Bajo el argumento de una “insuficiencia de liquidez”, el gobierno de Sinaloa ha contratado siete créditos quirografarios que suman mil 700 millones de pesos en los últimos tres meses.
En su segundo año de gobierno, Quirino Ordaz Coppel ya superó los créditos a corto plazo que sumaba en 2012, Mario López Valdez, también durante el segundo año de su sexenio.
Con Malova, la recurrencia de pedir créditos a corto plazo para salvar el gasto corriente fue señalada como una irregularidad por la Auditoría Superior del Estado en cada una de las Cuentas Públicas que se le fiscalizaron a su administración. Ahora con Ordaz Coppel, la práctica regresa.
“Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, es el destino de los créditos contratados con cuatro instituciones financieras, según se explica en las actas de fallo publicadas en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.
La contratación de créditos con Ordaz Coppel comenzó el 2 de mayo de este año y se repitió el 5 de junio, el 14 del mismo mes y por último, el 5 de julio pasado.
Carlos Ortega Carricarte, tesorero del gobierno de Sinaloa, justificó que este año comenzaron a requerir créditos quirografarios por primera ocasión para lograr pagar nóminas de profesores y empleados del sector Salud.
Los créditos de Quirino
Al mismo mes de julio pero en 2012, Mario López Valdez sumaba ocho créditos quirografarios por mil 500 millones de pesos. A julio de 2018, Ordaz Coppel alcanza los mil 700 millones de pesos en deuda a corto plazo.
El primer préstamo se solicitó el 6 de mayo de 2018 y consistió en la contratación de 600 millones de pesos con dos instituciones financieras.
El concurso para contratar la obligación de corto plazo se envió a ocho instituciones financieras pero dos rechazaron participar. De las seis ofertas que los bancos entregaron, el gobierno de Sinaloa escogió las propuestas de Banco Nacional de México SA de CV (Banamex) y Banco HSBC México, S.A, cada una por 300 millones de pesos.
Un mes después, el martes 5 de junio, dos instituciones bancarias, Banco Interacciones SA y Banco Mercantil del Norte SA, participaron en la convocatoria para contratar un financiamiento a corto plazo por 100 millones de pesos. En esta ocasión, el Banco Mercantil del Norte SA (Banorte) ganó el contrato por 100 millones de pesos para financiar al gobierno de Sinaloa.
En el mismo mes pero sólo nueve días más tarde, el 14 de junio la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa lanzó otra convocatoria pero ahora para contratar 500 millones de pesos más.
A este concurso se invitaron a ocho instituciones, pero sólo presentaron su oferta cinco bancos, entre ellos Banamex SA, Banorte SA, BBVA Bancomer SA, HSBC México SA y Banco Santander México SA.
Los ganadores ofrecieron una tasa de interés variable TIIE a 28 días y una sobretasa de interés de 0.40 por ciento en un plazo de pago de 12 meses.
En este concurso resultaron ganadores, HSBC México con quien se contrataron 200 millones de pesos; BBVA Bancomer con 200 millones de pesos y Banorte con 100 millones de pesos.
En la última semana de junio, Ortega Carricarte concedió una entrevista en la que aseguró que el endeudamiento está controlado, de acuerdo a lo que establece la ley y aseguró que Sinaloa mantiene un nivel de deuda sano que le permite adquirir préstamos.
“Son créditos que se adquieren para cubrir necesidades de flujo de efectivo, si hay un retraso de recursos federales para los sueldos de maestros, con este crédito se cubre y en cuanto llegan los recursos federales se paga el crédito”, explicó en esa ocasión.
Sin embargo, una semana después de esa entrevista se volvió a lanzar otro concurso para contratar deuda, de nuevo por 500 millones de pesos más.
En este concurso participaron Banamex, Banorte y BBVA Bancomer pero el contrato por 500 millones de pesos lo ganó Banorte.
Al cierre de 2016, Mario López Valdez había pedido 14 mil 854 millones 668 mil 452 pesos por 62 créditos quirografarios que se contrataron entre 2011 a 2016. La Auditoría Superior del Estado señaló la recurrencia a esta práctica como una violación a la Ley de Deuda Pública de Sinaloa y ordenó sanciones a los funcionarios responsables.
Y es que la contratación de créditos por montos superiores al 5 por ciento del ingreso ordinario anual debe ser autorizada por el Congreso local, situación que no se dio en ninguno de los créditos contratados por López Valdez.
Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.
