Tras 14 meses de litigio en la sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el gobierno municipal actual de El Fuerte perdió un juicio administrativo promovido por un ciudadano que acreditó haber sufrido la vulneración de sus derechos políticos en la elección de síndico reciente.

En la resolución del expediente 769/2017-I dictada el 18 de junio del 2018 por José Clemente Torres Germán, magistrado instructor, se ordena a la comuna priista otorgar el nombramiento de síndico a Benito Humberto Quintero Vega y suspender a Brígido Ramírez Montiel, cuya designación fue ilegal porque antes le fue cancelado el registro por mayoría de la Comisión de Gobernación, autoridad que organizó, realizó y sancionó la consulta popular en tiempos de la alcaldesa Nubia Citlali Ramos Carbajal, que busca la reelección, y de Cintia Maribel Vega Quintero, regidora que hoy busca ser electa diputada local.

El daño al erario municipal provocado por la ex alcaldesa Ramos Salazar y de la ex regidora Vega Quintero, fue calculado en 400 mil pesos como quebranto en contra de Quintero Vega, que ahora inicia un nuevo juicio para el pago de costas y costos que realizó durante los 14 meses de litigio.

“No es por el dinero que demandaré a la comuna ni por ego, sino por justicia, pues ninguna gobernante mujer u hombre puede pisotear los derechos ciudadanos de sus gobernador y salir impune. Nadie, por hecho propio emanado de una representación popular puede torcer la ley a capricho, sólo porque sienta que puede hacerlo sin sufrir consecuencia. Si un día soy síndico, me doy por pagado porque habré vencido a un gobierno corrupto y corruptor”, dijo Quintero Vega.

De acuerdo con la sentencia, el magistrado validó la queja de Quintero Vega contra la alcaldesa de turno Ramos Carbajal, el síndico procurador Leonel Vega, el cabildo y el jurídico de la comuna, porque estos no defendieron la causa y se declararon en rebeldía, pese a que fueron llamados a juicio.

El conflicto legal entre el ciudadano y la comuna fuertense inició el 19 de abril del 2017, cuando Quintero Vega pidió la nulidad del acta número seis del 30 de marzo del 2017, en la que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Citlali Maribel Vega Quintero, valida unilateralmente la elección como síndico de Brígido Ramírez Montiel, y el acta de cabildo extraordinaria del 31 de marzo en la que 10 regidores priistas y afines manipulados por Rodolfo Ernesto Cota Cota mayoritean la votación y otorgan el nombramiento como síndico de Mochicahui, reconociéndole mil 572 votos.

El magistrado admite la demanda el 25 de mayo del 2017 y llama a juicio a la comuna fortense, que no asiste.

El 22 de marzo del 2018 se cierra la instrucción y el 18 de junio del 2018 se dicta la sentencia que puede ser revisada.

Quintero Vega se inconformó en contra de la comuna porque el registro de su rival fue cancelado el 24 de marzo del 2017 por cuatro de cinco miembros de la comisión de gobernación: Jesús Alfredo Ayala López (secretario), José María Flores Soto, Eligio Zavala Román y Teresa de Jesús Mendívil Valdez (vocales), por lo que no debía contender.

Los concejales resolvieron la cancelación del registro de Ramírez Montiel porque comprobaron que funcionarios de la comuna intervinieron en su favor cooptando votos con promesas de otorgar pisos firme, techos, despensas y otros apoyos, lo que esta á prohibido por el reglamento interior del Ayuntamiento de El Fuerte, aprobado en la administración del alcalde Julián Vega.
Mendívil Valdez explicó que Nubia Ramos y Maribel Vega apoyaron a Brígido porque es un operador político de ambas.

Con los antecedentes en su despacho, el magistrado comprobó que ambas mujeres, la comuna y el cabildo violaron el plebiscito al no dar valor legal a las actas de la comisión de gobernación, toda vez que es la autoridad competente para dictaminar la consulta popular.

Los regidores, Jesús Alfredo Ayala López, José María Flores Soto y Teresa de Jesús Mendívil Valdez, coincidieron que la administración de Nubia Ramos ha sido ruin para la gobernabilidad del municipio, pues pretende pasar sobre la legalidad y las instituciones.

“Este es un uno de los primeros juicios que pierde, con quebranto al municipio. Buscaremos que sus errores de administración se paguen de sus bolsillos”, dijo Flores Soto.

Artículo publicado el 1 de julio de 2018 en la edición 805 del semanario Ríodoce.