Con corte al 12 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido 150 denuncias por robo, en casos vinculados con vehículos ingresados al corralón de Culiacán, que van desde hurto de autopartes al robo total.

La pensión está ubicada sobre el libramiento de la autopista Benito Juárez “La Costerita” en el 1220 poniente, cuya concesión con el Ayuntamiento de Culiacán data de noviembre de 2004 y es operada por la empresa Grúas Culiacán.

Los casos de robo comenzaron a recrudecerse en enero de este año. Entonces, una comitiva de ciudadanos ingresó al Cabildo de Culiacán. Esa fue la última sesión que presidió Jesús Valdés Palazuelos durante la mañana del miércoles 24 de enero.

Al recinto se dieron cita al menos una decena de afectados. Todos pedían que la comuna les ayudara con las autoridades que custodian el corralón. Hasta entonces la cifra de demandas rondaba los 30 casos, todos y cada uno de ellos por robo.

Jesús Valdés obtuvo licencia en su cargo como alcalde y posteriormente quedó corto en su aspiración a reelegirse, dejando la herencia a Antonio Castañeda Verduzco, cuya administración ha recibido alrededor de 100 demandas por esa anomalía.

Y lejos de dar solución, la comuna vio crecer el problema. De las 150 denuncias a la fecha, 62 son por robo total (41 motocicletas, 20 automóviles y un remolque) mientras que el resto por robo de autopartes.

Uno de esos casos es el de Lily, quien tuvo su vehículo en la pensión desde principios de marzo a mediados de abril. Con menos de un año de uso, su vehículo Volkswagen Vento color rojo ya no lució igual.

Durante el percance, el vehículo sufrió daños valuados en apenas 4 mil 500 pesos según el parte de la aseguradora y al no existir arreglo, el carro fue remolcado al corralón.

El vehículo fue alcanzado por una motocicleta que se impactó en la parte trasera, provocando daños materiales y lesiones leves al conductor de la moto. Autoridades de Tránsito y ajustadores llegaron al lugar de los hechos. Era la tarde-noche del miércoles 7 de marzo.

Después de negociaciones y desencuentros con la aseguradora, Lily y su familia solucionaron el problema sólo para descubrir que el vehículo tenía daños valuados en casi 50 mil pesos. La demanda no se hizo esperar y la respuesta del Ayuntamiento de Culiacán no fue alentadora.

“El Ayuntamiento nos contesta que según la cláusula novena del contrato el que nos tenía que pagar era el dueño del corralón y al dueño ni lo conocemos, ni nos ha dado respuesta ni nada. No nos pagaron nada, ni los daños, cuando sacamos el carro ya le habían dañado el motor”, explica Lily.

La cláusula novena del contrato entre el Ayuntamiento y Grúas Laura señala que “los vehículos depositados quedarán retenidos bajo la custodia y absoluta responsabilidad de ‘EL CONCESIONARIO’, por lo que este deberá establecer las medidas de seguridad pertinentes y contratar los seguros que garanticen su seguridad por las pérdidas totales o parciales que estas sufran”.

Bajo ese argumento fue que la comuna se deslindó de los daños ocasionados al vehículo de Lily, quien posteriormente buscó acercarse al dueño de la empresa, Ricardo Laura Garzón, sin embargo su petición no tuvo eco.

En una entrevista otorgada al periódico Noroeste en febrero de este año, Ricardo Laura se comprometió a pagar los robos y daños generados al interior del corralón. Para entonces las denuncias pasaron de 30 a 35. A la fecha, los usuarios siguen aquejando la falta del pago.

En su momento, la Vicefiscal Nuria González Elizalde señaló que se citó al propietario de la empresa, quien se comprometió a hacer el pago de los vehículos afectados por robos o daños dentro de la pensión. Sin embargo, no ha habido respuesta.

La dirección de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Culiacán trabaja actualmente en un convenio con la empresa para dar solución al problema. Tan sólo en la actual administración se han erogado 132 millones de pesos por litigios perdidos.

Pero Lily, al igual que decenas de ciudadanos afectados, sigue a la expectativa de que ésta llegue. Ya sea por parte de la empresa Grúas Culiacán o por parte del Ayuntamiento. Su patrimonio ha sido afectado. “Nada más de Uber he tenido que gastar más de 11 mil pesos en casi cuatro meses”, explica.

La noticia del riesgo de perder el vehículo en el corralón corrió como pólvora. Lugares concurridos donde vehículos son remolcados por estar mal estacionados, en lugar de una simple multa, se enfrentan a la pérdida total. Así lo comenta Lily.

“Donde los traen asolados es en el IMSS (Hospital Regional número 1), ahí los médicos que trabajan y enfermeras corren cada vez que ven las grúas de tránsito y no por la multa, sino del miedo a que los remolquen al corralón y sus carros sean robados ahí”.

Y los meses pasan y con ellos los casos se acumulan. Jesús Valdés había heredado alrededor de 300 casos legales y en su momento se analizó la disolución del contrato con Grúas Culiacán.

Y en su cláusula quinta, el contrato entre el Ayuntamiento de Culiacán y Laura Garzón, señala que el concesionario se obliga a prestar servicio de manera adecuada, regular y uniforme, con la finalidad de garantizar la plena seguridad de los vehículos que se depositen y guarden en las instalaciones.

Y en el caso de al menos 150 usuarios, esta cláusula no ha sido respetada.

Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.