El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dio un plazo de dos horas para que la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), abandonen el país este viernes.
La expulsión del equipo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU en Nicaragua, ocurre dos días después de la presentación del informe de la ACNUDH sobre la crisis en dicho país centroamericano, que objeta el discurso oficial de un intento de golpe de Estado y puso al descubierto la masacre ejecutada con la represión del régimen de Ortega Saavedra.
A través de Twitter la ACNUDH informó que ayer jueves recibió un comunicadopor parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Nicaragua donde se da por concluida la invitación extendida por el Gobierno y que la misión se da por “finalizada a partir del 30 de agosto”.
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“La comunicación señala que dicha invitación fue extendida con el propósito de dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguimiento, y que al haber cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, se da por concluida la invitación. La misión de la OACNUDH llegó al país el país el 24 de junio de 2018 y ha comunicado al Gobierno la salida del equipo presente en el país el 1 de septiembre”.
Pese a ello, agrega: “La OACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”.
Esta es la carta con la que el régimen de Ortega expulsó a @OACNUDH. pic.twitter.com/Cy2Ail1qHd
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) August 31, 2018
“La OACNUDH continuará apoyando a las víctimas y sus familiares, a la sociedad civil y reitera su disposición de brindar apoyo a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Asimismo, seguirá cooperando de cerca con los organismos regionales de derechos humanos y con la comunidad internacional”.
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De las recomendaciones contenidos en el informe que presentaron el 29 de agosto, añade que representan una herramienta valiosa que se espera pueda ser aprovechada plenamente no solo para la superación de la crisis actual sino también para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en el mediano plazo. Asimismo, estas recomendaciones buscan contribuir a la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas.
Dicho informe podría ser presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya sesión está prevista a celebrarse el próximo 5 de septiembre y para lo cual es necesario nueve votos de sus miembros, así como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que inicia también en ese mismo mes.
Durante un acto partidario del FSLN, Ortega Saavedra desacreditó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de ser “un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia”, y abundó que “Si el torturado es sandinista no existe”.
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“En sus informes [de la ACNUDH] estos asesinados, estos torturados, estos desaparecidos no existen. Los 22 policías asesinados no existen. Para ellos los terroristas golpistas son unos angelitos que no torturaron a nadie, no mataron a nadie”, dijo Ortega el pasado miércoles, durante un discurso por la conmemoración de los 51 años de la gesta guerrillera en Pancasán.
Más de cuatro meses de represión gubernamental y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua han dejado más de 300 muertes y 2mil heridos o afectados, reveló la ACNUDH, que señaló, además, a policías del régimen como responsables del asesinato del bebé de 14 meses de edad, Teyler Lorío Navarrete, quien falleció el pasado 16 de junio, junto a otros cinco miembros de su familia, como resultado de un incendio provocado en su residencia ubicada en el vecindario Carlos Marx, de Managua.
En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno de Ortega ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce, indicó la ACNUDH.
En su informe, el organismo de la ONU aclaró que la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de personas críticas al Gobierno.
En unos momentos la ACNUDH dará un posicionamento al respecto a través del sitio facebook.com/OACNUDH/
