En La Ley de Herodes, película de Luis Estrada que retrata el sistema político mexicano desde el miserable San Pedro de los Saguaros, el Alcalde Juan Vargas lleva dos herramientas para gobernar: Un revolver y un libro con las leyes federales. En ambas radica la fuerza del poder, violencia e imposición, cuando falla una está la otra. Llega Vargas con las mejores intenciones para llevar “modernidad, paz, progreso y justicia social” al pueblo, pero cuando se enfrenta a los otros poderes, un cura que cobra por quitar pecados y la matrona de un burdel, empieza su degradación que al mismo tiempo lo engrandecerá.
En una escena, Vargas entiende que con lo que dice la Constitución no puede hacer lo que se le pegue la gana, entonces le va arrancando cada hoja que no le gusta y redacta él mismo nuevos artículos, una nueva carta magna de un solo hombre. Si las leyes no se acomodan a las necesidades, entonces hay que cambiar las leyes.
Al año siguiente del estreno de La Ley de Herodes el PRI perdió por primera vez la presidencia en 71 años, pero conservó el poder legislativo y tendrían que pasar unos 10 años más para que el poder Judicial se emancipara.
Como si la ficción tuviera que rendirse ante la realidad, en el Congreso de Sinaloa se presentó un paquete de reformas constitucionales que buscan resolver en la ley lo que los partidos no obtuvieron en las urnas. PRI y PAN, de concretarse, resolverían por la vía legal la injerencia en la próxima legislatura, que de ningún modo lograrían si se quedan los ordenamientos como actualmente están.
Del paquete de reformas dos llevan dedicatoria: Una, referente a la creación de un Comité de Administración del Poder Legislativo —restándole esas facultades a la actual Junta de Coordinación Política— y otra que se refiere justamente a cómo repartirse los periodos en que las fracciones parlamentarias encabezarán la Jucopo. En ambos casos el PRI fue en el pasado el más férreo defensor de mantener las cosas así, como estaban, o de adaptarlas mínimamente para no perder poder.
Antes, por ejemplo, con ocho diputados —los que tendrá el PRI en la próxima legislatura— no encabezaban nunca la Junta de Coordinación Política, con la reforma el PRI sí podría. En cuanto al Comité de Administración, el PRI nunca permitió siquiera fiscalizar internamente los gastos que manejaba la mayoría, ahora sí sería posible.
Al PRI le entró una ola democratizadora donde ahora quiere reconocer a las minorías. Si la Jucopo la “soltó” sólo una vez en 2012, obligado por los resultados de la elección de 2010, ahora pretende que sea rotativa, y que la mayoría solo la presida el primer año y después las fracciones parlamentarias con menos legisladores. Y si antes nadie podía husmear en cómo manejaban los recursos del poder legislativo, era un asunto de la mayoría, ahora quiere que todos puedan opinar e intervenir.
Tal vez convendría tomarle la palabra a esta ola democratizadora del PRI, quizás en tres años vuelven a cambiar la Constitución. Nunca se sabe.
Margen de error
(Borrar) La estrepitosa derrota del PRI hace apenas tres semanas, los obligó a pensar rápido en el escenario que vendría, y una respuesta fue arrancarle hojas a las Constitución de Sinaloa y redactar unas nuevas. (Si las leyes no se acomodan a las necesidades, entonces hay que cambiar las leyes).
Esto que en Sinaloa sigue el proceso legal se bautizó como golpe de estado legislativo, lo mismo que pasó en Sonora, solo que allá la gobernadora Pavlovich ya se retractó, o eso anunció. Luego de décadas en que el PRI defendió el argumento de que gobiernan las mayorías, ahora que es minoría busca agandallarse la misma parte del poder de que quien logró la mayoría.
Mirilla
(Ratificación) En las evaluaciones internas del gobierno estatal con los resultados del 1 de julio, los abrazó el miedo. Pero ese temblor inicial por los resultados pasó a tranquilidad cuando acataron que Morena con mayoría de diputados no podría concretar una reforma Constitucional, porque requería la ratificación de la mayoría de los Ayuntamientos, y ahí Morena solo quedó con siete.
Más allá de tesis políticas, incluso de si las reformas Constitucionales a la larga terminaría por revertirse a quienes ahora la plantean, lo grave es que el Gobernador Quirino Ordaz y su operador político Gonzalo Gómez Flores, legislen a las prisas con miras cortoplacistas, e insistan en mantener al Congreso como una oficialía de partes que obedece órdenes, ese es su entender del equilibrio de poderes.
Primera cita
(Préstamo) Lo que sucedió en el Congreso de Sinaloa con la aprobación del préstamo por 347 millones de pesos que autorizó a Culiacán, es consecuencia justamente de todo lo anterior: un poder empequeñecido, incapaz de pensar por sí mismo. Víctor Godoy, presidiendo la cámara en relevo catastrófico.
El monto que solicitó el cabildo de Culiacán es monumental, y las explicaciones que ofrece para su gasto ridículas. Más de 100 millones de pesos para reencarpetado —¿Dónde? ¿Qué calles? ¿Cuándo?— y otros 100 para equipamiento —¿De qué?— no importaron las respuestas, el Ayuntamiento mandó un cuadrito donde decía que en eso lo gastaría y los diputados se lo dieron por bueno y le autorizaron que fuera a pedir prestado.
Y peor todavía el silencio del Alcalde electo, Jesús Estrada Ferreiro. ¿Le bastó el cuadrito? ¿O a él le prometieron finanzas sanas a partir de noviembre y con eso le bastó? (PUNTO)
Columna publicada el 22 de julio de 2018 en la edición 808 del semanario Ríodoce.
