Lo que estamos publicando los medios locales y nacionales constituye un auténtico estercolero. Si se juntaran las notas relacionadas con la corrupción en papel periódico y de revistas, de los últimos tres meses, podrían hacerse montañas. ¿Qué pasa en este país que todos los días surge información sobre nuevos casos de corrupción, agregando personajes, dependencias, estados y municipios? ¿Cuándo se pondrá fin a esta infamia cometida con recursos públicos cuando millones de familias se debaten en la pobreza y los servicios que deben ofrecer los gobiernos siguen siendo tan precarios? ¿Quién o quiénes lo harán con una auténtica intención de darle vuelta total a esta página que debiera avergonzarnos?
A nivel federal se han creado instancias y mecanismos, leyes y códigos para transparentar la vida pública y perseguir los actos de corrupción de los gobernantes, pero nada de esto ha inhibido la comisión de delitos desde el poder relacionados con los recursos del erario. Y también en los estados y municipios con idénticos resultados. Se ponen filtros, se inventan mecanismos de control y auditoría, pero siempre los funcionarios encuentran la manera de burlarlos haciendo que el dinero público caiga en sus cuentas personales, generando este sistema hornadas interminables de nuevos ricos o haciendo crecer las fortunas de quienes ya lo son.
Nada ha servido hasta ahora para evitar el saqueo. Ni el hecho de que una decena de ex gobernadores estés siendo perseguidos y juzgados por desviar recursos públicos; o que el mismísimo presidente de la república y sus esposa hayan sido involucrados en transacciones millonarias a través de contratos leoninos.
Hace tres o cuatro décadas, la corrupción era un asunto concentrado en la clase política priista porque eran los dueños absolutos de los gobiernos; pero llegó la alternancia y con ella los males inherentes al poder, sobre todo la ambición y el desprecio por los gobernados. Tanto, que hasta los recursos destinados a la atención de desastres —con todas las tragedias que estos conllevan—son criminalmente desviados.
Sinaloa no ha escapado a esta peste; sexenio tras sexenio, los gobiernos, unos más y otros menos, han estado marcados por la corrupción, sobre todo de Leopoldo Sánchez Celis a la fecha, con el agravante de que acá, en la mayoría de los casos —no en todos, hay que reconocerlo— la corrupción ha ido ligada con el amasiato entre el gobierno y los narcotraficantes. Señalamientos de esto último han tenido el propio Sánchez Celis, Antonio Toledo Corro, Juan Millán Lizárraga y el gobernador del “cambio”, Mario López Valdez.
Durante su campaña, Quirino Ordaz Coppel hilvanó un discurso que tuvo en el centro el tema de la corrupción, pero, como siempre ocurre en estos procesos, fue solo parte de su retórica de campaña. En realidad no ha hecho casi nada por combatirla; llegó políticamente atado de manos para sacar cuentas a los que se fueron y lo poco que han hecho la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Sinaloa, ha sido más bien por la presión pública, no por voluntad propia ni por obligación constitucional.
Ahora mismo se debate sobre las condiciones en que nace la Fiscalía Anticorrupción, pues no le fueron asignados recursos para trabajar. Así es: la fiscal, Reyna Guadalupe Angulo, no tiene presupuesto; el fiscal general, Juan José Ríos Estavillo solicitó 70 millones de pesos para la oficina anticorrupción en 2018, pero no le fue asignado un solo peso. Este es un problema que se ha estado presentando en casi todas las entidades; que crean la dependencia pero no le dan condiciones para operar.
A nivel federal y en la mayoría de las entidades, los sistemas anticorrupción tienen un retraso que solo puede explicarse por la falta de voluntad de los responsables de sacar adelante las reformas y los instrumentos, que son los legisladores. Porque ni de un color ni de otro han mostrado voluntad y ese es uno de los problemas que trajo la alternancia, contrario a lo que se hubiera deseado y pensado: que ahora todos se tapan con la misma cobija, en un esquema en que “tú me cubres aquí y yo te cubro allá”.
Bola y cadena
LA FALTA DE PRESUPUESTO ES UN TEMA, EL OTRO ES EL PERFIL de la Fiscal. No se requería solo a alguien transparente y de probada honradez; también es muy importante que quien esté ahí ejerza una verdadera independencia del Poder Ejecutivo y valor para enfrentar las consecuencias. Ella ha dicho que no se detendrá, que cumplirá su responsabilidad y ojalá lo haga, pero las acechanzas serán muchas. Al finalizar el sexenio de Juan Millán Lizárraga documentamos en Ríodoce hechos cuya memoria debemos preservar. La entonces Contralora Interna de la desaparecida procuraduría de justicia, María Esther Bazua, salió huyendo del estado luego de que abrió una investigación contra el entonces jefe de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, al que le habíamos documentado propiedades millonarias que no encajaban con su nivel de ingresos. Semanas después de esto mataron a su pareja, que también laboraba en la procuraduría y ella lo tomó como una advertencia y se fue. Triste pero ocurrió.
Sentido contrario
OJALÁ QUE NO OCURRAN HECHOS ASÍ, pero en todo caso había para el cargo elementos de probado valor como Óscar Fidel González Mendívil, que, siendo titular de la procuraduría en ese tiempo, se enfrentó a Chuytoño y, aunque el gobernador Juan Millán pidió hacer solo una investigación de mero trámite, él decidió que iría al fondo.
Humo negro
UNA TARDE CAYETANO OSUNA Y YO visitamos a Francisco Pérez Rubio, el Pito Pérez en su casa y mientras lo esperábamos en una sala vimos una piel de leopardo como tapete. Con ganas de provocarlo, le dije a bocajarro “ahora resulta, Pito, que eres un depredador de la naturaleza”. “¡Y ustedes, cabrones, son depredadores de la verdad y nadie les dice nada!”, nos enfrentó. Murió el sábado 17 siendo lo que siempre fue y como él mismo se firmaba: “Ecoanartista”. Descanse en paz.
Columna publicada el 25 de febrero de 2018 en la edición 787 del semanario Ríodoce.
