El grito se repite en cada plantón, en cada marcha. Casi todos los días hay alguna, por los médicos, los estudiantes, las madres… Mientras, cientos de personas, la mayoría jóvenes, están detenidos y con los cargos más graves.
Managua
Kevin Rodrigo Espinosa Gutiérrez estudiaba para ingeniero agrónomo y era amante de la música. Ahora está en una cárcel de máxima seguridad en Managua acusado de terrorismo, crimen organizado y posesión de armas. Lo vinculan, además, con la quema de una emisora oficialista, Radio Ya, durante las protestas.
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“Cuando lo detuvieron dijeron que la camioneta llevaba un arsenal pero ¡eran víveres! Y cuando lo de la radio, él andaba en la Catedral, que está cerca, por eso lo involucran”, explica su madre, Brenda Gutiérrez.
Espinoza era uno de los líderes del “Movimiento Estudiantil 19 de abril”. Cuando empezó todo se iba de la casa a escondidas para no preocupar a nadie. Se movía entre las barricadas de la capital y las ciudades cercanas repartiendo comida y se encargaba también de las redes sociales. Uno de sus compañeros murió en sus brazos. “Fue la primera vez que vi a mi hijo llorar”.
“Yo le dije cuidado, te estás metiendo con el diablo, pero él siguió. Y me dijo, ‘vale la pena todo si vamos a ser libres'”.
Los grupos del gobierno, cuenta Doña Brenda, ya le habían amenazado y habían intentado involucrarle en varios delitos, “subían videos y fotografías que teóricamente lo inculpaban, aunque no se veía nada”. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado en mayo medidas cautelares para él y otros 12 compañeros al considerar que “sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.
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El 11 de julio paramilitares lo detuvieron con otros dos jóvenes en Nindirí, 20 kilómetros al sur de Managua, en la carretera de Masaya. “Los desnudan, les tiran al piso, les disparan, no a ellos, al lado, para asustarlos, y luego los entregaron a la policía”. Alguien vio todo y avisó por las redes sociales.
Ese día comenzaron las peregrinaciones diarias de Doña Brenda a las instalaciones del Chipote, el antiguo centro de tortura de Anastasio Somoza y que ahora el presidente Daniel Ortega utiliza para sus presos y funciona como una especie de arraigo. Ahí han sido llevados centenares de detenidos arbitrariamente durante estas protestas (el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabiliza más de 600). Muchos fueron liberados poco después, gracias a la mediación de los organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica.
“Un par de veces nos han liberado presos, pero llevamos dos o tres semanas que el gobierno no nos responde”, asegura el obispo Carlos Avilés, de la Comisión de Seguridad creada en la mesa de un diálogo que se bloqueó casi desde el principio. Su grupo, sin embargo, sigue trabajando en espera de que la interlocución vuelva. Recopila denuncias, depura listas e intenta dar respuesta a las familias.
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Una de las liberaciones, de casi un centenar, ocurrió sin previo aviso. Los reos, todos con la cabeza rapada, fueron dejados en mitad de la carretera sin anuncios ni explicaciones, pero sí con una advertencia: que cerraran su boca.
En la carretera que acaba en las rejas de El Chipote, decenas de madres pasaban horas esperando información o que los policías de la entrada les recibieran la comida que llevaban a sus hijos. Pero las cosas pronto se pusieron feas.
“Los paramilitares llegaron a amenazarnos, todo armados, que nos iban a matar por haber tenido asesinos de paramilitares y policías”, recuerda Doña Brenda. La situación se hizo insostenible para muchos. Ahora las visitas son más rápidas y cautelosas, siempre bajo la mirada de civiles armados que acechan.
Muchos de los amigos de Espinoza están encerrados. Los que no en cárceles, en casas de seguridad.
Algunas veces les dejan salir a los plantones, pero no siempre. Depende de las condiciones de quien los esconde.
Edwin Carcache, de 27 años, que estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica casi un mes. Las lágrimas le escurren por la cara cuando habla de su madre o cuando recuerda el ataque a la Marcha de las Madres el 30 de mayo, que acabó con balas y muertos, 11 según el Cenidh.
Al cierre de esta edición, Carcache se acababa de enterar de que su orden de captura ya estaba lista. Intenta mantener el espíritu alto. “Estamos esperando esta segunda etapa del diálogo donde exigiremos la desarticulación de los grupos paramilitares. Se trata de luchar por la justicia, que este gobierno se vaya cuanto antes y nos vamos a seguir manifestando, pacíficamente, a cualquier costo”.
Esta semana, los actos de protesta aparecían por doquier aunque solo fueran un puñado de personas. Los estudiantes se plantaron frente a las instalaciones de la Universidad Centroamericana reclamando los fondos que el gobierno había retenido a la institución. Los periodistas independientes se concentraron para exigir seguridad al informar, después de que mataran a un reportero Angel Gaona, en Bluefield, al inicio de las protestas y la CIDH denunciara agresiones a otros dos, uno de ellos, Roberto Collado, detenido y torturado “por haber difundido mentiras”, según le dijeron sus agresores.
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Los médicos alzaron la voz en otra marcha para detener los despidos injustificados por atender a los manifestantes. Y las madres de detenidos llegaron a la Corte Suprema de Justicia con exigencias de libertad y fotografías de sus hijos. “No es normal que los criminales estén en la calle y los defensores de derechos humanos sean apresados”, se leía en uno de sus carteles.
Mientras, en una casa cualquiera de una ciudad cualquiera, Alex Hernández, su nombre desde que comenzó la crisis, traza nuevos planes de articulación a partir de ahora y analiza cómo profundizar la resistencia cívica.
“No sé si esta situación pueda sostenerse por mucho tiempo, tendremos que salir”. Él es de un pueblo al sur de Masaya, Catarina, una zona turística que se convirtió en campo de batalla. Al hablar, por videoconferencia, no para de moverse, una especie de síndrome del prisionero que, según el escritor y ex vicepresidente sandinista, Sergio Ramírez, también tenía Daniel Ortega heredado de sus años de cárcel.
“Las sanciones de la OEA o de la ONU no nos quitan las balas de encima, no quitan el luto, el miedo y la tristeza, tanto show en asambleas…” La tristeza se palpa en cada palabra.
Hernández, como buen estudiante de Administración de Empresas, apuesta por un paro nacional, por la desobediencia tributaria, por atacar a la economía y por buscar un liderazgo. Cree que la acefalía les hizo bien al principio, pero ahora son necesarios líderes que combinen la juventud de los estudiantes con la experiencia.
“No cabe la normalidad absurda sobre un charco de sangre, los principales actores están presos, los obispos atacados, los chicos escondidos. El 80 por ciento de mi pueblo está en contra del gobierno pero los dirigentes no estamos”. Y mientras habla sigue moviéndose de un lado a otro de la oscura habitación.
Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.
