Javier “N” y Tila Patricia “N”, juez del Poder Judicial de Quintana Roo y agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado, respectivamente, fueron detenidos por su presunto involucramiento en el delito contra la administración de la justicia en perjuicio del periodista Pedro Celestino Canché Herrera.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) precisó que los hechos que dieron origen a la integración de una indagatoria en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se presentaron cuando el periodista tomaba fotografías, grababa video y recababa información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad, informó la agencia Apro.

Derivado de lo anterior, el comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica sobre la atención a la población maya por parte de las autoridades estatales y municipales. Posteriormente fue detenido, acusado de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general, y encarcelado por nueve meses aproximadamente.

De acuerdo con la investigación, Tila Patricia “N”, en su calidad de agente del Ministerio Público de lo que fue la PGJ, inició una indagatoria sin contar con evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, y consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra como represalia por su actividad periodística.

Por otra parte, la FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier “N”, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje, el auto de formal prisión en su perjuicio y con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.

Los probables responsables, a quienes se les imputa la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 225, fracción VIII (hipótesis de al que entorpezca maliciosamente la administración de justicia) del Código Penal Federal, quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere y fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo