El activista por la transparencia José Roberto Saucedo Pimentel fue notificado de tres demandas más por supuesto daño moral, presentadas ahora por los hijos de la regidora del PRD en el Ayuntamiento de Guanajuato, Silvia Rocha Miranda y del empresario Jorge Antonio Rodríguez Medrano, propietario del canal TV8 que se transmite por el servicio de televisión por cable de Telecom.
Con estas tres demandas, suman cinco acciones legales contra Saucedo Pimentel, todas ellas provenientes de la misma familia y en las que lo señalan por publicaciones en Facebook.
Las publicaciones retoman varias notas periodísticas basadas en información pública obtenida por el activista vía transparencia de contratos de publicidad otorgados por el gobierno municipal y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag) a Rodríguez Medrano, pero también (al mismo tiempo) a uno de sus hijos y su nuera, esposa de un funcionario del propio Simapag.
Además, en respuesta a solicitudes de información al propio gobierno municipal que preside el alcalde priista Edgar Castro Cerrillo, se conoció que la empresa Telecom Nacional, que en la capital transmite los canales de Rodríguez Medrano, debe al municipio 87 millones de pesos -cifra estimada por la propia autoridad- por uso de la vía pública para el cableado y fibra óptica de este servicio por el que pagan miles de suscriptores.
El Municipio clausuró la conexión de Telecom durante una semana, pero esta acción dio entrada a un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa solicitado por Telecom para dirimir el tema del adeudo.
Al respecto, la organización Artículo 19 ratificó la exigencia y exhorto a las personas involucradas a desistirse de las acciones legales iniciadas contra Saucedo Pimentel, “pues expresiones como las hechas por el activista son de vital importancia en una sociedad democrática que busca difundir el actuar de las y los funcionarios y sus familias, quienes se exponen a un mayor escrutinio público por parte la ciudadanía por la naturaleza de sus funciones”.
La organización también reiteró su llamado al Poder Judicial del estado de Guanajuato “a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión con sentencias que sean absolutorias para el demandado y que sienten un precedente respecto al actuar de las y los jueces del estado, tratándose de casos en los que se busque coartar este derecho humano”.
Sobre estas demandas se pronunciaron también Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC); la Red Nacional de Periodistas y la Red internacional de periodistas con visión de género, que en un documento expresaron preocupación por estos actos contra Saucedo y las amenazas a periodistas por parte del empresario televisivo a raíz de las publicaciones en medios.
“Los actos de difamación, se dan en un panorama en donde el incremento de atentados contra la prensa, se han manifestado a través de campañas de desprestigio, actos de intimidación, amenazas, acoso judicial, abuso de poder institucional, y cuyo fin es censurar y obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión. Tan sólo durante el año 2017, CIMAC registró seis incidentes en el estado de Guanajuato”.
Por ello, demandaron a la regidora Rocha Miranda y Jorge Antonio Rodríguez Medrano cesen los actos de difamación y retire las acciones legales emprendidas contra José Roberto Saucedo Pimentel y cualquier persona comunicadora.
“Exigimos que Silvia Rocha Miranda en función de Regidora actúe en apego al marco de los derechos humanos y garantice la libertad de prensa y el derecho a informar”.
También solicitaron la intervención de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato a que “emprenda las acciones necesarias para garantizar el debido proceso de las acciones judiciales emprendidas contra José Roberto Saucedo Pimentel y llame a abstenerse de presentar nuevas demandas en contra de periodistas o colaboradores de medios de comunicación”.
