Los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas publicó en abril de este año, que aproximadamente la mitad de los mexicanos reportados como desaparecidos son menores de 29 años. Es decir, son jóvenes. El aumento no puede permanecer desapercibido.

Ese fue el razonamiento de los jóvenes estudiantes Édgar Francisco Hernández Cervantes y Jorge Iván Chavarín Montoya, en una ponencia entregada en el Foro de Participación y Seguridad Ciudadana.

“Decidimos participar con una ponencia a la que titulamos ‘La juventud de México y de Sinaloa frente a la espiral de la violencia criminal’. Nos llamó mucho la atención de que a 10 años de haberse iniciado la guerra contra las drogas en México, hubo un aumento del 193 por ciento de los homicidios cometidos contra jóvenes en México con respecto a los registros de 2007”, explica Hernández Cervantes.

El Foro, realizado el pasado jueves 30, justo en el marco del día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, contó con organismos civiles y ciudadanos que presentaron alrededor de 20 ponencias.

En el evento se instalaron cuatro mesas de trabajo con los temas de sociedad, violencia y grupos vulnerables, desaparición forzada, legislación vigente y seguridad ciudadana, así como violencia, impunidad y justicia.

Cada mesa elaboró una relatoría, destacando los puntos más relevantes de cada una de las ponencias presentadas. El ejercicio es organizarse, es la participación ciudadana.

Y de manera paralela, la sociedad culiacanense se solidarizaba con el caso de Eleazar Guadalupe Hernández, el Rayito artista urbano local que desapareció en diciembre de 2017 en Ciudad Guzmán, Jalisco.

El caso por sí solo ilustra la preocupación de Édgar Francisco y su colega: a los jóvenes los están desapareciendo y los están matando.

“En primer lugar hacer notar este incremento, que no puede pasar desapercibido, de homicidios contra la población juvenil, o sea, la vulnerabilidad en que nos encontramos los jóvenes mexicanos”, señala.

Y dicha vulnerabilidad se encuentra de inicio a fin en el caso de Eleazar. Conocido como el Rayito, el artista de 22 años acudió a Jalisco a un concurso de baile, donde fungiría como juez del certamen. Desapareció el 16 de diciembre, su cuerpo fue encontrado el 19 de ese mismo mes, pero transcurrieron ocho meses y 12 días para que fuera identificado.

La señora Reyna Torrecillas, madre del bailarín, se ha cansado de pedir ayuda a las autoridades. La falta de coordinación entre las fiscalías de Jalisco y Sinaloa quedó en evidencia con los ocho meses de espera: ni las muestras de ADN ni otras periciales pudieron evitarle la prolongada espera.

Estaba en las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guadalajara, a donde llegó el 19 de diciembre. Es decir, tres días después de haber desaparecido. Su familia y amigos vivieron poco más de ocho meses de incertidumbre. Y no fue la autoridad quien dio con su cuerpo, sino Sabuesos Guerreras AC, un colectivo de rastreadoras con base en Culiacán.

Y Édgar no se lo explica. Ni los asesinatos ni las desapariciones. Lo intenta mediante su ponencia donde revela cifras de jóvenes desaparecidos o asesinados. Por ello acudió al Foro junto con decenas de personas preocupadas por el entorno de inseguridad en la entidad.

“Entonces nos entra la interrogante del porqué nos está pasando a personas que aparentemente no tienen un nexo directo con el crimen. Creo que es un fenómeno, que es una trampa que tiene dos caras: por un lado el desempleo y la desigualdad social hace que muchos jóvenes, al no tener oportunidades de empleo busquen su supervivencia en actividades ilícitas y esas actividades los lleven al crimen organizado.

“Entonces ahí ya hay un peligro que corren los jóvenes que son reclutados en las filas del crimen, pero al mismo tiempo esos jóvenes pueden convertirse de victimarios a víctimas y es un fenómeno que también va creciendo a otras capas de jóvenes, que como te comentaba recién, no se dedican a actividades ilícitas y son víctimas de estas tragedias”.

El Foro fue encabezado por Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), y quien se dará a la tarea de integrar y ordenar cada una de las propuestas recabadas.

Otra de las ponencias fue la llevada por la Comisión de Seguimiento del Caso Javier Valdez, a cargo de la periodista María de los Ángeles Moreno. El documento contiene seis compromisos por la libertad de expresión y la protección a periodistas.

“No hay acceso a la justicia ni para las víctimas ni para sus familias, cuando existen tantos obstáculos que parecen no encontrar salida, dos de ellos, la incapacidad de las instituciones públicas para crear e implementar políticas que resuelvan de fondo el problema, y la insuficiente voluntad de los dueños y directivos de medios de comunicación para construir alianzas en un escenario donde priva la desconfianza y la impunidad”, señala el documento.

Y en medio de ponencias y propuestas, la sociedad culiacanense comienza a sumar esfuerzos. La espiral de violencia criminal los alcanza a todos por igual.

Artículo publicado el 2 de septiembre de 2018 en la edición 814 del semanario Ríodoce.