Los ciudadanos pueden atestiguar licitaciones mayores a 98 mdp y su opinión no cuenta

Marlene tardó más de seis meses en completar el trámite para convertirse en Testigo Social del gobierno de Sinaloa, una nueva figura que permite al ciudadano observar y opinar sobre el concurso de licitación de obras públicas y adquisición de servicios del Estado.

Pero a pesar de que la figura se instaló en Sinaloa desde junio del 2016, hasta la fecha sólo hay cuatro ciudadanos que han logrado la certificación como Testigos Sociales y de estos, sólo tres han atestiguado el mismo número de concursos de licitación pública.
Y es que los Testigos Sociales no pueden participar en cualquier licitación. En octubre de 2017, el Congreso local modificó la Ley de Obras Públicas y restringió al Testigo Social estar presente sólo en concursos con un presupuesto base de 98 millones de pesos.

Aunque la autoridad presume la figura como una garantía de que los concursos se llevan a cabo con transparencia, la ley actual tiene candados que inhiben la participación de los testigos y que impiden que sus aportaciones sean tomadas en cuenta en el proceso de licitación.

Candados a la transparencia

Marlene León Fontes es licenciada en Estudios Internacionales, tiene una carrera técnica en Negocios y actualmente cursa otra licenciatura en Derecho. Trabaja como investigadora de la organización civil Iniciativa Sinaloa y desde junio de 2018 se convirtió en Testigo Social del gobierno de Sinaloa.

Pero el camino para lograr ser testigo de los procesos de compra y asignación de obras públicas no fue fácil. En entrevista, Marlene explicó que la ley tiene candados para inhibir la participación ciudadana.

“Al Testigo Social le pusieron candados, uno es que ellos pueden decidir en qué obras participas y en cuáles no”, explica la investigadora.

Según el reglamento de Obras Públicas de Sinaloa, para asignar Testigo Social a un concurso se debe reunir el Comité de Testigos Sociales, el cual está conformado por tres funcionarios públicos y tres ciudadanos representantes de colegios de profesionistas, organizaciones civiles o asociaciones empresariales.

Sólo esté Comité tiene la facultad para decidir en qué concurso puede participar el Testigo que ellos elijan. Aunque la ley también da oportunidad a los concursantes para requerir un Testigo Social en la licitación.

Otro de los candados está en los requisitos para lograr la inscripción al Padrón de Testigos Sociales. Entre ellos, que la ley requiere una carta de no antecedentes penales federal, la cual sólo se expide en la Ciudad de México.

“Ese paso es muy complicado. Yo empecé desde octubre de 2017 a hacer el trámite y los documentos que solicitan no cualquiera los cumple, esto complica la participación ciudadana, con la carta de no antecedentes tuve que esperar hasta que tuve un viaje a la Ciudad de México y fue cuando ya pude avanzar con el trámite”, explicó León Fontes.

Pero el más grave de todos se fraguó un año después de que se instalara la figura, cuando el Congreso local modificó la ley de Obras Públicas y dejó sin margen de acción al Testigo Social.

La exorbitante reforma

Mientras la prensa y los ciudadanos se volcaban al tema de las Cuentas Públicas, en octubre de 2017 el Congreso del Estado aprobó silenciosamente una reforma a la Ley de Obras Públicas, que entre otras cosas restringió la acción del Testigo Social.

La reforma de ley fue propuesta por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras, el diputado priista Feliciano Valle Sandoval y aprobada con una mayoría de 29 votos a favor y tres en contra.

En esta reforma, el Congreso elevó exorbitantemente el presupuesto mínimo de un concurso en el que puede participar el Testigo Social.

Anteriormente, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios en su artículo 42 señalaba que el Testigo Social podía participar en licitaciones públicas o procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida con un presupuesto base de 5 mil 400 veces el valor diario de la UMA, es decir 435 mil 240 pesos.

Pero con la reforma, el presupuesto base se elevó a 40 mil veces el valor mensual de la UMA, es decir 98 millones 009 mil 600 pesos.

“Con esto se cierran todavía más las posibilidades, es más fácil encontrar obras de 3 millones a encontrar obras de más de 90 millones”, criticó León Fontes.

Con voz pero sin voto

En el Padrón de Testigos Sociales del Gobierno de Sinaloa hay a la fecha cuatro ciudadanos registrados oficialmente.
Se trata del empresario Adrián Coppel Calvo, que fue dado de alta el 9 de septiembre de 2017; el ingeniero Francisco Nicolás Jiménez Castro, quien obtuvo su registro el 6 de febrero de 2018; el economista Gerardo López Cervantes, registrado el 30 de abril de 2018 y la investigadora Marlene León Fontes, que inició como Testigo Social el 4 de junio de 2018.

A la fecha, en el portal web Compranet Sinaloa se han publicado tres testimonios de concursos de licitación, elaborados por Coppel Calvo, Jiménez Castro y López Cervantes.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas, el testimonio no tiene efectos jurídicos en el procedimiento de contratación.

Por ejemplo, en noviembre de 2017, Coppel Calvo atestiguó el concurso de licitación de la remodelación del Estadio de los Mochis Emilio Ibarra Almada y recomendó cancelar la convocatoria debido a que los requerimientos para el concursante eran “irrazonables, acotados y anticompetitivos”.

En el testimonio público, el ciudadano argumentó que los requisitos establecidos limitaron la convocatoria sin una justificación técnica válida. Explicó que a las empresas convocadas se les exigió experiencia en al menos cuatro contratos de remodelación de otros estadios con capacidad para al menos 10 mil personas y por montos de al menos 30 millones de pesos.

Pero a pesar de la opinión del Testigo Social, la licitación continuó y el 15 de noviembre se falló a favor de Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente SA de CV.

Sin embargo, para el gobierno de Sinaloa, con el simple hecho de que un ciudadano atestigüe el proceso se garantiza la transparencia. Así lo señaló, Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas.

“Se ve que sea una persona seria, honorable, que conoce el tema, está presente en todo el proceso. Y eso lo que nos garantiza es que haya una mayor transparencia y un tercero desinteresado que de fe. Lo que se ha buscado es transparentar y darle mayor participación a la ciudadanía”, destacó Ortega Carricarte.

Recientemente, en la licitación para reestructurar la deuda pública por 4 mil 500 millones de pesos, participó el testigo social Gerardo López Cervantes, pero su aportación tampoco incidió en la decisión que finalmente se tomó.

En su testimonio, López Cervantes sostuvo que dos bancos privados realizaron las propuestas más económicas y que estas le generarían un ahorro al gobierno de Sinaloa. Pero gobierno del Estado decidió declarar desierta la licitación porque las propuestas no cumplían con las expectativas.

“Nosotros desde el inicio señalamos esa falla, es grave que tengas testigos sociales pero sus observaciones no son atendidas. Si tú detectaste que hubo corrupción durante el proceso, pues nada más queda plasmado, no es vinculatorio. Para mí es un paso que el ciudadano esté participando, que esté de cerca, pero tenemos que empujar los candados que hasta el momento existen”, enfatizó la testigo social León Fontes.

Artículo publicado el 1 de julio de 2018 en la edición 805 del semanario Ríodoce.