Fuero Común y el caso lo debe conocer un Juez Federal.
Manifestó que aunque se hayan transferido a cuentas del estado no pierden la naturaleza de recursos federales, y agregó que en la carpeta de investigación no se integraron documentos en los que conste que Herrera Félix autorizó las transferencias.
La Juez dijo que se bien tiene origen en el Gobierno Federal, el daño fue causado por el Gobierno Estatal y desechó la solicitud de declararse incompetente para conocer el caso.
En la audiencia Herrera Félix dijo que él en ningún momento autorizó esas transferencias.
“No estoy de acuerdo como está llevando este asunto, son recursos federales”, señaló.
El fiscal realizó al imputado dos preguntas sobre el origen del dinero y el destino que se les dio, pero el imputado se reservó su derecho a contestar.
La Jueza consideró que había indicios suficientes para presumir que cometió el delito y dictó auto de vinculación a proceso.
Explicó que la lógica indica que debió estar enterado de los traspasos porque no solo fue uno, sino más de 100 y él era el encargado de esos recursos.
“Es inaudito que no se haya percatado de esas transferencias durante cinco meses”, expresó.
Manifestó que es altamente probable su coparticipación en la comisión de los delitos.
Como medida cautelar para garantizar que continuará acudiendo a las audiencias, la jueza fijó el pago de una garantía de 100 mil pesos, le prohibió salir del estado y ordenó acudir a firmar cada 10 días.
Mientras se discutían las medidas cautelares, el abogado del imputado sonrió y la Jueza le dijo que aunque se riera era una situación grave y que advertía un “dolo muy grave” en la posible comisión del delito.
La Fiscalía y la defensa tienen un plazo de dos meses para continuar con las investigaciones y obtener más datos de prueba.
Tres horas después de la vinculación a proceso de Herrera Félix, acudió al Centro de Justicia López Ramírez.
Al empezar la audiencia la Fiscalía entregó al abogado del imputado la copia de la carpeta de investigación que consta de alrededor de 5 mil fojas.
El abogado Luis Javier Espinoza dijo a la Juez que requería de siete días hábiles para revisar los documentos y preparar la defensa del ex funcionario.
La jueza dio el plazo y reprogramó la audiencia inicial para la próxima semana.
Buscamos a Villarreal pero no lo hallamos: Fiscal
El ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, no fue detenido debido a que la Fiscalía General del Estado lo buscaba y no lo hallaba.
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El ex servidor promovió un juicio de amparo en el que le concedieron una suspensión, por lo que ya no puede ser detenido.
La orden de aprehensión fue librada desde agosto de 2018 y fue hasta después de que Ríodoce publicó que tenía orden de aprehensión, que promovió un amparo igual que los otros dos ex funcionarios.
El Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, justificó que no habían ejecutado la orden de aprehensión debido a que no hallaban al ex funcionario.
“En este caso, de manera particular, ya propiamente lo sabemos, puedo señalar que la policía llevó a cabo diversos actos de investigación y sobre todo de localización de esta persona, pero cuando íbamos por él no lo encontrábamos, e insisto, teníamos conocimiento de que salía o no”, dijo.
Indicó que “aquí lo importante es que tengamos la oportunidad de presentar los elementos ante un juez, ellos tienen derecho a defenderse”.
Manifestó que la Fiscalía inicia sus procesos de investigación y guarda las más absoluta reserva que tiene que darse, para no atentar contra los principios procesales constitucionales.
“Nuestra policía de investigación busca a cada persona que tiene una orden de aprehensión, sin embargo también algunas personas que saben que son investigadas llevan a cabo actos de auto protección y no nada más de instancias jurídicas, nosotros buscamos también a personas que tenemos conocimiento que se ausentan del país o se ausentan del estado o se ausentan de las ciudades respectivas donde habitan, algunos de ellos se amparan propiamente”, señaló.
Se prevé que Villarreal Ibarra acuda esta semana al Centro de Justicia Penal a presentarse ante la Juez.
Artículo publicado el 17 de febrero de 2019 en la edición 838 del semanario Ríodoce.
