El Gobierno del Estado solo localizó a 358 de los mil 465 desplazados por la violencia de Sinaloa municipio durante 2012.
La Secretaría General de Gobierno realizó un censo por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Gobierno estatal busca atenderlos después de seis años de haber sido desplazados de sus comunidades.

En la recomendación, la CNDH también pidió censar a los desplazados de Choix, pero por la negativa del alcalde Lindolfo Reyes Gutiérrez de reconocer el desplazamiento forzado interno en su municipio, el registro no se ha podido realizar.

De acuerdo con la CNDH en ambos municipios la violencia obligó a 2 mil 38 personas a abandonar sus hogares.

En total el censo arrojó a 667 víctimas de desplazamiento que todavía no han regresado a sus comunidades, de las cuales 309 son de diversos municipios del norte del estado y el resto, de Sinaloa municipio.

Según el censo, 463 personas dejaron sus pueblos por la violencia que se vivía, 134 porque fueron amenazados, 47 porque les asesinaron a un familiar, 29 fueron víctimas de una agresión, seis sufrieron algún daño y del resto se desconoce el motivo.

Entre los desplazados hay 71 niños menores de 11 años y 51 de entre 12 y 17 años.

De acuerdo con las entrevistas, el 55 por ciento de los desplazados manifestó tener necesidad de vivienda, el 30 por ciento de servicios educativos, el 25 por ciento de alimentación y el 20 por ciento de servicios médicos.

Desde hace seis años esas personas viven en otros municipios sin poder regresar a sus pueblos, debido a que no les han garantizado las condiciones de seguridad.

El director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Gaxiola Urtusuástegui, dijo que el censo de Choix todavía no se realiza.

“Lo estamos dejando al último porque como ustedes ya tienen conocimiento, el alcalde negó el desplazamiento, lo llamó el Senado y volvió a ratificar la negativa, entonces estamos viendo cómo ir al municipio para generar las condiciones para hacer un censo.

“En los otros municipios nos hemos apoyado con los municipios para hacer el censo, ellos nos facilitan, acá en Choix vamos a ver cómo abordamos esta parte”, indicó.

Comentó que con el censo conocerán las necesidades de los desplazados para que la dependencia del gobierno estatal que corresponda los atienda.

Aseguró que esta es la primera vez que se realiza un censo de desplazados.

El conteo se realizó seis años después de que esas personas tuvieron que abandonar sus lugares de origen y fue por recomendación de la CNDH.

En la recomendación emitida el año pasado, el organismo acusa el abandono en el que el gobierno de Sinaloa y los municipales tenían a los desplazados.

“La mayoría de estas personas sí desea regresar a sus comunidades y nosotros como autoridad tenemos que garantizar esa parte de que ellos no vuelvan si no están las condiciones de seguridad, si hay las condiciones la mayoría sí quiere volver, pero muchas de esas personas que salieron perdieron casas”, manifestó.

Los desplazados que han sido localizados, aseguró, están recibiendo despensas y los han vinculado con apoyos productivos.

La mayoría de los desplazados de Sinaloa municipio son de las comunidades de Ocorahui, Sierrita de Germán, El Bejuco, San José de los Hornos y Los Laureles.

De las víctimas localizadas para el censo, 108 están en Salvador Alvarado, 95 en Culiacán, 51 en Guasave y el resto en Angostura, Ahome, Badiraguato y Mocorito.

En Choix, la CNDH documentó que en 2012 hubo 563 desplazados y 29 poblados quedaron deshabitados.

En los límites del municipio con el estado de Chihuahua, los pobladores fueron obligados a salir de sus comunidades debido a que se desató una ola de asesinatos y tiroteos entre grupos rivales y entre delincuentes y autoridades.

Luego de recibir la recomendación de la CNDH, el alcalde de Choix Lindolfo Reyes Gutiérrez negó que en el municipio hubiera desplazados por la violencia.

“Vecinos de las comunidades ya no moraban en la comunidad, esto a consecuencia de motivos personales pero en ninguna circunstancia por causas de actos de violencia o inseguridad en esos lugares”, contestó a la CNDH.

Por la negativa, el Senado de la República llamó al Presidente Municipal a comparecer el 12 de abril pasado y reiteró su negativa a conocer que hubo desplazamientos por la violencia en su municipio.

“No es justo, que aquí en México y en otros lados se nos siga catalogando como que somos municipios violentos. No es posible, nomás por puras cosas, eso no se vale, por eso yo negué rotundamente y se lo puse aquí, en el oficio que le mandé que negaba, rechazaba esa observación que me estaban haciendo.

“¿Y cómo querían que hiciera?, que aceptara la recomendación que me estaban haciendo, estaría aceptando que mi municipio tiene problemas y para eso se me hace que hay información que pueden checar, el estado de tranquilidad y seguridad que tiene cada municipio en todo el estado de Sinaloa”, dijo ante los senadores.

Artículo publicado el 20 de mayo de 2018 en la edición 799 del semanario Ríodoce.